Sin palparse resultados en la lucha contra la corrupción; amplia discrecionalidad y dificultad en cuantificar los presupuestos de la Secretarías de Defensa y Seguridad, así como la asignación descontrolada de subsidios para el Congreso Nacional, son entre otros, los hallazgos que se encuentra al analizar los presupuestos de los años 2009-2011.
La Asociación para una Sociedad Más Justa –ASJ- Y Revistazo.com realizaron este día una conferencia intitulada “El Lado Obscuro del Presupuesto hondureño”, haciendo alusión a la forma oculta en cómo se maneja el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la nación.
El trabajo de investigación y análisis del presupuesto, estuvo a cargo de Magda Cálix, profesional del Derecho con orientación en Derecho Administrativo y quien laboró más de 25 años en la Secretaría de Finanzas, desempeñando varios cargos técnicos.
Cabe destacar que el evento contó con la ausencia de funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Fianzas, del Consejo Nacional Anticorrupción –CNA a quienes se les giró la invitación.
Discrecionalidad amplia en presupuesto de Secretaría de Defensa y de Seguridad
Las Secretarías de Defensa y de Seguridad, operan con un presupuesto en absoluta discrecionalidad que hace casi imposible cuantificarlos, debido a que los fondos que tienen asignados están dispersos y casi ocultos en diferentes partidas presupuestarias.
En forma altamente conservadora, se estima que el presupuesto para ambas instituciones supera los diez mil millones de lempiras anuales.
También se ha podido detectar que estos presupuestos se han ido incrementando en forma considerable en los últimos tres años, en montos superiores a los que tienen los poderes Legislativo y Judicial y otros entes vitales dentro del Estado, como si se estuviera en una economía de guerra. Lo contrario han experimentado los presupuestos de salud y educación los cuales han sufrido serios decrementos.
Incremento en presupuesto para compra de equipo de guerra
El año 2010 el Estado erogó unos 12 millones de lempiras que se utilizaron para la compra de un camión blindado (tanqueta de la policía); 230 millones para el fortalecimiento de la policía (no se especifica en qué áreas); 13.7 millones, para la nivelación de sueldos de los oficiales; 4.1 millones en operación policial del 22 al 28 de septiembre del 2009, que tampoco especifica qué tipo de operación.
En el incremento salarial de la policía el Estado invirtió 194.2 millones de lempiras; 10 millones fueron invertidos en el denominado Plan Asegurado del Estado de Derecho; 20 en proyectos de beneficio colectivo y 10 en la compra de equipo antimotines. Solo en los operativos Tumbador y Xatruch, implementados para desalojar a los campesinos del Aguan, se invirtieron 16.5 millones de lempiras.
De igual manera 58.8 millones fueron invertidos en aumentar la capacidad del ejército; 138.9 millones en un aumento salarial de la tropa; 1.3 en la compra de equipo antibombas; 13.5 en el financiamiento de bonos para la Secretaría de Defensa; mil millones 268. 8 para incremento salarial de todos los secretarios de Estado; 42 millones en fortalecer GHP y en proyectos no especificados 20 millones.
Control del gasto público
No menos de 9 entes estatales encargadas de realizar la labor de controlar el gasto público funcionan en Honduras y hacen que el Estado hondureño erogue más de 345 millones de lempiras anuales en la Administración Pública Centralizada, por cuanto en el Sector Público se ha estimado que se impenden cerca de mil millones anuales en fiscalizar preventiva, concurrente y posterior el gasto público.
Lo más lamentable para la población hondureña, es que el mantenimiento del “control del gasto público” genera emisión de millonarias de dinero que no son congruentes con los altos índices de corrupción que hay en el país. Se citan entre ellas, la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas, el Congreso Nacional y sus Comisiones de presupuesto I y II, el Consejo Nacional Anticorrupción –CNA, entre otras.
Fondo Social Departamental sin controles ni rendición de cuentas
Durante el año 2010, se aprobó para el Congreso Nacional una partida presupuestaria de 400 millones de lempiras, dinero que se destina a cada diputado y diputada para realizar “obras sociales”. Sin embargo, del manejo de ese dinero, el pueblo hondureño carece de información ya que las y los “padres y madres de la patria” se arrogan el derecho de no rendir cuentas de su utilización.
Para el año 2010, el presupuesto del Fondo Social Departamental tuvo una ampliación presupuestaria de 50 millones de lempiras, sin que este incremento haya sido conocido por la sociedad hondureña, mucho menos justificado. En el presente ejercicio fiscal se han destinado 400 millones de lempiras.