Que la mañana del 20 de abril de 2010, cinco agentes de la Dirección Nacional de Investigación criminal (DNIC) acompañados por guardias de seguridad que trabajan al servicio de Miguel Facussé, se transportaron en una lancha propiedad de este empresario y llegaron hasta las instalaciones de la radio La Voz de Zacate Grande aduciendo que tenían instrucciones de la Fiscalía de Nacaome, Valle para inspeccionar el medio de comunicación.
Los agentes de investigación solicitaron información a los comunicadores sociales en torno a los propósitos de la radio y la cobertura de la emisora que se escucha en los 97.1 del FM. Los comunicadores informaron que en ningún momento los agentes presentaron identificación o placas que los acreditaran como policías.
La presencia policial y de los guardias de seguridad privados, causó alarma entre la población de Puerto Grande, lugar en donde se ubica la Voz de Zacate Grande, inaugurada el pasado 14 de abril del año en curso, en donde se llevó a cabo una jornada de celebración a la que asistieron centenares de pobladores, pobladoras, dirigentes comunales, indígenas, negros, obreros, estudiantes, líderes religiosos, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.
Al final de la jornada, el joven José Adín Vargas Soriano fue agredido por un guardia de seguridad cuando se conducía en un vehículo pick up junto a los miembros de un conjunto de cuerda a la comunidad La Flor. El joven presentaba hematomas en su rostro y hombro producto de los golpes propinados con la culata de un fusil M-16.
El testimonio de la agresión fue tomado por procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) quienes junto a periodistas italianos, artistas argentinos, dirigentas indígenas, pobladoras y miembros de la Resistencia Popular estuvieron en peligro de ser acribillados a balazos por los guardias de seguridad de Miguel Facussé, que rodearon la caravana de vehículos en la se transportaban las defensoras de derechos humanos.
Por las constantes denuncias de hostigamiento a las 8 comunidades que habitan la península de Zacate Grande que luchan por la titulación de sus tierras y una eventual agresión que pudieran sufrir comunicadores y comunicadoras sociales y las propias instalaciones de la Voz de Zacate Grande, exigimos la inmediata intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad.
La Plataforma de Derechos Humanos recuerda al actual régimen que dirige Porfirio Lobo Sosa que la libertad de expresión y el derecho de los pueblos a difundir y recibir información están protegidos por la Constitución de la República y Tratados Internacionales.
Tegucigalpa MDC 21 de abril de 2010