Los cinco derechos constitucionales que quedan anulados son tan importantes como el de libertad personal, libre emisión de pensamiento (libertad de expresión), libertad de asociación y de unión, libre circulación y los derechos de los detenidos.
Tan drástico recorte de libertades fue aprobado por un consejo de ministros celebrado el martes 22 (sólo un día después del regreso de Manuel Zelaya a Honduras) y publicado en La Gaceta (el boletín oficial del Estado) el sábado 26. Lo más curioso del caso es que el gobierno golpista mantuvo la medida en secreto hasta la tarde del domingo, y sólo se la trasladó a la población después de que los citados medios críticos y la prensa internacional informaran sobre el asunto. Tan es así, que durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Presidencial en la tarde del domingo, una periodista extranjera le preguntó al canciller del gobierno de Micheletti, Carlos López Contreras, si era cierto el rumor que ya corría por Tegucigalpa. La respuesta del ministro fue: “No tengo conocimiento, pregúntenle al secretario (ministro) de Gobernación (Interior)”. Cuando este periódico se pudo hacer con una copia de La Gaceta, allí estaba, en tercer lugar, la firma del canciller golpista López Contreras…
El decreto ejecutivo PCM016-2009 ocupa sólo dos folios, pero son dos folios que dan miedo. Porque a fin de cuentas lo que vienen a señalar es que la libertad de los ciudadanos queda a partir de ahora, y por un periodo de 45 días, a discreción de militares y policías, a los que Micheletti da carta blanca. Se podrá detener, dice el texto del decreto, “a toda persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares de causar daños a las personas o a sus bienes…” Según el artículo 187 de la Constitución de Honduras, el Gobierno tiene la potestad de suspender los derechos citados en los casos de “invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calidad general”. El artículo siguiente, el 188, deja muy claro que en el territorio en que fuesen suspendidas las garantías anteriores, “se regirá por la Ley de Estado de Sitio”.
Desde su refugio en la Embajada de Brasil, el presidente Manuel Zelaya denunció que el decreto “es una barbaridad que indigna” y volvió a llamar a la resistencia pacífica a sus leales, que visto cómo se van desarrollando los acontecimientos, cada vez lo tendrán más difícil. Por si fuera poco, el Gobierno de Micheletti se mantuvo en sus trece de establecer un ultimátum de 10 días al gobierno de Brasil para que defina la situación de Zelaya y, lejos de amilanarse ante la presión internacional, tomó otra medida de fuerza: impedir que una delegación de la OEA que llegó a mediodía del domingo al aeropuerto de Toncontín pudiera entrar en territorio hondureño. Los delegados fueron puestos de patita en un avión de vuelta. El incidente diplomático coincidió en el tiempo con la llegada al mismo aeropuerto de una hija de Micheletti, a la que el gobierno de EE UU acaba de deportar en represalia por la fechoría cometida por su padre.
Un apunte más: los 45 días de estado de sitio coinciden con la campaña electoral en Honduras. Va a resultar muy difícil que la comunidad internacional otorgue el visto bueno a unas elecciones celebradas con la libertad amputada y con Roberto Micheletti sentado en la Casa Presidencial.
Fuente: Gabriela Leiva Urbina
Licenciada en Comunicación
Film Editor
Comun-Noticias
27 de Septiembre de 2009