Análisis de los 100 días de Lobo por diputados del moribundo liberalismo ignora la represión

Partido Liberal de Honduras
07/05/2010

Análisis de la situación política, económica y social del país durante los primeros 100 días de gobierno de la administración nacionalista.

100 días de Gobierno Nacionalista

Durante la campaña electoral el Partido Nacional de Honduras, le prometió al pueblo hondureño ejecutar una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos; hoy, 100 días después de haber tomado posesión, podemos decir que no hay visos de que esto pueda ocurrir, todo lo contrario, da la impresión que la administración nacionalista transita por un sendero totalmente opuesto al prometido y al que anhela la población en general.

Los índices de inseguridad van en ascenso y la sensación de indefensión que tienen los hondureños se acrecienta, al ver como diariamente mueren más de 16 personas violentamente sin que autoridad alguna pueda detener esta vorágine ni dar con los culpables de los crímenes.- No existiendo por consiguiente en el país seguridad jurídica, que garantice certidumbre a las transacciones ni a los actos de los ciudadanos.

Asimismo, los nacionalistas no tienen un plan concreto para reactivar la economía nacional, y han sido incapaces de formular una política tributaria integral que sea equitativa y que rápidamente aminore la brecha fiscal existente; de la misma forma, no existe ninguna política monetaria y mucho menos apoyo al sector productivo nacional, y en materia energética –con desacertadas decisiones- están llevando a la quiebra a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

En materia de servicios públicos básicos, el desempeño gubernamental ha sido insuficiente, evidenciándose en la ingobernabilidad del sector educativo, la permanente confrontación con los gremios y la falta de asignación de recursos para mantener el financiamiento de programas tan importantes como: la “Matricula Gratis” y la “Merienda Escolar”; de la misma forma en el sector salud, se evidencia el abandono del monitoreo y control de las enfermedades preexistentes, el desabastecimiento de los medicamentos en la red Hospitalaria del país y la manipulación dolosa en su adquisición.

Uno de los excesos de quiénes detentan el poder, es el nombramiento de 17 Comisionados Regionales que recayeron en activistas políticos cuyo sueldo mensual es de L.140, 000.00; lo que suma un egreso mensual de L.33, 320,000.00 anuales, más viáticos y gastos de representación en las condiciones económicas actuales, nombrados de manera inconsulta con los ciudadanos de los departamentos y quiénes “usurpan” la representación del Poder Ejecutivo que históricamente los Gobernadores Departamentales han ostentado y lo más grave, la “suplantación” de los Gobernadores, quiénes siempre fueron originarios o nativos de los departamentos, por personas ajenas, en algunos casos, al departamento, lo que redunda en perjuicio de los ciudadanos y de los intereses del mismo.

Estancado el proceso de restablecimiento del Estado de Derecho

A 100 días de gobierno, en Honduras no se cuenta con Seguridad Jurídica

A 100 días de Gobierno, el Partido Nacional, responsable de garantizar la estabilidad social y relaciones internacionales; transmite mensajes incoherentes, errados y alejados del “humanismo cristiano” que pregona, incrementando la incertidumbre que existe sobre el presente y futuro del Estado.

La inseguridad jurídica que reina en el país, ha quedado plenamente demostrada cuando en el Poder Legislativo, donde se debe generar precisamente la “seguridad jurídica”, por sus atribuciones constitucionales expresas de crear, decretar, interpretar, reformar o derogar las leyes, el pleno “aprueba” disposiciones legales y se “publican” otras, algunas modificadas, otras totalmente alejadas de la aprobación realizada por el pleno de la Cámara Legislativa, quedando con ello, plenamente demostrado “el manoseo” que sufren las leyes, a conveniencia de los grupos privilegiados del país y en detrimento de los sagrados intereses de la Patria y de las grandes mayorías, sin que a la fecha al pueblo hondureño se le informe quién o quiénes ordenaron dichas alteraciones, quien o quiénes las realizaron y quién o quiénes ordenaron su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, como es el caso patético de la Ley de Fortalecimiento
de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Paquetazo Fiscal).

