La fiscalía a través del fiscal René Montalván, inició un proceso para detener y obstaculizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos de la tercera generación, violentando con ello la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas, ONU, donde los Estados están en la obligación de facilitar la defensa de los derechos fundamentales por las personas que han asumido ese compromiso.
La policía de Talanga capturó el martes primero a Carlos Amador y minutos después a Marlon Hernández, del Comité Ambientalistas del Valle de Siria, a través de una orden de captura emitida por el Juzgado de esa localidad, donde el delito que se señala es “por oponerse a los cortes de madera de la familia Raudales”. Vea más datos.
Después apresaron a Juan Ángel Reconco y se presentó voluntariamente Eduardo Varela Rodríguez, los ambientalistas de la tercera edad, Juan Ramón López (75), Raúl Agustín Mejía (74), Reynaldo Antonio Oseguera (66) y Justiniano Hernández Díaz (64), a quienes en una segunda audiencia se les decretó las mismas medidas cautelares de no acercarse a Haydeé Urrutia Mejía, de la familia en mención, que ejecuta un plan de manejo ilegal que está destruyendo la cuenca de agua que abastece a cinco comunidades aledañas. Ninguno de ellos sabía sobre la orden de captura.
En los próximos días se presentarán voluntariamente ante el Juzgado de Letras de Talanga, Marcio López, José Orlando López, José Carmelo Maradiaga, Hosman Herrera Alemán, Luís René López, José de la Cruz Sandres, Rosa Maximina Barahona, Víctor Manuel Rivera, Marco Tulio Martínez, Martín Erazo y en la orden de captura aparece Germán Alexis Erazo, asesinado por desconocidos hace unas semanas, mientras realizaba su jornada de trabajo.
La mayoría de los encausados, habitan en la aldea El Terrero y El Porvenir. Elementos policiales y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, de Talanga, manejaban una lista de 19 personas con orden de captura por la denuncia que Urrutia Mejía interpuso, acusando a los ambientalistas de “obstaculización de plan de manejo” agregando que los habitantes se oponen a que ella construya en sus predios y que están fuertemente armados con palos y machetes, cuando son sus empelados los que intimidan a los agricultores con sus armas, según la denuncia de los pobladores.
La audiencia inicial será el 02 de agosto próximo, donde se presentarán las pruebas que demuestren que los imputados más bien son víctimas de los abusos autorizados por el Instituto de Conservación Forestal, ICF y la aquiescencia de la Fiscalía del Ministerio Público, ante quien se han interpuesto varias denuncias para detener esta atrocidad contra los recursos naturales vitales de las comunidades del Valle de Siria.
Para Carlos Amador este hecho es indignante, una persecución en contra del grupo que se opone al plan de manejo de explotación del bosque y considera que todo esto tiene un trasfondo, “soy comunicador social, hago un trabajo de colectividad para las comunidades y con este hecho pretenden callarnos, para que no denunciemos las atrocidades que la familia Raudales Urrutia comete contra más siete mil aldeanos del Valle de Siria, para saciar sus interés económico y no respetando la dignidad de la vida humana”.
Los acusados dijeron que no se amedrantan ante las medidas en su contra, al contrario creen que la lucha sigue y no van a parar ante la persecución extrema que enfrentan. Más bien consideran que Haydee Urrutia y sus hijos deben deponer su aptitud en función de no confrontarse con la población ya que se puede generar un descontento social y a la larga surja un conflicto fuerte en la zona, debido a los intereses de esa familia, agregó Amador, momento después de su liberación.
La persecución contra Amador no sólo es de parte de la Familia Raudales Urrutia sino del Fiscal asignado a Talanga, René Montalván, quien actúa totalmente parcializado con los destructores del bosque y demuestra clara enemistad en su contra.
n mayo del año pasado se denunció por Abuso de Autoridad al fiscal Montalván, ante la coordinadora General de Fiscales, Danelia Ferrera, ya que unos días antes no permitió que la Abogada del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Kenia Oliva, acompañara a Carlos Amador a rendir una declaración en calidad de testigo.
