La patrulla de la Fuerza Naval detuvo a los pescadores y según las versiones recabadas, se les permitió proseguir siendo posteriormente atacados, y como consecuencia de la agresión armada de los militares falleció el pescador Guillermo Norales.
Los medios de comunicación señalaron que eran seis los militares implicados en el homicidio, pero la Fiscalía señalo sólo a cinco, excluyendo al oficial a cargo de la nave. El diario La Prensa (25(09)08) en su reseña sobre los acontecimientos, incluye las declaraciones del Subcomisario José A Iscoa, quien señalo “que una patrulla de la naval, dirigida por un capitán Mateo de La Ceiba, andaba haciendo un rastreo por narcotráfico y ambiente en esa área”.
El asalto a los pescadores se justificó como una acción de protección al medio ambiente, ya que supuestamente los pecadores encontraban en las inmediaciones del Refugio de vida Silvestre Cuero y Salado.
El asesinato de Guillermo Norales forma parte de una cadena de agresiones perpetradas por miembros de la Fuerza Naval a pescadores garífunas, siendo el Archipiélago de Cayos Cochinos el lugar donde más violaciones se han cometido en contra del pueblo garífuna.
En la actualidad los pescadores de Cayos Cochinos acompañados por la OFRANEH, ventilan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH una petición por el intento de asesinato al buzo Jesús Flores Paredes Satuye, el que recibió impactos de un arma de fuego a principios del año 2001, sin que las autoridades hayan investigado el caso en forma fehaciente, dando a entender el mensaje que poco vale la vida de los pescadores garífunas, y el nulo acceso a la aplicación de justicia en Honduras que tienen los pueblos indígenas.
Cabe señalar que Cuero y Salado fue originalmente poblado por lo garífunas, los que fueron sometidos en el año de 1992, a un desalojo silencioso por parte de las autoridades del refugio de Vida Silvestre de Cuero y Salado. El plan de manejo impuesto y las restricciones al derecho a la alimentación crearon un éxodo de esas dos comunidades que estaban radicadas en la zona desde 1880.
A pesar de la existencia del área protegida, las autoridades ambientales nunca tomaron las medidas para frenar la contaminación causada por una planta de extracción de aceite de palma africana, propiedad de la transnacional DOLE, que contaminó a través del Caño Marineros los humedales del refugio, extendiéndose la mancha de contaminación al arrecifal conocido como Sal Medina a unas dos millas de la costa.
Posterior a la creación del Refugio de Cuero y Salado se dio la compra (1993) de un islote y varios cayos por un empresario suizo de asbestos, que pasó a convertirse en el Parque nacional Marino de cayos Cochinos, donde se trató de efectuar el mismo tipo de desalojo que hicieron los “ambientalistas” de Cuero y Salado.
El pueblo garífuna ha tenido una consistente historia de respeto a la naturaleza y conservación de los habitats de los cuales obtenemos nuestro sustento. En la actualidad más de la mitad de las comunidades en que habitamos se encuentran dentro de áreas protegidas o sus zonas de amortiguamiento, lo cual es un indicador del grado de respeto de nuestro pueblo hacia la naturaleza.
Sin embargo, la gran mayoría de las áreas protegidas nunca fueron consultadas y mucho menos discutidos con los pobladores locales, dando lugar a una serie de abusos de los derechos humanos por parte de las autoridades hacia nuestro pueblo.
Es inaudito el argumento esgrimido por la defensa de los militares en cuanto que no pudieron identificar el hechor del asesinato de Guillermo Norales, la actitud asumida por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba parece ser más la de un tribunal militar tratando de encubrir a violadores de derechos humanos.
Las actuales circunstancias que vive el país, se prestan para todo tipo de arbitrariedades y podemos considerar la sentencia emitida el día de ayer, como una señal inequívoca del severo retroceso jurídico que implica el golpe de estado.
En la Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH, nuestra organización acompaña un caso relacionado con el derecho al uso del hábitat que poseen las comunidades garífunas del archipiélago, las que viene padeciendo de restricciones y violaciones a los derechos humanos, como consecuencia de planes de manejo inconsultos y la actitud racista de los miembros de la Fundación Cayos Cochinos, los que promueven el turismo al mismo tiempo desencadenan una persecución a la población local, promoviendo así mismo la división interna a través de dádivas.
Esperamos que el asesinato de Guillermo Norales no quede en la impunidad como suele suceder con los homicidios cometidos por la Fuerzas Armadas en Honduras.
El retroceso histórico que implica el golpe de estado y sus efectos en la aplicación de justicia debe servir como un partida de partida para la unificación de nuestro pueblo en la lucha en contra de la tiranía y la construcción de una verdadera democracia.
La Ceiba, Atlántida 08 de Septiembre del 2009.
Miriam Miranda
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Comun-Noticias
8 de Septiembre 2009