Según Sergio Zavala Leiva, asesor legal del Banco del País, 1.5 millones de dólares fueron adquiridos mediante prestamos directos en el sistema bancario y 11 millones en préstamos particulares.
Los hermanos Malouf se defendieron diciendo que la deuda ascendía solamente a unos ocho millones de dólares y eran unas 70 personas a quienes les debían. Aseguran que sus problemas empezaron cuando se quemó la fábrica Gala en mayo de 1999 y Banco del País les embargó hasta las pólizas de seguro.
Sin embargo, el licenciado Leiva informó que en el Juzgado de Letras Primero de lo Civil entablaron cinco demandas ejecutivas de parte de BANPAIS por deudas hasta el 7 de abril de 1999, un mes antes del incendio de GALA.
Los acreedores recurrieron a declarar una quiebra fraudulenta, dado que no lograron ningún arreglo directo luego de muchos intentos.
Los Malouf se quejaron de que todos los bancos les cerraran las puertas, lo cual les ha llevado a parar sus empresas y sólo quedar operando con ZIP Choloma, uno de los primeros parques industriales en Honduras donde funcionan empresas de origen
Los Malouf esperan salir de sus deudas mediante la construcción de un nuevo parque industrial en la aldea Quebrada de Yoro, en El Progreso.
LOS TRABAJADORES PAGAN LAS CONSECUENCIAS
Luego del incendio de Industrias Gala los trabajadores fueron suspendidos negándoles todos sus derechos. Algunas tenían hasta 25 años de laborar en esa empresa y muchos pasaban de los diez años.
Varios optaron por emplearse en otras empresas y el resto se incorporó a la empresa Vulcano que los Malouf instalaron en ZIP Rió Blanco en San Pedro Sula. Meses después Vulcano cerró operaciones y no se respetó ningún derecho a los trabajadores.
Sólo en prestaciones laborales los Malouf quedaron debiendo varios millones de lempiras a los trabajadores de Vulcano y Gala.
En ninguna de las empresas que funcionan en las instalaciones de los Malouf se permite la organización de los trabajadores.
El recurso de declararse en quiebra se ha vuelto una constante para cerrar operaciones, despedir al personal sin prestaciones y luego reabrir contratando nuevo personal o a los antiguos con nuevos contratos. Si para los bancos es difícil que estos empresarios les paguen, mucho mas debe serlo para mujeres y hombres desorganizados y sin nadie que les defienda legalmente.
Los Malouf también tienen antecedentes de acciones violentas contra trabajadores del campo. En 1993 realizaron el desalojo de la empresa campesina Esperanza del Rancho en el municipio de Choloma contra quienes utilizaron hombres armados para hostigar y atemorizar mediante ametrallamiento de sus viviendas, destrucción de cercas y cultivos y amenazas de asesinato.
El desalojo del 19 de enero es el tercero que se realiza contra la Empresa Campesina La Morazán, que tiene mas de 20 años de ocupar esos terrenos con una garantía otorgada por parte del Instituto Nacional Agrario. Esas acciones ya ha generado muertes, casas destruidas y familias sin su fuente de trabajo.
Fuente: Vida Laboral Edic. # 4. Febrero de 2001