El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emitió el pasado 17 de julio una sentencia definitiva declarando improcedente una demanda contra el Estado, promovida por diez oficiales de la aduana de Toncontín que reclamaba el reintegro y el pago de los salarios caídos dejados de percibir desde septiembre de 2006.
La sentencia ratifica el despido por incumplimiento de procedimientos aduaneros y tributarios, acción que perjudicó los ingresos del fisco en casi 200 millones de lempiras.