La denuncia contenía los nombres de supuestos policías, mareros y de ex presidiarios involucrados en el plan. Sin embargo, ahora es él y su familia quienes viven bajo amenazas de muerte.
Se trata de Leonel Casco Gutiérrez, director del área legal y sociedad civil del Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras, quien el pasado 26 de febrero, mientras participaba en la Asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular, recibió una llamada en la que le notificaron que sería asesinado.
El procurador de Derechos humanos, accedió dialogar con Revistazo.com y en una amplia entrevista narra los episodios que le hacen afirmar que su vida está en peligro al igual que la de muchos otros defensores de derechos humanos en el país y que es desde el interior de la policía dónde de planifican los actos criminales.
Revistazo.com®: ¿Conocemos que recibió de amenazas de muerte, de dónde cree que provienen?
Leonel Casco (LC): Producto de un trabajo de investigación en el observatorio. El 7 de febrero formulamos una denuncia ante el Ministro de Seguridad Oscar Arturo Álvarez Guerrero, en donde poníamos en conocimiento un plan para asesinar, secuestrar y atentar contra diversas personas de nuestro país. En total 27 personas y de las cuales enumeramos trece, que era de las que teníamos hasta ese momento conocimiento. Le hacíamos ver al Ministro de Seguridad, nombres de supuestos policías y también de la mara salvatrucha y de ex presidiarios involucrados supuestamente en este plan de asesinatos.
R: ¿Además de los nombres que otros elementos relevantes contiene la denuncia?
LC: En el fondo le estamos diciéndole a las autoridades que desde las mismas estructuras de seguridad del Estado se programan, se planifican los actos criminales, se conspira contra el mismo gobierno de la Republica y que por cuanto no existe coherencia entre las políticas públicas y los discursos, con este tipo de práctica se evidencia también la falta de responsabilidad, de capacidad y de negligencia al no investigar y no controlar este tipo de hechos. Le hacíamos saber que tienen talleres y cómo operan, a efecto de que esta Secretaría procediera a darle protección a estas personas y a la vez desbaratar o disuadir este proyecto.
R: ¿Considera los hechos como parte de una política de Estado?
LC: Tal vez no como una política de Estado, pero sí como un reparto territorial de los actos criminales. Ninguna banda organizada, ningún crimen organizado puede funcionar si no hay complicidad o si no hay participación plena y efectiva de funcionarios o agentes de la autoridad, sobre todo, de las autoridades policiales y militares en este país.
R: ¿Qué eco causó la denuncia en las autoridades de gobierno?
LC: La hicimos pública por diversos medios, la enviamos a los organismos de derechos humanos y a algunos medios de comunicación y como consecuencia se generó la reacción de algunas autoridades. La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, abogada Ana Pineda, nos pidió una entrevista junto con el pastor Franklin David del Cid, director de asuntos pastorales del observatorio para conocer a más profundidad este caso. Le entregamos información extra relacionada con la forma de operar de estos personajes. La Fiscal de los Derechos Humanos Sandra Ponce, también nos pidió una audiencia para asignar a una fiscal para darle seguimiento a mi denuncia.
R: ¿Del Ministro de Seguridad, que respuesta recibieron?
LC: El Ministro de Seguridad ni a la denuncia misma que se entregamos en su despacho a través de su secretaria, se dignó en llamarnos o en tratar de darle seguimiento al caso.
R: ¿Hace un mes que usted presentó la denuncia, cuándo se producen las amenazas?
LC: Es el marco de la asamblea general del Frente Nacional de Resistencia Popular, realizada el sábado 26 de febrero, en horas del mediodía. Su servidor recibió una amenaza de muerte desde un número de celular en el cual se me hacía ver relacionado con esa denuncia, que toda mi familia podía ser víctima de muerte o de un atentado. Esta amenaza a mi me preocupó mucho, pero es algo a lo que uno está expuesto un defensor de los derechos humanos, ya que somos personas pública; mi número de celular es público. Sin embargo grabé el número y en la noche que llegué a la casa, mi esposa también me informa que minutos antes del mensaje que se me envió a mi celular, ella había recibido del mismo número igual amenaza haciéndole ver que también la matarían.
