La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país.
Tres razones de peso hay para hacerlo ahora, especialmente a partir del proceso electoral realizado el pasado fin de semana.
La primera tiene que ver con el necesario restablecimiento del orden constitucional, el que fue interrumpido la madrugada del 28 de junio del presente año, cuando un comando militar saco violentamente del país –y del poder- al mandatario legítimamente electo por los hondureños. Es inadmisible que Zelaya Rosales continúe limitado de cumplir con las responsabilidades que de acuerdo a Ley le corresponden y restringido a hacer uso de las facultades que el pueblo hondureño le concedió en las urnas el último domingo de noviembre del año 2005.
La segunda se relaciona a la ilegalidad del Decreto Legislativo No. 141( 2009, que separó al presidente Zelaya Rosales de su cargo y promovió a Roberto Micheletti Bain a la jefatura del Poder Ejecutivo; ese Decreto es ilegal ya que –como lo dice el abogado Edmundo Orellana Mercado) “el Congreso Nacional únicamente tiene la facultad de aprobar o improbar conductas administrativas, no de calificar violaciones al ordenamiento jurídico”; simple y llanamente, los legisladores “no tienen potestad para destituir al Presidente de la República”. En consecuencia, lo que procede es la derogación del ilegal Decreto Legislativo y el automático regreso del legítimo gobernante al solio presidencial.
Finalmente, la tercera razón para restituir en su cargo al inquilino de la embajada de Brasil, se vincula a la imperiosa necesidad de normalizar nuestra relaciones con el mundo, tanto las de carácter bilateral como las multilaterales; Honduras no puede continuar aislada del concierto de las naciones, ni asfixiada por el congelamiento de la cooperación no reembolsable y los prestamos que normalmente conceden los organismos financieros internacionales. Tomando en consideración que los impuestos y tasas que recauda el Gobierno, apenas cubre el gasto corriente del Estado, y que son las donaciones y los empréstitos los que permiten la inversión social y en infraestructura, no hacer un esfuerzo por civilizarnos y vivir en plena Democracia –condición esencial para que el planeta nos reconozca como una nación libre y se empiecen a re oxigenar las finanzas nacionales con recursos externos- es condenar a la desgracia a los más pobres y obstaculizar la modernización del país y el desarrollo nacional.
Respecto a esto, dos ejemplos importantes tienen relación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), principales fuentes de recursos externos del país; Honduras no podrá obtener apoyo técnico y financiero de estas entidades si que el Gobierno de la República sea reconocido por las instancias políticas superiores respectivas, en estos casos la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Se que los operadores de justicia, que es de todos sabido están al servicio de los golpistas, dirán –como el Ministerio Público- que es “inadmisible por ser improcedente” la restitución de Manuel Zelaya Rosales; con tecnicismos jurídicos intentaran convencer a los diputados que el popular “Mel” es un delincuente que por sus actos debe estar fuera del Altar Q. Sin embargo, ninguno de ellos mencionará, que él no ha recibido sentencia firme en los juicios que han sido iniciados en su contra y que se le han violado sus derechos, especialmente el relacionado a la legítima defensa, en una festinada acción de colusión de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Congreso Nacional.
Pese a perorata legal que esgrimen y difunden a través de los medios de comunicación alineados con el actual régimen, ni la población ni las naciones del orbe, dejaran de condenar el golpe de Estado, la transgresión al Estado de Derecho, la violación de derechos humanos y las continuas restricciones a las garantías constitucionales; costará mucho normalizar nuestro –necesario y útil- vinculo con el mundo, y es de personas inteligentes y sabias buscar la vía expedita para quitarnos ese mote de paria internacional.
La solución esta en manos de los congresistas: restituir al presidente democráticamente electo por los hondureños hace cuatro años.
Tegucigalpa, MDC – 1 de diciembre de 2009
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Omar Edgardo Rivera Pacheco
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