En 1977, Temístocles Ramírez, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, compró 5 mil 700 hectáreas pagando 165 mil Lempiras en la costa del departamento, en flagrante violación a la Constitución que prohíbe que los extranjeros puedan ser propietarios de territorios costeros y de zonas fronteriza.
En el marco de la estrategia de la doctrina de la seguridad nacional, en 1983, los Estados Unidos obligó al gobierno de Honduras a instalar el CREM y este se vio obligado a expropiar a Temístocles Ramírez.
En 1987, Temístocles apeló al gobierno de los Estados Unidos, exigiendo una indemnización por “sus” tierras. El 29 de junio de ese año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acordó reducir en 17 millones de dólares un préstamo a Honduras de US $ 51 millones hasta que el gobierno hondureño le pagara a Temístocles esa suma millonaria. Esas tierras fueron compradas con deuda externa. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de Honduras.
En 1991, en el gobierno de Callejas se proclamó la nueva Ley de Municipalidades, según la cual se permitía a los municipios vender todas las tierras no tituladas, nacionales y ejidales. La municipalidad de Trujillo vendió las tierras del CREM a ganaderos locales por sólo 20-30 lempiras la hectárea. Así, lo que al gobierno le costó 17 millones de dólares, lo vendió la municipalidad por menos de 50 mil. Fueron ventas ilegales porque las tierras del CREM no eran ejidales ni nacionales (sin título), sino tierras tituladas a favor del Estado.
En 1993, la Procuraduría traspasó formalmente estas tierras al INA para que las distribuyera entre campesinos y campesinas sin tierra. Pero el conflicto violento no concluyó ahí. Aún cuando las compras habían sido ilegales, los terratenientes exigieron que el Estado de Honduras les pagara las mejoras y los gobiernos cedieron pagándoles 105 millones de Lempiras.
De agosto del 2008 a septiembre de 2009 se cuentan entre 17 y 19 muertos resultantes del conflicto entre campesinos de la Comunidad Guadalupe Carney (GC) y los terratenientes. Desafortunadamente el conflicto no concluyó ahí. Hace algunos años Miguel Facussé cultivó con palma africana 700 manzanas que pertenecen a esa comunidad. De acuerdo a la versión de los campesinos de la Guadalupe Carney, Miguel Facussé se tomó esas tierras ilegalmente junto con otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera.
Como los campesinos sabían que esas tierras les pertenecían, 9 meses atrás las tomaron. Pero Miguel Facussé reaccionó y los desalojó con la utilización de aproximadamente 300 guardias de seguridad. Esta situación dio pie a que se iniciaran negociaciones entre los campesinos del MCA y Miguel Facussé, partiendo del reconocimiento de parte de este terrateniente que esas tierras no le pertenecían. Lo que se discutía entonces era el pago de las mejoras, pretendiendo a aprovecharse de los recursos del Estado hondureño. Las negociaciones se realizaron con mucha lentitud y la participación del INA no estuvo a la altura de lo que le manda la ley dejando espacio a la violencia.
Bajo esas circunstancias, a las 4 de mañana de hoy, campesinos de la GC se tomaron las 700 manzanas que ilegalmente ocupa Miguel Facussé en el sector de “El Tumbador”. Pero luego de la toma de tierras, aproximadamente 300 guardias privados de Miguel Facussé intentaron desalojarlos. El intercambio de disparos duró 4 horas según la misma fuente.
Hasta la hora de este comunicado se confirma la muerte de Teodoro Acosta campesino de la empresa “Nueva Vida”; Ignacio Reyes de “Familia Unida Dos”; Raúl Castillo de la “14 de Mayo” y Ciriaco Muñoz de la “Nueva Esperanza”. Hay 4 heridos: Calidonio Ramírez, Pedro Eleazar Deras, Marvin Jerónimo Méndez Leiva y Abraham Martínez, así como el desaparecimiento de José Luis Sauceda y Noé Pérez. Viviendas e instalaciones de las cooperativas “10 de Abril” y “14 de julio” fueron dañadas por los disparos de los guardias de seguridad de Miguel Facussé.
Sospechosamente la policía se presentó al lugar de los hechos hasta las 12:30 como que si estuviera interesada en que los resultados fueran más dramáticos. Su propósito y su acción fue la desalojar a los campesinos y dejar en posesión de las tierras a los guardias de Facussé.
De nuevo queda claro que las instituciones del estado están al servicio de los terratenientes de la región y los guardias de seguridad sustituyen a los organismos represivos del estado y proceden a capturar, torturar y asesinar a quienes se oponen a los poderosos con toda autoridad y complicidad con la policía.
Exhortamos a los organismos de derechos humanos, gobiernos y organismos supranacionales presionar al régimen de Porfirio Lobo para que detenga la violencia que tanto daño causa a los pobladores del Valle del Aguán.
Macuelizo 15 de noviembre de 2010
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