La criminalidad aumenta!

A pesar que la principal promesa de campaña del Partido Nacional, fue atacar frontalmente a los delincuentes, capturarlos y hacer que paguen sus transgresiones a la Ley, los resultados obtenidos hasta la fecha por la Secretaría de Seguridad son mediocres y en el país se tiene la sensación de que la criminalidad se está apoderando de las comunidades y ganándole la batalla a las fuerzas policiales.

Las autoridades del gobierno Nacionalista prometieron que en los primeros 30 días del gobierno, controlarían a las bandas criminales y garantizarían la seguridad de las personas y sus bienes, pero esto no ha sido así, y hoy en día – pese a que la sociedad hondureña está clamando a gritos “¡seguridad!”- los delincuentes hacen de las suyas en los barrios, colonias y caseríos de los 298 municipios del país.

Cada hora y media, muere una persona a causa de la violencia y la delincuencia que azota a Honduras, a razón de un promedio de 16 muertes por día; según sondeos especializados, 6 de cada 10 habitantes de la Capital, han sido víctimas de la violencia, siendo el promedio de muertes por causa de la violencia en Honduras de 63 personas por cada 100 mil habitantes, el promedio más alto de América.

Los nacionalistas no tienen un plan para reactivar la economía nacional

Incapaces de reactivar la economía

La incapacidad, falta de creatividad y conflicto de intereses de los funcionarios que integran el Gabinete Económico del gobierno Nacionalista ha impedido revertir la precaria situación económica del país, que surgió como consecuencia de la crisis financiera internacional y la ruptura del orden constitucional generada por la crisis institucional del 28 de junio del 2009, que mantiene en la quiebra al Estado y empobrecido al pueblo hondureño.

Una situación como la actual, en el marco de pronósticos nada halagüeños, como los del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pronostica apenas un 2% de crecimiento para el año 2010 y una leve recuperación económica de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de América, demandan una plan de reactivación económica de corto plazo que evite mayores perjuicios sociales y el impacto negativo de la crisis en los sectores vulnerables del país; no obstante, lo que se puede presenciar en los primeros cien días de gobierno es la improvisación en lo que respecta a decisiones económicas, la falta de una estrategia clara hacia adónde se quiere ir, y la lucha de intereses de los grupos interpartidarios que financiaron la campaña y que ahora pasan la factura.

Hasta la fecha, el gobierno nacionalista no ha sido capaz de hacer nada que reanime nuestra economía, todo lo contrario, la inacción de sus funcionarios ha intensificado la crisis y elevado el impacto negativo de la misma en la clase media y los pobres del país, mostrando la inhabilidad para resolver los problemas que exigen inmediatas soluciones; cuando les toco tomar alguna decisión, hicieron uso de los tradicionales paquetazos tributarios para paliar temporalmente la brecha fiscal, mostrando la incapacidad de poder impulsar soluciones integrales.

Paquetazo fiscal

Sin consultarle a nadie, al margen de los acuerdos que el mismo gobierno dice buscar con los organismos financieros internacionales e intentando agenciarse recursos a como dé lugar, igual que lo hiciera con el tristemente famoso Decreto 18(90 en la época de Rafael Leonado Callejas Romero, el gobierno del “humanismo cristiano” clavo tremendo paquetazo fiscal a los hondureños, mediante la presentación ante el Congreso Nacional –de mayoría nacionalista) a través de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, y la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera; la aplanadora azul en el Congreso, aprobó una serie de medidas que perjudican a la población hondureña, mientras generan beneficios adicionales para sectores vinculados a la actual administración.

El aumento a las tarifas de la energía eléctrica, el impuesto a las llamadas internacionales, el aumento del impuesto sobre ventas a las tarifas de celulares, a la Internet y a la importación de automóviles usados, y el establecimiento de una impuesto sobre la renta a los alquileres, muestran los efectos negativos sobre la clase media y de ingresos bajos en nuestro país.

