Para hacer creer que se restablecen las garantías constitucionales en Honduras, el gobierno de facto anunció el 5 de octubre la derogatoria del Decreto Ejecutivo PCM016-2009, pero tres días después la medida sigue vigente, y se mantienen severas medidas de restricción de las garantías.
En primer lugar, la norma que suspende el Decreto que restringe las garantías constitucionales por 45 días no ha sido publicada en el Diario Oficial y, en consecuencia, el gobierno de facto continúa amparándose en el mismo para mantener la censura, la represión y el uso excesivo de la fuerza en contra de los opositores al régimen. El 7 de octubre, las fuerzas policiales de nuevo actuaron con violencia injustificada contra dos manifestaciones que se desarrollaban frente a las embajadas de Guatemala y Estados Unidos. Los policías lanzaron bombas de gas lacrimógeno, dispararon balas de goma y golpearon a los participantes con toletes. Estas acciones son un abierto desafío a la comunidad internacional y un irrespeto a la ciudadanía hondureña.
Por otra parte, el gobierno de facto emitió el Acuerdo Ejecutivo No. 124-2009 que instruye a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a revocar o cancelar los permisos o licencias a emisoras de radio y televisión que emitan mensajes “que generen (…) un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y los derechos humanos.” Aun si se deroga el decreto que restringe libertades, esta nueva medida administrativa asegura estricto control a la libertad de expresión y a cualquier crítica que realicen medios independientes.
Los medios de comunicación Canal 36, Radio Cholusat Sur, Radio Globo y Radio La Catracha, continúan sin funcionar en virtud del decomiso ilegal de bienes que realizaron las fuerzas de seguridad estatales con base en la declaratoria del estado de sitio.
Si bien el Decreto fue presuntamente derogado, sus efectos subsisten y las violaciones se continúan configurando en tanto las acciones que se realizaron con base en el mismo no sean revertidas en forma efectiva. Esto implica devolver la totalidad de los bienes decomisados a los medios citados, investigar y sancionar a los responsables por estos hechos, cesar la persecución penal contra los campesinos detenidos el 30 de septiembre y acusados por el delito de sedición, y cualquier otra acción dirigida a atacar a los manifestantes que repudian el golpe de Estado.
El OISDHHN expresa su profunda preocupación por estos actos que nuevamente ilustran el carácter autoritario del régimen de facto. Además exige el cese inmediato de todos los procesamientos a personas detenidas, la liberación de quienes siguen presos, la reapertura de las emisoras censuradas, la devolución de los equipos confiscados y la investigación y sanción de los responsables de haber cometido abusos y agresiones contra opositores al golpe.
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)
FIAN Internacional
Suedwind – Austria
IBIS – Dinamarca
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)
Solidaridad Mundial – Bélgica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)
Centro Tricontinental de Lovaina(la)Nueva (Bélgica)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES – Colombia)
Viernes 8 de octubre 2009.
Para más información contacte:
Martin Wolpold(Bosien, wolpold)bosien@fian.org
Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org
Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org