Fiscal corrupto combatía corrupción en Honduras

El fiscal que juró combatir la corrupción en Honduras se dedicó en el cargo a corromperse, sobornar a otros y acumular una fortuna todavía no determinada por las autoridades.
Se trata de Henry Salgado, quien se desempeñó más de cuatro años como fiscal especial contra la Corrupción y al que la Comisión de la Verdad pidió separar e investigar en 2011.

REVISTAZO tuvo acceso a un informe aún no divulgado por la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), que determinó que Salgado violó los deberes del funcionario público, abusó de su autoridad, cometió irregulares e influyó a hacer lo mismo a denunciados, imputados y fiscales.
GRUPO INVESTIGADOR.

La investigación de la fiscalía contra la Corrupción la realizaron cinco profesionales, tres hondureños y dos costarricenses, coordinados por el abogado Jesús Martínez.

Entre ellos están los abogados Mauricio Torres Molinero, por la Universidad Nacional Autónoma; Jenny Almendárez, del Ministerio Público, y los consultores Marisol Sanahuja y Dennis Cheng de Costa Rica.

Pero Almendárez obstruyó la tarea y amenazó con actuar legalmente en contra de algunos miembros del equipo. El documento no especificó en qué forma la funcionaria de la fiscalía hizo tales acciones.
NIDO DE CORRUPCIÔN
Para la Comisión, en la fiscalía contra la Corrupción “no se encontraron evidencias de esfuerzos serios ni consistentes para dar con los responsables de conocidos casos de corrupción que han lesionado la dignidad nacional”. Por eso concluyó que esa oficina “necesita una depuración completa”.

Bajo la influencia de Salgado, la dependencia del Ministerio Público se convirtió en un nido de corruptos en vez de tener un mayor protagonismo en la lucha contra ese flagelo.

SOBORNO DE LATINODE

Entre las denuncias recabadas por el equipo evaluador nombrado por la Comisión de Seguridad, figuró la del abogado Marcelino Vargas, quien aseveró que Salgado en el sonado caso de Latinode lejos de perseguir a los funcionarios hondureños implicados sugirió al ex funcionario de Hondutel Oscar Danilo Santos contratar al ex juez Félix Antonio Ávila “para que el dictamen saliera a su favor”.

En cambio, un juez federal de Miami condenó en enero de 2011 a dos altos ejecutivos de Latinode por sobornar con 20 millones de lempiras a tres funcionarios de Hondutel para garantizar un contrato y reducir las tarifas telefónicas.

Y una firma camaronera de Choluteca denunció a Salgado por solicitar un soborno de 300.000 lempiras por medio de Angie Villanueva, identificada en el informe como su compañera sentimental, para tramitar y alterar permisos ambientales en la Secretaría de Recursos Naturales.

RUBÍ USA BIENES INCAUTADOS

Sin especificar la causa, el informe dijo que el fiscal general Luis Alberto Rubí no quiso atender al grupo investigador. Y el actual director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Humberto Palacios Moya, aseguró que Rubí repartió 31 vehículos incautados al crimen organizado para su uso personal y de familiares.

Denunció también que Salgado, cuando se desempeñó como fiscal contra el Robo de Vehículos, mantuvo bajo su control “posiblemente para fines personales” las instalaciones del car wash Mister Marino del bulevar Morazán de Tegucigalpa, así como dos casas y una villa en la residencial Palma Real de La Ceiba.

CARRETILLAZO

Otros casos de interés nacional, como el dinero sacado en efectivo en el 2009 del Banco Central para impulsar la cuarta urna, jamás fueron agilizados por Salgado, detalló la investigación.

Ese desinterés en perseguir tales hechos emblemáticos de corrupción ocasionó “una total impunidad” en Honduras.

En una entrevista con el equipo evaluador, la presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de Anchecta, dijo que Salgado archivó los expedientes que se le enviaron desde el 2002 “sin determinar la razón”.

La situación llegó al extremo que Salgado declaró que el delito de enriquecimiento ilícito considerada la forma de corrupción más visible en Honduras no era competencia de la fiscalía.

Pero los comisionados documentaron el marcado interés de Salgado en promover casos que por su naturaleza no corresponden al Ministerio Público por tratarse de demandas de orden civil entre particulares.

FISCALES PRIVILEGIADOS

La comisión explicó cómo se creó una clase VIP o de fiscales de élite en tiempos de Salgado, luego de hallar diferencias de hasta un 69% en los sueldos de los 58 funcionarios de la oficina con el mismo puesto.

Ejemplos:

– Un fiscal ingresó en 1995 en San Pedro Sula y se destacó como coordinador, y devengaba un salarios menor al de otro similares de Tegucigalpa, con poca responsabilidad y entrar al servicio en 1997.

