Según informes policiales la autoría de esos delitos recae en un 25 por ciento en supuestos militantes de pandillas y un 75 por ciento en personas o grupos desconocidos. En el 100 por ciento de los crímenes se utilizó como instrumentos de muerte, armas de fuego como: revólveres, pistolas 9 mm y AK -47.
El Ministro de Seguridad Alvaro Romero ha expresado en varias ocasiones que los índices delincuenciales son normales, y que lo que existe es una falsa percepción de que las acciones delictivas van en aumento. Sin embargo, el caso más reciente ocurrió el pasado 9 de julio en el Centro Pedagógico Renaciendo, cuando tres jóvenes supuestamente pertenecientes a la Mara 18 murieron a balazos aparentemente a manos de seis integrantes de la Mara Salvatrucha.
Renaciendo es dependencia del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), un lugar de privación de libertad para jóvenes infractores, ubicado en el Valle de Amarateca, a 32 kilómetros de la capital hondureña.
Las víctimas fueron identificadas como José Armando Guifarro, Juan Antonio Vargas y Franklin Gerardo Hernández, residentes en Tegucigalpa y que guardaban prisión acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas, infracciones tipificadas en el artículo 332 del Código Procesal Penal, más conocido como “Ley Antimaras”.
El reporte policial señala que los supuestos hechores apodados el “Explor”, “Little Onix”, “Gaspar in”, “Little Loco”, “Temblo” y “Chiqui” pertenecientes a la Mara Salvatrucha lograron despojar de las llaves de la celdas y una pistola a un educador cuyo nombre no se reveló y le arrebataron su revólver a un guardia de seguridad privada, encargado de velar por el orden en ese centro.
Los adolescentes ingresaron a la celda de las víctimas, las ejecutaron a balazos y luego les enterraron punzones en las cabezas. En la escena del crimen se encontraron casquillos de pistolas calibres 22, 9 mm y 38 según el informe policial.
Al respecto el director de Casa Alianza, Manuel Capellín sostuvo que “Honduras es un país que se define como Estado de Derecho, pero expresar que se vive en un sistema democrático o en un Estado de Derecho cuando a diario son asesinados niños, niñas, adolescentes y jóvenes es contradictorio”.
Casa Alianza instó al gobierno que preside Manuel Zelaya Rosales (instalado el 27 de enero de 2006) a que fortalezca con recursos humanos, técnicos y financieros a la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores para que se investigue de manera eficiente y efectiva éstos hechos.
Las condiciones infrahumanas en que permanecen privados de libertad los jóvenes en los centros de “rehabilitación”, llamaron la atención del poeta español Juan Carlos Mestre que visitó el país en noviembre del 2005 a través de una invitación que le formularan académicos hondureños, organismos de derechos humanos y la Embajada de España en Honduras.
Mestre escribió una carta a la ex primera dama de la nación Aguas Ocaña, de origen española, quien coordinaba las acciones del IHNFA a favor de los niños y niñas huérfanas o en situación de riesgo social. La misiva narra las terribles experiencias y las condiciones deplorables en que permanecen los jóvenes infractores en los diferentes centros del país.
En uno de los párrafos de la carta se lee lo siguiente: “He visto a decenas de muchachos, niños, adolescentes, encerrados como alimañas en jaulas insalubres, barracones oscuros, sin ventilación, enfermos, hambrientos, desesperados”.
Y además señala… “He hablado con ellos, me han relatado episodios que ofenderían la sensibilidad de los oídos más indiferentes, he visto las huellas de los malos tratos y la tortura en sus cuerpos, he mirado sus rostros horrorizados por el miedo, el temor a una nueva violación, a otro simulacro de fusilamiento, a la siguiente paliza.
Nada más elocuente que el relato de éste poeta español que compartió con los jóvenes su triste y aterradora experiencia en el complejo Pedagógico Renaciendo en Amarateca, departamento de Francisco Morazán.
Durante el mes de junio de este año, 32 nuevas víctimas menores de 23 años se sumaron al registro de muertes violentas y ejecuciones. Durante el tiempo transcurrido del presente gobierno se ha alcanzado la cifra de 205 asesinatos de jóvenes en el país, según estadísticas de Casa Alianza.
Comunicación Comunitaria COMUN
12 de julio 2006