R: ¿Usted hizo saber a las autoridades sobre el mensaje recibido?
LC: Me preocupó cómo averiguaron el celular de mi esposa, si es un número más privado y eso me indica que son personas que actúan organizadamente y con capacidad de investigación y es así como decido formalizar una denuncia pública; también la envié a las autoridades del país, pero dirigida al presidente del Comité para Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Fueron dos días de vigilia constante en mi casa, porque conozco y se la forma en que operan estas estructuras. Pedí a la autoridad competente que se asignara patrullaje a mi zona y que se tomaran algunas medidas de prevención.
R: ¿Puede señalar que las amenazas provienen de la Secretaría de Seguridad?
LC: Que las amenazas provengan directamente de la Secretaría de Seguridad, no, pero sí de oficiales, de funcionarios policiales que coordinan y trabajan en forma operativa con estos grupos criminales. El mensaje es claro y contundente, se refiere específicamente a mi carta de denuncia incluso diciéndome que nadie la cree y que yo estoy loco.
R: ¿Cómo analiza las políticas de seguridad ciudadana del país?
LC: No hay responsabilidad desde la Secretaría de Seguridad por desbaratar estas estructuras que funcionan desde el interior del ente policial, la seguridad de los hondureños está en “veremos”. No hay garantías en un Estado donde la capacidad de prevenir y de controlar el crimen organizado y la violencia generalizada que estamos viviendo, nos vuelve vulnerables y por eso decimos que estamos en un Estado de indefensión y de impunidad, pero sobre todo en un estado de criminalidad que ha sobrepasado la capacidad institucional del Estado y por una razón fundamental, desde las mismas estructuras del Estado se planifican muchos de estos actos criminales.
R: ¿Que intereses estarían detrás de esta situación?
LC: Algunas veces podemos decir que en función de crear crisis, de crear caos, una situación crítica para justificar demandas y exigencias, como por ejemplo de presupuestos, de aumento de recursos, de reformas a leyes, de restricción o disminución de garantías que los hondureños ya habíamos alcanzado o de retroceder ese estado de derecho que antes del golpe de Estado teníamos en el país. Se busca crear condiciones para un proceder autoritario y sin restricciones en supuesto ataque a la narcoactividad, a la criminalidad o en otro caso, lo que tiene que ver con la represión al movimiento social y popular organizado de nuestro país.
R: ¿Cómo conocieron ustedes la existencia de este aparato delictivo?
LC: La información que maneja la institución a cerca de la existencia de este aparato criminal, son testimonios que hemos recibido y documentado, donde estas personas tendrán carácter de protección y de confidencialidad. Es una información que se genera desde adentro de las mismas estructuras policiales y lo que nosotros hacemos es no solo decir en forma pública, sino que estamos precisando nombres, detalles, pistas, evidencias para que efectivamente las autoridades se encarguen de realizar las investigaciones. Esperamos un proceso de investigación, que implica una labor de depuración y restructuración policial con el objetivo de parar la criminalidad en el país.
R: Si la situación sigue como hasta hoy… ¿qué le espera a la sociedad hondureña?
LC: Si se siguen manteniendo las mismas estructuras y no hay mecanismos de controlar, supervisar y evaluar las actuaciones de la oficialidad, de los clases y agentes policiales, el pueblo hondureño va a tener que seguir a merced de esta ola delictiva. Prueba de ello, son los constantes asesinatos por diversos sectores, ya van cinco pastores de lo que va de este año, cinco hijos de pastores y estamos viendo cómo se focalizan los asesinatos, en el 2010 con los periodistas y los campesinos del Aguan, en el 2009 con el magisterio.
R: ¿Quien estaría interesado en mantener los altos índices de violencia?
LC: Vemos que no son acciones espontaneas o de casualidad, sino que son programadas y a la vez conspirativas que buscan cercenar a diversos sectores de la sociedad, como una respuesta precisamente de los grupos de poder y los sectores golpistas que no permiten que nuestro país se encause a una solución pacifica, negociada de esta crisis política que ha generado el golpe de Estado. Es decir, les interesa que haya más violencia, mayor debilidad institucional para asegurarse una mejor participación ya sea vía programas del Estado, por la corrupción, como el concesionamiento de los recursos naturales, que ahora se les está dando el Congreso Nacional, el caso de las iglesias aglutinadas en la Confraternidad Evangélica con una ley excluyente.