Con estas medidas, más que impulsar una reforma fiscal integral que tenga como objetivo incentivar la actividad económica y generar mayor equidad, lo que se ha logrado es la aprobación de leyes que su única finalidad es la de agenciar mayores recursos al gobierno, sin ninguna consideración por las necesidades de los sectores productivos y de la población más necesitada; se resiste el actual gobierno a eficientar el uso de los recursos disponibles, mejorar los controles para evitar la defraudación y evasión fiscal, y reducir el gasto corriente de la administración pública, en su lugar aplica incrementos a los tributos, acrecentando la carga fiscal sobre los hombros de los ciudadanos que menos tienen, ampliando la brecha social y empobreciendo más a las grandes mayorías.

Ninguna política monetaria y mucho menos apoyo al sector productivo nacional

Durante estos 100 días de la gestión del Partido Nacional se denota la ausencia de un programa monetario del Banco Central que señale cuál será la política monetaria y cambiaria del gobierno, lo que influye negativamente en las condiciones crediticias del sistema financiero, mismo que es vital para crear un marco adecuado para impulsar la reactivación de la economía nacional.

La desidia gubernamental por el sector real de la economía evita dinamizar los sectores estratégicos que más empleo generan y mayor riqueza producen en el territorio nacional, de esta forma, la industria de la construcción se encuentra semiparalizada, no se cuenta con una política agropecuaria definida, ni programas que respalden a los micro, pequeños y medianos empresarios; tampoco se hace nada en cuento a mejorar las condiciones de competitividad de las empresas, ni mucho menos respaldar a los pequeños exportadores. Todos los esfuerzos del gobierno nacionalista, van dirigidos a garantizar los privilegios ancestrales de los cuales han gozado los grandes grupos empresariales y que fundamentalmente tienen relación a exoneraciones fiscales y otros privilegios normativos.

Van a quebrar la ENEE

En los primeros 100 días del gobierno del Partido Nacional, Honduras paso a ser el país centroamericano con la energía y combustibles más caros del área.

De igual manera, la ENEE tiene nuevamente una deuda de más de Lps. 1 mil millones que tendrán que pagar los consumidores y en general el pueblo hondureño, como consecuencia de la forma en que se ha administrado la empresa estatal en los últimos meses, con elevadas pérdidas y un incremento sustancial de la mora.

Los nacionalistas: ni humanistas ni cristianos

Los nacionalistas no están interesados en la protección social

El Gobierno del Partido Nacional, ha modificado dramáticamente el enfoque social de la gestión estatal y contrario a lo que hacemos los liberales, han colocado al ser humano en un segundo plano, alejándose del discurso demagógico que imperó en la campaña electoral, en la cual ubicaron al Partido Nacional de Honduras como entidad promotora del “Humanismo Cristiano”; con las primeras actuaciones de los funcionarios gubernamentales y congresistas “cachurecos”, no queda la menor duda que ni son humanistas ni mucho menos actúan en estricto apego a los valores y principios del cristianismo.

La falta de solidaridad con los más pobres no denota humanismo alguno y se aleja de las creencias cristianas que dice que debemos “amar a nuestro prójimo como a ti mismo”; existe una marcada tendencia a desconocer el papel del Estado como garante de la equidad social y la redistribución de la riqueza, y esto se ve reflejado en el contenido de la Visión de País 2010(2038 y el Plan de Nación 2010)2022, el cual –además de no haber sido consultado con ningún sector de la sociedad hondureña- no establece como política de Estado la protección social, obvia la atención integral a las familias en condiciones de riesgo social y pobreza extrema, e invisibiliza a sectores tan importantes como la mujer, los indígenas y afro hondureños, la tercera edad, la niñez y la juventud.

De igual forma, no se percibe el interés de fortalecer un sistema institucional público del sector social que articule el funcionamiento de los distintos programas y proyectos, y que alinee intervenciones gubernamentales de alto impacto en materia de protección social, desarrollo de capacidades y reducción de pobreza. La dispersión de la institucionalidad gubernativa del sector social es evidente, marcada fundamentalmente por el bajo perfil que se le ha dado al Gabinete Social, a la Secretaria de Desarrollo Social, a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y a los esfuerzos que en el pasado reciente realizaba la Red Solidaria.

