Continúan las violaciones de los Derechos Humanos y  la persecucion politica en Honduras

1. Canal 36 continúa siendo objeto de interferencias ilegítimas a su señal satelital y local. Normalmente esto ocurre durante los horarios de trasmisión del noticiero. Aunque se han hecho incesantes llamados a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que se investigue esta irregularidad, ninguno de estos órganos estatales ha sido capaz de garantizar el adecuado funcionamiento del medio de comunicación mediante la identificación y sanción de los responsables. El cierre de este medio de comunicación es inminente debido a las grandes pérdidas económicas que está sufriendo.

2. El 6 de enero, aproximadamente a la 1:00 a.m., varios policías miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), allanaron ilegalmente varias viviendas en las Colonias El Carrizal y la Mery Flores en Tegucigalpa en búsqueda de la señora Ada Martínez, quien es miembra activa de la Resistencia contra el golpe de Estado. Al no encontrarla, procedieron a detener arbitrariamente a las señoras Vilma Martínez y Sonia Castillo. Durante dos días la policía mantuvo a estas dos señoras en celdas policiales, en donde, según señalan, se les sometió a intensos interrogatorios sobre su participación política en el Frente Nacional de Resistencia. Una de ellas fue inclusive trasladada a celdas policiales de la ciudad de Choluteca, a 3 horas del lugar de su captura.

3. El 5 de diciembre, al ser las 10 :00 p.m, fue secuestrado el defensor de derechos humanos Walter Trochez, miembro de la Asociación de Lesbianas Gay, Transexual y Bisexuales, colaborador activo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) y de la Resistencia contra el Golpe de Estado. El joven Trochez fue salvajemente golpeado por sus captores y afortunadamente logró escapar después de varias horas de cautiverio. Durante su captura, los atacantes le reclamaban su participación en el Frente de Resistencia y le hicieron varias preguntas sobre otros líderes de dicho movimiento.

4. Ese mismo 5 de diciembre, a eso de las 10 :00 a.m, dos sujetos desconocidos ingresaron en forma violenta a las oficinas de edición del Periódico El Libertador y amenazaron a varias trabajadoras que se encontraban en el lugar. Estas personas sustrajeron solamente una computadora y una cámara fotográfica. Este periódico es uno de los medios de comunicación crítico del régimen de facto. Su director, Johny Lagos, ha sido objeto de amenazas e inclusive es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente se mudaron de oficina precisamente por razones de seguridad. El señor Lagos denunció que, aún en las nuevas instalaciones, desde hace varias noches venían siendo objeto de vigilancia por personas desconocidas que transitaban en vehículos sin placas.

Estos hechos se dan en un contexto post-electoral, en el cual la fuerte presencia militar en el país continúa y las acciones de persecución contra los miembros de la oposición al actual gobierno de facto, siguen ocurriendo.

Lamentablemente todas estas violaciones a los derechos humanos se acompañan de una falta de protección efectiva por parte del Poder Judicial, órgano que ha demostrado su connivencia con las autoridades de facto y su negligencia para responder adecuadamente ante las múltiples denuncias que recibe.

El OISDHHN hace un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos y demande el establecimiento de una Comisión de la Verdad en Honduras que documente todos los hechos que rodearon el golpe de Estado, así como los crímenes cometidos que están siendo perpetrados.

El OISDHHN solicita a la Unión Europea mantener la suspensión de los 44 millones de Euros previstos para apoyo a la Policía Nacional hondureña, mientras este órgano no sea objeto de depuración y restructuración.

El Observatorio reitera su llamado a la Corte Penal Internacional para que desarrolle la acción preventiva que debe cumplir con una acción decidida y oportuna de la Fiscalía que haga conocer públicamente que está monitoreando la situación en Honduras y que está dando seguimiento a las comunicaciones que le han sido presentadas.

El Observatorio hace un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Honduras, para que investigue de oficio y manera pronta estos hechos, tomando en cuenta el modus operandi de los mismos. Asimismo, para que en el ejercicio de sus potestades realice todas las acciones legales que sean necesarias para sancionar a los agentes estatales que están obstaculizando las investigaciones así como para advertir públicamente a las fuerzas de seguridad del Estado que deben cesar todo tipo de persecución política expresada en actos de hostigamiento, intimidación, amenazas, violencia física y muerte contra las personas que ejercen su derecho a la libre expresión y movilización.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Federación de ONGs Derechos Humanos de España

Asociación Pro Derechos Humanos de España

Centro tricontinental de Lovaina la Nueva Belgica.

Suedwind – Austria

IBIS – Dinamarca

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial – Bélgica

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia.

SUEDWIND-Austria

MARCHAS EUROPEAS CONTRA EL DESEMPLEO, PRECARIEDAD y EXCLUSION SOCIAL.

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