R: ¿Y cuál será el futuro de los defensores de derechos humanos?
LC: El que ahora se pretenda atacar y dirigir las acciones contra defensores de los derechos humanos, también es algo preocupante, estamos a merced de un Estado militarizado, policiaco. Todos los defensores de derechos humanos somos pacifista, no usamos armas, pero si usamos la razón, la inteligencia, los conceptos de justicia, de libertad y la doctrina de derechos humanos para proteger vidas y los derechos y garantías constitucionales. Vemos una agresividad contra los que emitimos opiniones críticas y con las acciones buscan silenciarnos y que dejemos la obligación histórica con la justicia y los derechos humanos.
R: ¿A que sectores sociales pertenecen las personas que serían “blancos”” de la criminalidad?
LC: El listado que divulgamos inicialmente se refiere más a personajes de la vida pública y religiosa, como es el caso del Cardenal Oscar Andres Rodríguez, personajes policiales, funcionarios de la fiscalía y periodistas, porque es un plan para golpear a otros sectores, con el objetivo de confundir y crear más crisis y así poder justificar acciones contra otros sectores.
R: ¿Hay personajes del movimiento social o popular en el listado?
LC: Hay líderes del movimiento social señalados en este documento, pero que no hemos querido revelar hasta ahora, hay un catedrático de la universidad UTH de Santa Bárbara, que no lo hemos revelado, porque estamos esperando la acción que desde la Secretaría de Seguridad se pueda dar en seguimiento a la denuncia.
R: ¿Qué personajes públicos aparecen en el documento entregado a seguridad?
LC: El Cardenal, incluso que El ya habría recibido amenazas anónimas, la periodista Suyapa Núñez, directora del IHNFA que también ha recibido amenazas de muerte. En esta lista están oficiales como Héctor Iván Mejía, Leonel Sauceda, voceros y una comisionada Cárdenas, que vive en la Residencial Centroamérica, nosotros estamos diciendo que hay que tomar medidas de prevención y hay que ir en la búsqueda de desarticular ese plan.
R: ¿Qué papel debe jugar los organismos de derechos humanos?
LC: Nuestro deber es defender la vida, no importa de quien se trate, aun sabiendo que se trata de un policía criminal y de un miembro del 3-16, nuestro papel es defender la vida de esa persona, porque si ha cometido delito, nuestra lucha es porque haya justicia y sea enjuiciado con todas las garantías legales y que sea condenado por sus actos delictivos, pero nunca justificaríamos que se incurra en un hecho criminal contra cualquier persona, aun de los propios generales golpistas, como el general Romeo Vásquez y otros que fueron ejecutores y esbirros de esas órdenes de muerte, como es el caso de Isis Obed Murillo y tantos otros compañeros y compañeras que han muerto.
R: ¿Que compromisos deben asumir los defensores de derechos humanos?
LC: Yo me considero de izquierda, soy progresista, pero mi compromiso como defensor de los derechos humanos está la defensa de la vida y de la justicia, lo he dicho que aun tratándose de un gobierno de izquierda o de centro izquierda, mi papel siempre va a ser proteger y garantizar la vida y los derechos fundamentales de los hondureños. Como defensores o procuradores de derechos humanos no tenemos compromiso con un movimiento X o con un gobierno y esa ruta nunca debe perderla un defensor de derechos humanos.
R: ¿Antes del 26 de febrero, había sido amenazado?
LC: En mayo del 2010 fui objeto de persecución por dos individuos en una motocicleta cuando salía de una reunión; el hecho lo pusimos en conocimiento del Comité para Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y la fiscalía Especial de los Derechos Humanos. La Fiscalía solicitó a la secretaría de seguridad medidas de protección para mí persona en mi condición de procurador de los derechos humanos, de las cuales estoy gozando hasta este día.