¿Bono Diez Mil, la mutilación de la Red Solidaria?

Con el Bono Diez Mil, se mutilan todos los programas sectoriales de asistencia social, creados y ejecutados por el gobierno Liberal, convirtiéndose en una ilusión para miles de familia hondureñas que viven en condiciones de pobreza extrema y que demandan del Estado apoyo para satisfacer las necesidades básicas alimenticias de sus familias; es un programa que aun no llega a las comunidades a efectuar el impacto anunciado y cuando llega, apenas es entregado parcialmente y en el proceso de entrega se privilegia –lamentablemente- la filiación política partidaria.

La politización del BONO diez mil llega al extremo que ser nacionalista es requisito indispensable para tener acceso expedito a los pocos bonos disponibles, lo que no es menos que repugnante y digno de reprochar, ya que este tipo de intervenciones deben basarse estrictamente en la comprobación que los beneficiarios reúnan los requisitos de previamente establecidos por el organismo rector de la operación.

Educación y salud

Pese a que durante la anterior administración liberal se cumplió a cabalidad con el Estatuto del Docente y se inició un proceso para garantizar la permanencia de los docentes en las aulas, elevar la calidad educativa y darle gobernabilidad al sector, mediante el respeto a los procesos de selección, nombramiento y estabilidad de los docentes y administradores educativos, hoy en lo que va de estos 100 días vemos como el gobierno nacionalista desconoce, ignora y tergiversa el espíritu de las leyes que rigen el sistema educativo, despidiendo Directores Departamentales de Educación y mas de 2000 docentes nombrados por las comunidades que atienden las Escuelas PROHECO, todas estas arbitrariedades tienen como telón de fondo el crudo sectarismo partidario, que para los liberales eran practicas superadas.

El incumplimiento al pago de los docentes, la no ampliación del número de profesores para atender el crecimiento vegetativo del alumnado nacional, la no entrega de recursos correspondientes a la “Matricula Gratis” y la irregular implementación de la “Merienda Escolar”, corroen los cimientos donde descansan los pilares de un sólido sistema educativo, creando conflictividad en el Sector y una permanente confrontación entre la dirigencia magisterial y las autoridades educativas, a tal extremo que antes de cumplirse los primeros 100 días de gestión del actual Secretario de Educación, ya muchos gremios piden su destitución.

  • Por otro lado, la crisis económica del gobierno también afecta el desempeño del sistema de salud pública, el que en este momento está colapsado, con la limitada disponibilidad de recursos para poder atender la demanda ciudadana; los hospitales y centros de salud están desabastecidos de medicamentos y de material médico-quirúrgico, lo que evita la prestación eficientemente de los servicios de salud. Según información suministrada por las mismas autoridades sanitarias, del total de medicamentos de cuadro básico del sistema sanitario nacional, apenas se tenía disponibilidad de menos del 50% de ellos.

Yani Rosenthal Hidalgo
Diputado por el Departamento de Cortes

Jose Angel Saavedra Posadas
Diputado por el Departamento de Copan

Carlos Martinez
Diputado por el Departamento de Cortes

Eric Rodriguez
Diputado por el Departamento de Lempira

Perla Simmons
Diputado por el Departamento de Francisco Morazan

Freddy Najera
Diputado por el Departamento de Olancho

Mario Segura
Diputado por el Departamento de El Paraiso

Marcio Vega Pinto
Diputado por el Departamento de Copan

Norma Aracely Aguilar
Diputado por el Departamento de Copan

Eleazar Juarez
Diputado por el Departamento de El Paraiso

Yury Christian Sabas
Diputado por el Departamento de Choluteca

Jose Armando Cerros
Diputado por el Departamento de Comayagua

Emilio Cruz Menendez
Diputado por el Departamento de Comayagua

Carlos Javier Romero
Diputado por el Departamento de Copan

Fuente: Voselsoberano.com

Dejar una respuesta