Por: COMUN, 24 agosto
Policía preventiva presenta denuncia contra sacerdotes y manifestantes golpeados
El Progreso Yoro. La representante legal de la Policía Preventiva , Rosibel Estrada, interpuso formal denuncia ante la Fiscalía , contra dos sacerdotes de la Iglesia católica y 51 personas más, acusados de los delitos de intento de homicidio, amenazas, lesiones, daños y obstrucción de la libre locomoción.
Entre los denunciados cuentan los sacerdotes Marco Aurelio Lorenzo, párroco de la iglesia de Macuelizo, Santa Bárbara y Reginaldo García, Vicario de la Diócesis de Occidente.
La abogada presentó el escrito cerca de las cuatro de la tarde del martes anterior y al salir de la Fiscalía manifestó que como pruebas presentará un agujero de bala en el helicóptero que vigilaba la zona y en el que se conducía el Comisionado Napoleón Nazzar Herrera.
Asimismo dijo tener en su poder videos y testimonios de personas que presenciaron el desalojo. Sin embargo, el sacerdote Miguel Pozuelo, aseguró la denuncia interpuesta por la profesional del derecho, no obedece más que a un intento de poner un tapón en la boca de las personas que fueron afectadas.
Antecedentes
El pasado 17 de julio miles de pobladores de diferentes comunidades de los departamentos de Copán y Santa Bárbara se tomaron la carretera internacional para exigir al Congreso Nacional la aprobación de una nueva Ley de Minería, con el propósito de reducir los daños provocados por las explotaciones mineras a
cielo abierto.
La acción fue duramente reprimida por la Policía Nacional y para desalojar a los manifestantes, los agentes policiales utilizaron toletes, tanqueta rociadora de agua, gases lacrimógenos y armas de fuego, dejando como saldo a decenas de lesionados por los golpes y a tres personas heridas de bala.
Por la magnitud de los hechos la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentaron un informe detallado a una misión de Amnistía Internacional que recientemente visitó el país, pues ésta es la segunda ocasión que la policía dispara sus armas de fuego contra manifestaciones realizadas en el occidente del paìs, provocando graves daños físicos y psicológicos en las personas.
El informe responsabiliza de los hechos al Ministro de Seguridad, Álvaro Romero y al alto Comisionado de Policía para la zona Nor-Occidental, Napoleón Nazzar, por haber instruido a sus subalternos a actuar con alevosía y ventaja en contra de hombres, mujeres, jóvenes y niños que exigían el derecho a ser escuchados por los diputados en la Cámara Legislativa.
Para formalizar la denuncia, Amnistía Internacional, ACD y COFADEH, se reunieron el seis de agosto. El caso se encuentra en proceso de documentación.
Purificación Hernández, miembro de la ACD informó tener conocimiento que el Ministro de Seguridad prepara una ola represiva contra la dirigencia de ACD y que en tal sentido disponen documentar el caso para presentarlo ante la Corte Interamericana de derechos Humanos.
“El Ministro de seguridad dio declaraciones a una emisora y dijo que si en esta lucha van a haber mártires, que los mártires serán de la Alianza Cívica ”, puntualizó Hernández.