Con casi un centenar de campesinos muertos, el Valle del Aguán se ha convertido en el peor escenario del conflicto agrario de Honduras.
Desde noviembre de 2010, la región se ha mantenido con una fuerte presencia militar por decisión del gobierno del presidente Porfirio Lobo. Sin embargo, los secuestros y asesinatos están a la orden del día.
Los últimos ajusticiados fueron encontrados la mañana del 24 de febrero por miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), quienes los identificaron como Yoni Adolfo Cruz y Manuel Ezequiel Guillén.
Yoni pertenecía a la empresa Asociativa Campesina Lempira del MUCA y Guillén era miembro del Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA). Ellos fueron raptados el día 21 de febrero, cuando regresaban a sus casas luego de trabajar en el campo.
Sus cuerpos con las manos atadas, señales de torturas y en estado de putrefacción estaban cerca de la finca La Concepción. Presentaban impactos de bala.
Líderes de los diferentes movimientos campesinos del Aguán aseguran que la militarización del lugar no ha dado resultados.
“La operación Xatruch no ha dado seguridad al Aguán”, afirmó el MUCA en un comunicado circulado a través de la red.
¿GUERRILLEROS?
En diciembre de 2009, miles de campesinos agrupados en el MUCA ocuparon alrededor de 10,000 hectáreas de tierras en poder del empresario agrícola Miguel Facussé.
La acción provocó que los medios de comunicación comerciales desplegaran sendas campañas de desprestigio y acusaron a los labriegos de organizar una célula guerrillera con propósitos de desestabilizar el país.
La campaña continuó y en noviembre de 2010 el presidente Porfirio Lobo Sosa, ordenó la militarización de la zona a través del operativo Tumbador.
El mandatario argumentó tener en su poder un informe de inteligencia militar que le aseguraba que en esa región existían grupos armados para desestabilizar al gobierno.
Para este momento el MUCA había iniciado un proceso de recuperación de varias fincas de palma africana en poder de los empresarios Miguel Facusse, René Morales y Reinado
Canales.
TUMBADOR
El operativo se mantuvo durante varios meses y el gobierno no informó si decomisó o no armas.
El gobierno aparentemente fracasó con Tumbador en su política para poner fin a la violencia en el Bajo Aguán.
Militares y policías enfocaron el operativo en desalojar a los campesinos que ocupaban las fincas, los labriegos, por su lado acusaron a los militares y policías de violar sus derechos humanos.
XATRUCH
Lobo incrementó en agosto de 2011 el número de militares y policías en el Aguán a través de la Operación Xatruch. Con ello, se continuó desalojando a los campesinos.
Las denuncias por violación a los derechos humanos trascendieron las fronteras y en marzo de 2012, casi 100 congresistas de Estados Unidos instaron a Lobo a solucionar el conflicto agrario.
Ellos también pidieron a su gobierno suspender la ayuda militar a Honduras.
“Estados Unidos debe suspender su asistencia militar a Honduras, ante la ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos”, dijeron los políticos estadounidenses en una carta enviada a la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán también ha demandado suspender las operaciones militares.
COMPROMISOS
El 13 de abril de 2010, el gobierno se comprometió a entregar al MUCA 11,000 hectáreas de tierra, de las cuales 7,000 estarían cultivadas con palma africana y las restantes 4,000 sin cultivar. El MUCA solo recibió 4,000.
El acuerdo también señaló que en 90 días el gobierno entregaría otras 3,000 hectáreas y que en el término de un año los campesinos recibirían 8,000 hectáreas más.
El gobierno también se comprometió a construir 500 viviendas, un centro de salud y escuelas. Y esos beneficios todavía no los recibe la población del Aguán
German H. Reyes R.
Periodista Revistazo
26/febrero/2013