La Asociación de Jueces por la Democracia exigen renuncia de ministra Ana Pineda

En discordancia con lo que afirma Pineda, quien pregona que Honduras pasó la prueba de derechos humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Jueces por la Democracia demuestra con ejemplos que el régimen de Porfirio Lobo ha continuado con un sistema represivo contra los sectores sociales.

“La ministra Pineda debería renunciar si tuviera dignidad. La muerte de la profesora (ocurrida el viernes en Tegucigalpa) es a causa de la represión que ordena el régimen de Porfirio Lobo Sosa”, dijo Tirza Flores, presidenta de la AJD.

Flores es del criterio que “la ministra Ana Pineda está faltando a la realidad. Hay serios señalamientos porque el gobierno de Honduras no ha hecho nada” para mejorar la situación de los derechos humanos.

Para refutar la posición oficial, anunciada por Pineda, hoy, en conferencia de prensa, AJD presentará los resultados que el Grupo Estratégico del Examen Periódico Universal (GE-EPU) Honduras presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Examen Periódico Universal es un proceso de revisión interestatal del Consejo de Derechos Humanos que tiene como propósito vigilar el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos firmados por los 192 Estados miembros de la ONU.

JUECES DESPEDIDOS
Después de presentar la verdadera radiografía de los derechos humanos en Honduras, el 25 de marzo, miembros Asociación de Jueces por la Democracia participarán en Washington en una audiencia pública sobre el caso de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Honduras, dentro del marco de su 141 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Un comunicado de prensa emitido por esa organización explica que el propósito de la audiencia es tratar asuntos relacionados con la “demanda que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) presentaron ante la CIDH contra del Estado de Honduras por el despido ilegal y arbitrario de (los jueces) Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores”.

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