Persisten juicios por cuestiones políticas en Honduras

considerados perseguidos políticos por la justicia hondureña.

La resolución no satisfizo a las aspiraciones de los imputados, imputadas, al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y al Frente de Abogados contra el Golpe de Estado por cuanto persiste la persecución judicial por cuestiones políticas en el país y permite a la Fiscalía presentar pruebas o reactivar las acusaciones en un término de 5 años.

En agosto de 2009, el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Letras Penal, requerimiento fiscal y solicitó detención judicial por el término para inquirir contra los ciudadanos y ciudadanas: Rosario Vásquez Vásquez, Milko Durán Céspedes (nacionalidad colombiana), Santos René Herrera Almendáres, Abilio Antonio Izaguirre López, Allan Samuel Cruz.

Mario Rodrigo Ardón Betancourt, Daniel Cárcamo Sánchez, Florentino Izaguirre Hernández, Nelson Gustavo Rivera López, Mabel Carolina López, José Lino Avila, Oscar Manuel Murillo Murillo, Emerson Rosinkleir Barahona Nuila.

José Natividad Pérez Lorenzo, Gerardo Arturo Flores Bardales, Oslin Daniel George Cantillano, Lisandro Gómez Martínez, Darwin Said Hernández Carvajal, Magdalena Lazo Pineda, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Wilmer Orlando López Marroquín, Santos Ricardo Peña Pavón, Justo Pastor Mondragón Arteaga y Alba Leticia Ochoa Camacho.

La Fiscalía los acusó de los delitos de robo, manifestaciones ilícitas, daños y sedición en perjuicio de la seguridad interior del Estado, Tiendas Jetstereo, el Gallo Más Gallo y Pollo Campero del Grupo Intur.

[De los 24 detenidos, 12 de ellos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional localizada en Támara, Francisco Morazán]

De los 24 detenidos, 12 de ellos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional localizada en Támara, Francisco Morazán

De los 24 detenidos, 12 de ellos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional localizada en Támara, Francisco Morazán
El ente acusador adujo que de acuerdo a diligencias practicadas, dichas personas habían participado en hechos violentos ocurridos el 12 de agosto de 2009 en la ciudad capital durante manifestaciones de personas que se pronunciaban públicamente con “fines políticos de acuerdo al conocimiento público y notorio de la población”.

Esta apreciación del Ministerio Público refleja una clara tendencia a criminalizar las manifestaciones públicas organizadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que repudió el golpe de Estado del 28 de junio y demandó la restitución del orden constitucional.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) asumió la defensa de los perseguidos políticos junto al Frente de Abogados contra el Golpe de Estado.

El Cofadeh sostuvo que los ciudadanos y ciudadanas fueron detenidos ilegalmente cuando participaban de una movilización convocada por la resistencia popular, además de ello fueron víctimas de brutales golpes propinados con toletes por militares y policías.

De los 24 detenidos, 12 de ellos fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional localizada en Támara, Francisco Morazán.

En la audiencia inicial, el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, decretó auto de prisión contra 6 ciudadanos por los delitos de daño y asociación ilícita, otorgó sobreseimiento provisional al resto de imputados por los delitos de sedición y resolvió sobreseimiento definitivo por el delito de robo.

El Cofadeh presentó un recurso de apelación ante el juzgado de segunda instancia, el cual resolvió declarar con lugar el recurso y se pronunció sobreseyendo en forma definitiva el caso por el delito de manifestaciones ilícitas y confirmó el sobreseimiento provisional por los delitos de daños y sedición contra todos los imputados e imputadas.

El falló de la Corte Primera de Apelaciones significa que el caso queda abierto y a discreción del Ministerio Público, que le permitiría aportar nuevos elementos y reactivar las acusaciones.

Si durante 5 años la Fiscalía General no presenta algo nuevo en torno a las acusaciones, el caso se cerraría y se otorgaría sobreseimiento definitivo.

El Cofadeh y el Frente de Abogados contra el Golpe de Estado son del criterio que con esta resolución persiste la persecución judicial por razones políticas en el país.

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