1.- Desmentimos de manera categórica la noticia aparecida el pasado día miércoles 10 de febrero en diario El Heraldo, en el sentido de que la Asociación de Jueces por la Democracia apoya una supuesta propuesta de reducir la edad punible de los niños y adolescentes, de 18 a 16 años. En ningún momento nuestra asociación ha externado una opinión de esta naturaleza. Del mismo modo, aclaramos que no hemos participado en encuentros con las autoridades del Ministerio de Seguridad, ni hemos asistido a reuniones donde se hayan discutido estos asuntos. Tampoco formamos parte de supuestas comisiones de asociaciones judiciales que estén encargadas de hacer propuestas de este tipo al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia u otras entidades estatales.
2.- En torno a las propuestas con que se pretende reducir la edad punible de los y las menores infractores, nuestra opinión es que las mismas son inaceptables en el plano de nuestra legislación y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, persiguiéndose con estas posturas complacer a la opinión pública y desviar la atención sobre las causas sociales del fenómeno criminal, sacrificando a los y las menores como chivos expiatorios ante una situación de inseguridad generalizada que el sistema de justicia es incapaz de controlar.
3.- Ante las voces desesperadas que claman por reformas legislativas penales y procesales penales, tales como el endurecimiento de penas y de más restricciones para otorgar medidas cautelares, y que en el fondo pretenden reducir las libertades en función de la seguridad, nuestra posición es que tienen mayor alcance las penas eficaces que las penas desproporcionadas. En otras palabras, es más importante una justicia pronta y efectiva como medida de prevención, que la regulación de penas altas que difícilmente serán objeto de condena. Vale más una actividad judicial comprometida a reducir la impunidad, que un discurso populista de política criminal para ganar notoriedad
4.- Compartimos con la ciudadanía que uno de los problemas centrales de nuestra sociedad es la inseguridad y la creciente criminalidad, pero esta situación no se combate con propuestas desvinculadas de la realidad social e institucional. En ese sentido, en lugar de buscar reformas penales severas, lo importante es depurar y dar mayor eficacia a la Policía Nacional, así mismo, darle mayor credibilidad e independencia real al Ministerio Publico y al Poder Judicial, desvinculándoles de las elites políticas y económicas. En todo caso, la lucha contra la criminalidad no puede ser aprovechada para reducir las garantías y las libertades.
5.- En relación a la creación de los jueces y tribunales con jurisdicción nacional, la Asociación de Jueces por la Democracia, manifiesta que, el juzgamiento de los supuestos responsables de un delito implica, jurisdiccionalmente, al menos los siguientes derechos: a) El derecho a ser juzgado por un tribunal establecido por la ley; b) El derecho a ser juzgado por un tribunal competente, lo cual exige que el tribunal tenga jurisdicción sobre el asunto; y, c) El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente. Esto conlleva a que los responsables de tomar decisiones jurisdiccionales resuelvan los asuntos libremente y con imparcialidad, sin ninguna intromisión o presión venida del interior del Poder Judicial o de algún sector gubernamental, social o económico. En el marco de estas consideraciones, nuestra apreciación es que ante las marcadas debilidades del sistema judicial, en particular su menguada independencia, la figura de los jueces o tribunales nacionales no es una solución pertinente en el momento actual, por el riesgo de la intervención de las autoridades políticas, hoy por hoy, interesadas en conseguir, a cualquier costo, resultados en la lucha contra la criminalidad.
Para finalizar, reiteramos nuestro compromiso por la defensa, protección y tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de los justiciables y exhortamos a los jueces, juezas y operadores de justicia a resolver los asuntos sometidos a su consideración sin presiones o injerencias y de conformidad a nuestras leyes, nuestra Constitución y los convenios y tratados internacionales.
San Pedro Sula, Cortés, 12 de marzo del 2010.
ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA (AJD).