La historia de este organismo electoral, a lo largo de su proceso de institucionalización, no conduce a la consideración de esta solicitud, pues, por el contrario, en la medida que el TSE ha ido adquiriendo autonomía también ha ido cayendo en un progresivo desprestigio y la consiguiente pérdida de legitimidad.
En la actualidad –después del proceso electoral que terminó en las elecciones generales de noviembre/09—es obvio que el nivel de desconfianza en el TSE corre parejo con el de los partidos políticos, entre 60% y 78%, a pesar de la persistencia mediática para darle credibilidad a los productos electorales del sistema.
Es muy interesante que en las encuestas sobre las instituciones políticas y las preferencias de la ciudadanía en materia electoral no se pregunte sobre el Tribunal Nacional de Elecciones, como si, en resumidas cuentas, no fuera allí donde culmina todo proceso electoral y se oficializan sus resultados como verdad incuestionable.
La razón de esa evasión reside principalmente en el hecho de que, al exponer la verdad sobre la credibilidad o confianza pública en el organismo electoral, se vendría abajo todo el andamiaje artificioso de nuestro sistema electoral, cuya autoridad emblemática, el TSE, es percibida en el imaginario nacional como una auténtica Corte de los Milagros, desvergonzada y corrupta.
Esa deplorable percepción tiene su origen en el concepto generalizado entre los hondureños de que la actividad política –especialmente la electoral—siempre se mueve dentro de la dialéctica de la simulación, la mentira y el fraude. A lo largo de los eventos electorales, lo mismo internos que generales, la manipulación de los resultados electorales ha sido la regla no escrita. De ahí el aforismo: “Las elecciones se ganan o se pierden en la contada de los votos”.
Se ha llegado, en esto, a una elevada, casi increíble especialización, con la aplicación de las modernas tecnologías cibernéticas, en que, por arte y magia del trastoque de logaritmos, la computadora hace ganador al perdedor y multiplica proporcionalmente los votos, a imitación de la multiplicación de los panes. Si localmente falta esa tecnología, se consigue –por vía subrepticia—en el extranjero, a veces con la vista gorda de la cooperación internacional.
Imaginemos un Tribunal Supremo Electoral totalmente autónomo en esta nuestra Honduras irredenta, donde el dominio de una “clase” política antidemocrática e inescrupulosa, cada vez con más soberbia e impunidad, porfía en imponer un régimen político autoritario, de inexpugnable control elitista.
El problema del organismo electoral no es, entonces, cuestión de autonomía absoluta, sino de cultura democrática y de estricta depuración del sistema, principiando por los altos cargos electorales. De no poder hacer eso, por lo menos para llegar a términos tolerables, llegará el momento –próximo, por cierto—en que la autocracia electoral desembocará en revuelta popular.
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Anarella Vélez
Académica