El 25 de septiembre la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, formada por 17 representantes independientes de distintos países, presentó en Madrid un informe que recoge de manera documentada cómo el Gobierno de facto viola la libertad de expresión, de comunicación o manifestación, detiene arbitrariamente a líderes de la resistencia y a activistas, ejecuta, tortura e intimida, con especial ensañamiento a las organizaciones de mujeres.
En la presentación del informe señalaron que los últimos datos recibidos de Tegucigalpa hablan del traslado de detenidos a estadios, de heridos sacados de hospitales y llevados a centros de detención y de cómo las ambulancias son paradas para ser revisadas. A la presentación del informe asistió Reina Rivera, directora del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH). Rivera afirmó que hasta el 25 de septiembre su organización ha documentado 17 asesinatos; diez a través de sicarios, cuatro manifestantes en la calle, dos dirigentes campesinos y un maestro. “Todos se oponían al golpe de Estado y algunos estaban afiliados al partido de Unificación Democrática”, comenta.
A finales de agosto ya se contabilizaban más de 4.000 detenciones arbitrarias, de las cuales 156 eran de menores, por violación del toque de queda y manifestaciones en las calles. “Algunos detenidos también han confirmado la tortura en los centros de detención”, afirma la activista hondureña. “A los hombres se les aplica fuego bajo los testículos y a las mujeres se les introduce el tolete (bastón policial) en sus órganos sexuales. También se arroja gas picante y se golpea a los detenidos”. A finales de agosto el número de personas lesionadas ascendía a 300. La xenofobia es otra práctica del Gobierno de facto. “Son habituales las detenciones a extranjeros, sobre todo a nicaragüenses”.
Las últimas detenciones incluyen a dos niños de 8 y 12 años con sus padres. Además la Fiscalía del Estado ha declarado ilegales las manifestaciones, por lo tanto “se aprovecha para hacer detenciones selectivas, realizar juicios colectivos bajo las acusaciones de manifestaciones ilícitas, sedición e incluso terrorismo en algunos casos” denuncia esta activista de los derechos humanos.
Otro derecho violado es la sindicación, sobre todo a los grupos estatales. Reyes confirma que al salir de Honduras “un grupo de 120 profesores se enfrentaban a la justicia hondureña con un requerimiento fiscal por invocar su derecho a la huelga”. Los sindicatos de la empresa nacional de energía eléctrica han sido despedidos. En San Pedro Sula 300 personas se han quedado sin trabajo. “Además se han encontrado notas de empresas privadas que obligan a los trabajadores a participar en las marchas de las camisetas blancas [las de apoyo al régimen de facto]”, afirma Reyes.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/17(muertos)y(4)000(detenidos)en.html