– Un Jefe de Seguimiento de Casos, quien era perito mercantil, ganaba 60% más de sueldo que otros subalternos con títulos universitarios.
El informe incluyó las declaraciones de fuentes sobre cierto personal que se convirtió en asistentes del fiscal especial contra la Corrupción con “privilegios especiales”.

Salgado mostró un extraño interés e insistió en presentar un requerimiento en San Pedro Sula a través de Sussy Coello, una fiscal de su confianza en Tegucigalpa, y no por medio de la oficina de la costa norte.

Al revisar los documentos, los investigadores constataron que muchos casos fueron asignados por Salgado solo a los fiscales escogidos por él.

Además, el coordinador de San Pedro Sula admitió que era frecuente que Salgado pedía expedientes de su oficina, los que no regresaba.

POBRES RESULTADOS

Según las estadísticas del Ministerio Público, los seis fiscales anticorrupción de San Pedro Sula lograron 27 condenas en siete años, de 2006 a 2012.

En contraste, los 16 fiscales de Tegucigalpa bajo el liderazgo de Salgado, lograron apenas 33 condenas en igual tiempo.

Al hacer cálculos, se destacó que el número de condenas en seis años es de sólo dos por fiscal en Tegucigalpa, mientras que es de casi 4,5 en San Pedro Sula. O sea que cada fiscal al trabajar a tiempo completo logró una condena por delitos de corrupción cada tres años.

El costo de una sentencia en la fiscalía anticorrupción de la capital es astronómico, de 3,5 millones de lempiras, mientra que en San Pedro Sula de menos de la quinta parte de esa suma, de 671.000 lempiras.

Asimismo, una de cada tres denuncias, equivalente al 32% de las recibidas por la fiscalía contra la Corrupción de Tegucigalpa, fue desestimada. Y, en contraste, la fiscalía de San Pedro Sula, en la cual Salgado ejercía menos influencia, rechazó apenas el 4%.

Para la Comisión de Seguridad, la alta tasa de casos no atendidos por Salgado respondió a un acuerdos de no perseguir los delitos a cambio de supuestos pagos realizados por los encausados.

TESTIGO MUERTO

Tras lamentar el “desorden absoluto” de la documentación de la fiscalía de Salgado, la comisión señaló la imposibilidad de ubicar los expedientes con facilidad en la oficina debido a la rotación constante de los fiscales.

La situación llegó al grado que para un solo caso hay hasta seis fiscales diferentes. Por ello, el tiempo promedio entre recibir una denuncia y determinar el próximo paso a seguir tarda 11 meses.

De conformidad a un entrevistado, Salgado en un momento dado propuso como testigo en un juicio a una persona muerta.

Lo insólito es que al menos cuatro auditorías dieron el mismo hallazgo y Salgado no aplicó correctivos.

Al contrario, al ser consultado al respecto por los autores del informe, el ex fiscal dijo: “No conocí el informe (de auditoría) y ni por curiosidad lo vi.”

BIENES DE SALGADO

La Comisión investigó la información financiera y patrimonial de Salgado, y de otros funcionarios de su dependencia.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros proporcionó 2.100 documentos sobre operaciones realizadas por Salgado en retiros, saldos, transferencias, compra de divisas, tarjetas de crédito, préstamos, fideicomisos, cajas de seguridad y adquisición de inmuebles.

También sobre las entradas y salidas del país de funcionarios antocorrupción de la fiscalía.

GRUPO INVESTIGADOR

La CRSP la creó en julio pasado el presidente Porfirio Lobo con el intelectual Matías Funes, el ex rector universitario Jorge Omar Casco y el ex ministro de Gobernación, Víctor Meza. Los otros son Aquiles Blu, ex miembro de los Carabineros de Chile, y Adam Blakwell, de Canadá y ministro de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos.

REVISTAZO trató de localizar al ex fiscal anticorrupción, quien fue trasladado a otra oficina por sus jefes, pero no lo logró porque Salgado o no quiso responder o ya cambió el número de su teléfono móvil.

¿QUE HARÁN LOBO Y HERNÁNDEZ?

La pregunta obligada ahora es lo que resolverán Lobo y el presidente del Congresol, Juan Hernández, en torno al informe de la comisión, que ya se lo entregó a ambos. El Congreso designa al fiscal general y a su asistente principal.

Hernández es candidato presidencial del oficialista Partido Nacional para las elecciones generales de noviembre próximo en Honduras.

De la actuación de los dos depende que la Comisión de Seguridad cumpla con el principal objetivo: poner a los fiscales, jueces y policías al servicio de los 8,3 millones de hondureños.

Fuente Revistazo
13/02/2013

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