La empresa suspendió labores el 16 de noviembre pasado por 120 días y al cumplirse los mismos los dueños no reabrieron la empresa después de diez años de funcionar.
Al igual que otros empresarios coreanos, el dueño de Sunny, señor Dae Suek Kim huyó dejando a los trabajadores sin sus prestaciones y 300 mil lempiras que las obreras tenían ahorrado en una cooperativa manejada por la empresa.
Las múltiples violaciones a los derechos laborales motivaron a las obreras a organizarse en sindicato con el apoyo de la Central General de Trabajadores pero por la negativa de los patronos nunca se logró negociar un contrato colectivo.
Al cerrar definitivamente Sunny las obreras están tratando de recuperar parte de su dinero con la venta de los pocos bienes dejados por los coreanos. Una parte de las obreras es apoyada por la Central General de Trabajadores y otra por el programa de Maquila de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras.
Maria Luisa Regalado, Coordinadora de la Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH) explica que se le ha dado acompañamiento a las obreras de la empresa Sunny desde hace años cuando atendieron muchas denuncias contra la empresa como despidos de obreras por estar embarazadas y perdiendo sus derechos laborales.
“Cuando llega el momento en que la empresa suspende operaciones nosotras estábamos trabajando con un grupo, fue cuando vimos la necesidad de juntarnos con el sindicato e iniciamos acciones juntos. La CGT lleva la parte organizativa y nosotras la parte legal”, declaró María Luisa.
La licenciada Damisela Mayes es quien está trabajando por parte de la CODEMUH en la defensa legal de las trabajadoras, explica que desde el mes de noviembre de 2001 que comenzó el conflicto, se han realizado acciones en tres niveles: de tipo laboral, en la parte administrativa y en la parte criminal.
Señaló la Licenciada que primero se atendió a varias obreras por el caso de la cooperativa, pues algunas pedían préstamos o se querían retirar, el licenciado Francisco Duarte quien la manejaba les decía que se esperaran porque no había dinero.
En la parte laboral la empresa incumplió varios acuerdos, entonces se iniciaron acciones de demandas ejecutivas en el juzgado. En el aspecto administrativo se presentó un recurso de oposición a la suspensión de labores que se manejó en el Ministerio del Trabajo en Tegucigalpa y actualmente eso ya esta para sentencia. En las acciones criminales se ha involucrado al Ministerio Público, recientemente se habló con el fiscal Allan Reyes, a quien se le presentó el requerimiento porque las obreras se sienten burladas.
Fuente: Vida Laboral Edic. # 8. Abril de 2002