DEMANDAS DEL PRIMER ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, MAGISTERIALES, COMUNITARIAS Y POPULARES

La aplicación del modelo neoliberal en Honduras ha provocado el empobrecimiento generalizado de la 3oblación al lado del enriquecimiento escandaloso de unas pocas familias. El clamor de miles de demandas populares se hace sentir desde todas las regiones del país. Desde los reclamos nacionales hasta los más sencillos, todos están postergados.
El movimiento popular, a través de sus diversas organizaciones y comunidades ha venido planteando exigencias a los gobiernos de la república, destacando los pliegos unitarios del 26 de agosto de 2003, el emplazamiento al gobierno de 2004, la lucha contra la firma del TLC y las demandas de agosto de 2007, sin que los gobiernos de turno hayan resuelto satisfactoriamente las necesidades del pueblo hondureño.
Por tal motivo el I Encuentro de organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, comunitarias y populares, representativas del movimiento popular organizado de Honduras, reunidos en San Pedro Sula el 1 de febrero de 2008 acuerda impulsar un Plan de lucha unitario y un Paro Cívico Nacional para exigir al gobierno las siguientes demandas:
La derogación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento,
aprobada contra la voluntad popular y la puesta en marcha de un proceso de consulta con los sectores sociales, comunitarios y populares del país para formular una nueva Ley General de Aguas en la que se inserte la regulación de la administración del agua potable, a partir de la propuesta presentada por las organizaciones populares al Congreso Nacional el 1 de julio de 2003. Dejar inmediatamente sin efecto el concesionamiento de los ríos, quebradas y fuentes de agua.
Un estricto control de precios que detenga las alzas al costo de la vida, no al aumento de los servicios públicos, por un incremento general de salarios, la derogación del salario diferenciado, así como los decretos legislativos 219 y 220 de diciembre de 2003 que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva. Exigimos el respeto a la libre sindicalización, en particular en los pequeños parques industriales, el respeto a la estabilidad laboral y al salario digno. Cumplimiento de los compromisos contraídos. Demandamos la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que rompa con el control por parte de los monopolios extranjeros y consolide el control estatal sobre las políticas de telecomunicación. Aprobar y aplicar la Ley de Protección al Consumidor.
Detener de forma inmediata los desalojos de grupos campesinos y demandar la libertad de los campe¬sinos presos en la lucha por la tierra. Derogar la Ley de Modernización Agrícola y una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las organizaciones campesinas en relación directa con la aplicación de una Reforma Agraria; así como el esclarecimiento y enjuiciamiento de los asesinos materiales del dirigente campesino Edickson Lemus, asesinado el 24 de mayo de 2005 y otros luchadores populares que continúan en la impunidad.
Derogación de contrarreforma electoral en su totalidad y aprobación de una nueva Ley Electoral que garantice plenamente la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas, incluyendo el pleno derecho de organización política para toda la población, así como las candidaturas independientes sin mayores restricciones.
Educación gratuita en todos los niveles educativos sin
exámenes de admisión de ningún tipo, ni mecanismos selectivos excluyen-tes en las materias y la abolición de los reglamentos internos intimidatorios y autoritarios y respeto al bono estudiantil, extendiendo su beneficio a todos los estudiantes. Oficialización de las escuelas Proheco e implementación de un método educativo acorde a la realidad de Honduras. No a la privatización de la educación. Cese de la represión contra el movimiento estudiantil en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. No a la corrupción en la Unah y la UPN. Salud pública con medicinas y atención oportuna en le sistema hospitalario central y el Instituto Hondureño del Seguridad Social, Ihss, que efectivamente beneficie a los derechohabientes. No a la municipalización, ni privatización de los servicios de salud pública.
Nacionalización de la importación de combustibles; fortalecimiento de las empresas estatales como la Enee, Sanaa, Hondutel, Honducor; derogación de los contratos de Semeh y las plantas térmicas. Aprobación del contrato de Petrocaribe y que los beneficios logrados sean canalizados a eliminar el ajuste por combustibles, impulsar un programa de electrificación rural y otros beneficios populares y no a los empresarios de las térmicas. No a la privatización del Registro Nacional de las Personas, RNP.
Drástica reducción del costo de las remesas que se embolsan las agencias privadas y definir una política pública permanente que legisle y proteja a los migrantes y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad en tanto actores fundamentales en la vida económica y social del país.
Derogación de la actual Ley de Minería y de las concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades; suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no se defina una propuesta de energía renovable y represas que se sostengan sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado y de las comunidades sobre los recursos naturales y el territorio nacional. Cumplimiento del dictamen 260-2006 en relación a Gases del Caribe.
Pleno cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en relación a la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas y negros, así como la devolución de las tierras de los campesinos de Zacate Grande, no a las leyes que disminuyen los derechos de los pueblos originarios.

Inmediata depuración de la Policía, aplicación de justicia a los altos funcionarios y exfuncionarios públicos y ejecutivos de la empresa privada responsables de malversación de fondos públicos; la derogación de la reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como Ley Antimaras, y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres en la granja penal El Porvenir de La Ceiba y el Centro Penal de San Pedro Sula, en abril de 2003 y mayo de 2004, respectivamente, así como los asesinatos en serie denunciados por los organismos de derechos humanos, de manera especial los asesinatos de mujeres Los temas que toquen los intereses nacionales no podrán ser decididos sin consulta por parte del gobierno, se debe tomar en cuenta al pueblo en general y al movimiento popular. Se debe hacer efectivos los mecanismos de consulta popular como el referéndum y la Consulta Pública.
Las demandas anteriores constituyen los problemas más sentidos y generalizados por la población hondureña, razón por la cual las organizaciones participantes en el I Encuentro exigen al gobierno de Mel Zelaya una repuesta satisfactoria a las mismas, así como a las reivindicaciones particulares que cada organización o región exige.
Al pueblo hondureno, el I Encuentro hace un llamado a organizarse, unificar esfuerzos y sumarse al presente acuerdo mediante la movilización para detener la política neoliberal impulsada por el gobierno y dictada por los organismos financieros internacionales que son los responsables de la falta de respuesta necesaria y de respuestas populares

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