Desidia gubernamental estaría causando hasta la muerte de pacientes

Los recortes presupuestarios están poniendo en jaque al sistema sanitario de nacional. La precariedad en los centros asistenciales pone en riesgo la vida de los pacientes que a diario demandan los servicios de salud. Revistazo ha visitado hospitales públicos en el sur, norte y oriente del país y ha podido comprobar el estado de abandono en el que se encuentran.

Desabastecimiento de medicinas y de material quirúrgico, inseguridad y falta de higiene que denotan que la indolencia gubernamental está impidiendo a la población el acceso a una atención médica de calidad.

La doctora Miriam Ocles forma parte del departamento de epidemiología del hospital Gabriela Alvarado, de Danlí, departamento de El Paraíso, un centro que atiende a pacientes que llegan desde distintos municipios de la zona oriental. Nos explica que el hospital no cuenta con medicinas, materiales de cirugía y de limpieza, hilos, guantes, ropa de cama y combustible para las ambulancias.

El centro asistencial tampoco mantiene en su haber los reactivos necesarios para los exámenes que requieren los pacientes, situación que se agrava cuando la falta de un sistema de climatización provoca pérdida de medicamentos. Cajas enteras de penicristalina, acetaminofén, setexona, gentamicina y amikacina, han sido afectadas por el calor. “La farmacia y el almacén son un horno y todos los medicamentos se están dañando, los botes se revientan”, dijo la doctora Melissa Chacón, encargada de la farmacia del hospital, quien explicó que las medicinas cambian de color y presentan sedimentación anormal, situación que ha obligado a las autoridades a desechar buena cantidad de productos.

El almacén está ubicado en un reducido espacio y con un ambiente infernal carece de las condiciones mínimas para el almacenaje de las medicinas. Allí, lotes completos de medicamento permanecen estibados en el suelo y sin ninguna protección. La falta de condiciones ambientales también provoca descomposición de los fármacos.

Para la doctora Rubí Pérez, del departamento de epidemiología la sala de ginecología, una de las principales áreas del centro asistencial se encuentra colapsada. La carencia de material quirúrgico obliga a las pacientes a incurrir en gastos que no deberían. Cada parto requiere la utilización de 8 pares de guantes y de 3 catéteres, según informó Lesly Moreno, enfermera profesional en servicio social. A este hospital diariamente llega a parir un promedio de 25 mujeres.

El personal tampoco es suficiente para la demanda de salud que debe enfrentar el hospital, situación que ha ocasionado hasta la muerte de pacientes. El gestor de calidad, doctor Ramón Pérez, nos explica que en abril de 2013 falleció Suyapa Aguilar, una mujer que llegó a parir y que por falta de atención especializada murió a causa de hemorragia post parto. El doctor explicó que la única ginecóloga que se encontraba en el hospital estaba en el quirófano haciendo una operación que no podía descuidar. La intervención duró aproximadamente una hora y media y cuando salió, Suyapa había fallecido.

Nadie en el hospital se atreve a dar explicaciones de la verdadera causa de la muerte de Suyapa. El expediente se limita a informar sobre la hemorragia, los medicamentos aplicados y un legrado que le practicó el personal médico. Empleados del centro asistencial aseguran que los parientes de Suyapa se opusieron a que el Ministerio Público hiciera la correspondiente autopsia y que por tal razón no se pudo determinar la verdadera causa de su fallecimiento.

Hospital del Suri Karina Cantarero Reyesl Hospital Regional del Sur, ubicado en Choluteca, también se enfrenta a dificultades en su capacidad de atención por falta de presupuesto. Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDYS), Nelson Cruz, la situación es preocupante porque los pacientes que en su mayoría provienen de familias pobres, regresan a sus casas con una receta, pero sin medicinas. Mantiene, además, que en el centro asistencial no hay reactivos, placas de rayos x, insumos, material quirúrgico ni combustible para las ambulancias. Los pacientes que por alguna razón requieren ser trasladados a Tegucigalpa se ven obligados a cancelar facturas de 1,100 y 1,400 lempiras de gasolina cuando anteriormente solo pagaban 300 lempiras. “Hay pacientes que llegan con solo el pasaje y se enferman más cuando les dicen que deben pagar esas cantidades” afirmó Cruz.

