Los trabajadores de AFL (Alcoa Fujikura Limitada) se motivaron a organizar el sindicato ante los múltiples atropellos a sus derechos laborales y por los rumores de que la empresa pretendía cerrar y trasladarse a Nicaragua. El propósito es garantizar que la empresa se mantenga en el país, pero que respete los derechos elementales.
La constitución del Sindicato de Trabajadores de AFL Honduras, SITAFLH, se hizo el dos de junio de 2007 y toda la documentación necesaria para solicitar la Personería Jurídica fue presentada en Tegucigalpa el 13 de junio.
El 12 por la noche la empresa despidió a los seis miembros de la Junta Directiva. En los días siguientes continuaron despidiendo grupos de hasta 30 personas, casi todos afiliados al sindicato, del turno B que labora por la noche.
La empresa pretendió confundir diciendo que se trataba de reducción de personal. En efecto, más de mil personas del turno C fueron separados después de laborar los tres meses para los que fueron contratados. Pero los afiliados al sindicato tenían entre año y medio y tres años de laborar y muchos otros con menor antigüedad siguen todavía en AFL.
Días antes, el 5 de junio, fue despedida Lorna Redell Jackson, la principal organizadora del sindicato y quien dirigió la Asamblea Constitutiva.
Desde el momento que se constituye el sindicato los trabajadores deben ser protegidos por el Estado, según lo establece la Ley. Pero el Ministerio de Trabajo más bien ha sido cómplice en inducir a los despedidos para que acepten sus prestaciones
La empresa está violentado el Código de Trabajo; el Artículo 128, numeral 14, de la Constitución de la República; el Convenio 87 “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación” y el Convenio 98 “Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva” de la organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados por Honduras.
Los despedidos no aceptaron la liquidación de las prestaciones e iniciaron acciones exigiendo su reintegro durante más de quince días. Hasta mediados de julio, al cierre de esta edición, se mantenían sin cobrar sus prestaciones cinco directivos y algunos afiliados que demandan el respeto a la organización y su reincorporación.
Los trabajadores resisten
Los obreros despedidos de AFL Honduras han realizado varias acciones legales y de protesta en procura de que se respeten sus derechos.
Se presentó la denuncia ante la Oficina Regional del Trabajo, la empresa no atendió tres citas que se le hicieron. Se hizo entonces una inspección en la empresa el 14 de junio para hacer el reclamo por el reintegro de los directivos. Se asignó a la inspectora María del Carmen Cruz. Los obreros fueron acompañados por la abogada Priscila Alvarado y el Regidor Municipal Bartolo Fuentes, quien juramentó la directiva del sindicato el dos de junio.
Por la empresa atendió la coordinadora de personal Yolany Contreras, quien dijo que no tenía potestad de resolver nada y que no se encontraban los ejecutivos. Se le entregó la constancia otorgada por la Secretaría de Trabajo en Tegucigalpa de que se encuentra en trámite la personería Jurídica del sindicato. Ese mismo día la empresa inició con los despidos masivos.
Los despedidos, que ya sumaban 40, realizaron el mismo 14 un mitin a la hora de salida del personal de día y entrada del turno de noche. Los guardias de seguridad decomisaban a los trabajadores que entraban las volantes informativas que se les entregaban.
En actitud intimidatoria el jefe de seguridad Carlos Argueta y el gerente y propietario del Parque, Carlos Chaín, salieron hasta donde estaba la protesta, mientras otros guardias tomaban fotografías a los participantes.
El Director Regional de Trabajo en lugar de parar los despidos, facilitó sus oficinas para que el abogado de la empresa Nelson Ochoa y de Recursos Humanos José Angel xxxx entregaran los cheques de prestaciones. Los inspectores inducían a los obreros a que aceptaran los cheques “porque después podían perder todo”.
Ante esa situación los trabajadores se tomaron las instalaciones de la Regional de Trabajo el 19 de junio. Desde Tegucigalpa el inspector General de Trabajo Donaldo Martínez ordenó a El Director Regional, José Zúniga, que realizara una inspección personalmente a la empresa para hacerles saber “que los trabajadores despedidos están bajo la protección del Estado de Honduras y que la empresa está atentando contra la libertad sindical”.
Los trabajadores y Zúniga se presentaron el 20 de junio al parque industrial pero los guardias de seguridad no los dejaron entrar alegando que no había nadie de la empresa para recibirlos.
Los despedidos bloquearon por la tarde el portón de entrada y salida de personal al parque industrial al final de la jornada diurna e ingreso de la nocturna. Los trabajadores tuvieron que utilizar los portones de salida de vehículos, que utiliza todo el personal de confianza de las empresas. Ahí también se apostaron los despedidos para denunciar la negativa de recibirlos.
Las organizaciones sindicales y el Diputado del partido Unificación Democrática César Ham hicieron gestiones ante la Ministra de Trabajo, Ricci Moncada, y ésta ordenó a Zúniga que volviera a la empresa y se hiciera acompañar de la policía y si era necesario de la Fiscalía.
Al siguiente dia, 21 de junio, acompañados de un contingente policial el Director Regional, los miembros de la directiva sindical, la abogada Priscila Alvarado y el Comisionado de los Derechos humanos, Santos Sierra, se reunieron con los representantes de la empresa Vidal Flores Balsaldua, Gerente de recursos Humanos y la apoderada legal Maria Elena Ulloa.
No se resolvió nada porque alegaron que la decisión de reintegro solo la pueden tomar los ejecutivos que estaban fuera del país. Se levantó un acta donde se establece que la reunión se continuará cuando los ejecutivos de Alcoa se encuentren en el país. Hasta el cierre de esta edición siguen esperando.
La población ha apoyado a las obreras que han realizado colectas económicas y han levantado cientos de firmas de respaldo a su lucha.
Ante diputados del PARLACEN
Aprovechando una visita de los diputados del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, el 30 de junio los afiliados al SITAFLH, realizaron un plantón y distribuyeron información a los parlamentarios, y algunos les dieron su apoyo moral y les invitaron a presentarse al Parlamento para presentar su situación.
Con la Ministra de Trabajo
La directiva del SITAFLH sostuvieron el 2 de julio una reunión con la Ministra de Trabajo, Ricci Moncada, donde se le expuso toda la situación de violación a los derechos laborales en la empresa.
La Ministra se comprometió a intervenir personalmente desde Tegucigalpa para poner fin a los atropellos en la empresa, así como agilizar los trámites de la personería jurídica del sindicato.
Solidaridad
Con los trabajadores de AFL se han solidarizado las organizaciones de la Asamblea Popular Permanente de El Progreso, el Centro de Derechos de Mujeres CDM, organizaciones sindicales, el Bloque Popular, organizaciones magisteriales, el partido de los Trabajadores y el partido Unificación Democrática, UD.
A nivel internacional se ha tenido el apoyo del Comité Laboral de Estados Unidos que recogieron directamente información en El Progreso y han publicado su denuncia en su página de Internet www.nlcnet.org: y han realizado gestiones con sindicatos vinculados a las empresas de Alcoa. También se ha tenido contacto con los representantes de AFL-CIO, una asociación de sindicatos en Estados Unidos. Se realizó una reunión en El Progreso con Robert Wayss representante del Centro de Solidaridad en Guatemala. Wayss visitó ZIP el Porvenir con la intención de hablar con los ejecutivos de Alcoa, pero no lo dejaron ingresar.
Asimismo han ofrecido su apoyo el Comité de Servicio de los Amigos en Piedras Negras, México.
Las denuncias contra AFL Honduras se han publicado en diversos sitios de la Internet, incluyendo www.honduraslaboral.org.