Ayala representa a 16 de 960 trabajadores que el primero de julio del año pasado quedaron sin empleo luego que los empresarios de origen coreano abandonaran el país, sin haber pagado el l ultimo salario y las prestaciones.
La mayoría de los obreros contrataron los servicios profesionales de la licenciada Edna Patricia Gonzáles con el fin de recuperar sus derechos laborales. La profesional logro una sentencia definitiva en el Juzgado Primero del Trabajo de San Pedro Sula, adjudicando los bienes a los trabajadores y el remate del patrimonio de la empresa.
Según Ayala, Gonzáles se ha negado a informar a los obreros sobre la cantidad de dinero recibido por la venta de activos, y esto la ha obligado a solicitar a los tribunales una rendición de cuentas, tramite que ya lleva tres meses.
Debido a diligencias legales, Gonzáles ha logrado retrazar el informe sobre su gestión. “Tenemos conocimiento que ha depositado cantidades millonarias de dinero en su cuenta personal y esta situación esta debidamente acreditada en el juzgado”, reitero la licenciada Ayala.
Se estima que son unos 21 millones de lempiras
“Han habido problemas en el manejo del expediente, lo cual me llevo a presentar una denuncia en la Inspectora de los Tribunales por el manejo irregular que ha tenido esta solicitud de rendición de cuentas”, expres6 la entrevistada.
Por otra parte un grupo de ex obreros presento una denuncia ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados por considerar que la licenciada Edna Gonzáles ha faltado a la ética profesional al estar percibiendo cantidades de dinero que es propiedad de los ex trabajadores y al negarse a entregarlo.
Asegura Ayala que en esta instancia también se han presentado retrasos en el tramite, debido al extravió de la denuncia nunca salio de San Pedro Sula, coincidiendo con el hecho de que el hermano le la licenciada Gonzáles es miembro de la directiva del Capitulo del Colegio de bogados esta ciudad, por lo que supone que hubo algún tipo de irregularidad. Se espera que en Tegucigalpa atiendan la denuncia ya que fue enviada una copia.
Al consultarle sobre las consecuencias que esta denuncia podría traerle a la licenciada González, Ayala dijo que en caso de encontrar elementos probatorios que ella ha fallado a su ética profesional, podría ser suspendida del ejercicio profesional por un determinado tiempo.
“Se tiene que analizar a fondo esto porque tenemos inclusive noticias que no es la primera vez que la licenciada Gonzáles percibe a nombre de trabajadores cantidades de dinero y los deposita en su cuenta bancaria y hasta meses después los entrega. Eso no es correcto,
Sobretodo si se esta jugando con las prestaciones de trabajadores humildes que necesitan ese dinero”, expuso la licenciada Silvia Ayala.
Ayala asegura que Gonzáles le manifestó que en la fabrica ya no quedaban activos y solo faltaba por vender un terreno. De acuerdo con el avaluó hecho por Gonzáles, podría haber percibido hasta veintiún millones de lempiras, pero no se sabe con precisión porque no se han presentado los detalles del remate.
“Nos parece bastante raro porque si usted ha estado manejando correctamente estos fondos, pues lo mas lógico es que pueda expresarle a los dueños de estos activos, que son los trabajadores, en que cantidades los ha vendido, sin embargo ella hasta este momento se ha negado a presentar el informe”, concluyo Silvia Ayala.
Fuente: Vida Laboral Edic. No. 9 Julio del 2002