Para el doctor José Adolfo Ortega, director del centro hospitalario, esta crítica situación se debe al recorte en el presupuesto que actualmente asciende a 170 millones de lempiras. Aunque la demanda de atenciones ha crecido en los últimos años, le personal se ha reducido sustancialmente. Un total de 66 plazas de enfermeras auxiliares cesanteadas fueron congeladas por las autoridades. Actualmente 200 empleados permanentes y una cantidad similar por contrato se vuelven insuficientes para atender a la población que llegan de los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso. Salas como la de patología donde mensualmente llegan 1405 pacientes solo cuentan con dos enfermeras auxiliares, informó Sayda Ordoñez, jefa de enfermería.

A la falta de personal médico y de enfermería también se aúnan las dificultades que se derivan de la privatización de los servicios de limpieza. Hace varios años que la Secretaría de Salud canceló al personal de aseo con que contaba y contrató a la compañía de limpieza (Codelex) para la higiene del hospital. La Dirigencia del SITRAMEDYS y el director del centro hospitalario aseguran que esta compañía no cumple con los preceptos del contrato. Al inicio la compañía asignó a 40 hombres y mujeres que se encargarían de mantener aseadas las instalaciones y del manejo de los desechos, pero en la actualidad solo mantiene entre 15 y 20 trabajadores.

Hospital de El Progreso

“El problema más serio que tenemos es la falta de material y equipo médico quirúrgico”, dijo Julio Nolasco, director del Hospital de El Progreso, ubicado en la norteña ciudad de El Progreso Yoro. Este hospital vive una tremenda crisis derivada del mal estado del equipo de rayos x, máquinas lavadoras y el aparato de ultrasonido, entre otros.
Similar a lo que ocurre en el resto de hospitales, este centro asistencial carece de ropa, guantes, suturas, sueros, gasas y demás materiales de cirugía, que deben ser comprados por los pacientes. El centro hospitalario atiende un promedio de 380 operaciones al mes de las cuales 250 corresponden a cirugías por maternidad.

La falta de higiene y de seguridad son también problemas que afectan a los pacientes y al personal que labora en el hospital. En su afán de privatizar los servicios públicos, el gobierno contrató la empresa de servicios de seguridad lempira (SERSEL) para la vigilancia y la compañía de servicios Múltiples (SERMUSA) para la limpieza, empresas que en lugar de beneficiar han causado problemas en la institución.

La violación de los derechos laborales de parte de estas empresas ha ocasionado huelgas de brazos caídos dejando descubierta la vigilancia y de limpieza del centro asistencial. Revistazo conoció que unos 40 empleados de SERMUSA llevan 10 meses sin recibir salarios. A ellos tampoco les han cancelado el bono escolar, aguinaldo y catorceavo mes.

Una fuente que por temor a represalias pidió anonimato dijo a Revistazo que SERSEL tampoco se ha quedado atrás con el retraso de salarios, situación que no solo afecta a los vigilantes sino también a los pacientes y al personal que labora en la institución. Indicó que cuando los guardias se declaran en huelga, dejan libre la entrada al hospital poniendo en riesgo la seguridad del personal. “Aquí en los pasillos han asaltado a la gente y les han robado sus celulares y el otro día hasta a un médico le quitaron una tablet que andaba en la mano”, reveló esta fuente protegida.
Las dos empresas encargadas de la limpieza y la vigilancia han notificado a sus empleados que el retardo en sus salarios se debe a la falta de pago por parte del gobierno. Sin embargo, el director del hospital desmintió esa versión asegurando que la administradora de la Secretaría de Salud, Soad Orosco, le comunicó que el Estado no tiene cuentas pendientes con ninguna de las compañías.

El hospital de El Progreso mantiene un presupuesto de 133 millones de lempiras que no alcanzan a cubrir todas sus necesidades. El 90% del dinero es ejecutado a nivel central. El resto es utilizado en la administración para la compra de alimentos, insumos de limpieza y para gastos de mantenimiento.

German H. Reyes R.
Periodista Revistazo

23/07/2013

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