Desde noviembre del 2009 los pobladores del Valle de Siria y el COFADEH plantearon que la familia Raudales Urrutia pretendía descombrar el bosque para obtener un beneficio económico de alrededor de seis millones de lempiras con la madera.
Dina Moncada, fiscal del ambiente a cargo del caso informó que hasta el 12 de abril de 2010, se inició la investigación solicitando al ICF el expediente del permiso del Plan de Manejo.
Para ese entonces se solicitó al Fiscal General de la República, Luís Rubí, la investigación exhaustiva de la denuncia anterior, en la que se pidió que se indagara si el ICF otorgó un Plan de Manejo a Haydee Urrutia, bajo el estricto cumplimiento de la ley, y sobre la procedencia de los documentos con los cuales se otorgó el permiso de explotación, de un bosque en el Tapalito, El Porvenir.
El Plan de Manejo que se le otorgó a Urrutia el 17 de octubre del 2008, fue impugnado por el consejo consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la comunidad de El Terrero, quienes solicitaron su paralización y posible nulidad, porque contradice los principios básicos del derecho ambiental, el derecho humano al agua.
Para la actividad destructora del medio ambiente que maneja dicha familia no se realizó el estudio de impacto ambiental requerido con la participación de la población que puede ser afectada, en este caso, más de siete mil personas de las comunidades El Terrero, Guayabillas, Pueblo Nuevo, Escañito y Pedernal, se podrían quedar sin el vital liquido.
En caso que las autoridades correspondientes no hagan nada al respecto y mientras se siga criminalizando la defensa del ambiente, se estará violentando el derecho al agua para consumo humano que contempla la Ley de Plan de Nación.
Zona es área de Vocación Forestal
En enero del 2008, la municipalidad de El Porvenir, solicitó a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, COHDEFOR, a través del proyecto Bosques y productividad Rural, se declarare una de las tres micro cuencas dentro del terreno del Plan de Manejo, conocida como “Quebrada El Guayabo” área de Vocación Forestal, tras un dictamen del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, que dice que “es importante que se solicite al ICF sea declarada zona productora de agua para que el crecimiento de la comunidad del Terrero tenga sostenibilidad”.
Además existe un convenio de cooperación firmado el 27 de diciembre de 2007, entre la AFE/COHDEFOR, la Municipalidad de El Porvenir y pobladores de Pueblo Nuevo para la protección y manejo del área de vocación forestal protegida existente en la Quebrada El Guayabo “por ser vital para la existencia de los seres que reciben beneficios y utilidades de tal formación natural”.
Según denuncia de representantes de las comunidades El Terrero, Pueblo Nuevo y Guayabillas, la señora Haydee Urrutia Mejía no puede tener un Plan de Manejo otorgado por el ICF, del 17 de octubre del 2008, porque el sitio de la ejecución abarca las tres comunidades antes mencionadas y ahí están las fuentes de agua que les abastece.
Además varios miembros de las comunidades poseen escrituras y antecedentes de domino de las tierras, las cuales han sido trabajadas por sus respectivos dueños.
Los propietarios de las tierras que están dentro del sitio que Haydee Urrutia pretende explotar pagan cada año los impuestos correspondientes a la municipalidad de El Porvenir, por lo tanto tienen claves catastrales, lo que constata que están en pleno goce y uso de sus tierras.
Ante las constantes violaciones a los derechos humanos, persecuciones, hostigamiento y hasta órdenes de captura, contra los miembros del Comité Ambientalista del Valle de Siria y pobladores, incluyendo personas de la tercera edad, el COFADEH, continuará instando la investigación correspondiente a fin que predomine la verdad de los hechos denunciados.
Además que se investigue la procedencia de los documentos con los cuales se le otorgó el permiso de explotación de bosque a Haydee Urrutia, y sí el ICF otorgó dicho Plan de Manejo bajo el cumplimiento legal establecido y que si no se dio de acuerdo al ordenamiento jurídico, se proceda a deducir las responsabilidades del caso, emitiendo requerimiento fiscal contra los violadores de la Ley.
Asimismo el COFADEH solicitó que se brinden informes sobre los avances de la investigación a los representantes de las juntas de agua y patronatos de las comunidades afectadas.