Asimismo señala que a la par de la inseguridad jurídica, personal y patrimonial, se encuentran los hechos de corrupción relacionados con las instituciones judiciales, actos que paralizan o desnaturalizan las acciones tendientes a frenar o controlar la creciente ola de violencia que y golpea a la sociedad.
Declaraciones del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, responsabilizan a los jueces y juezas, por la debilidad del sistema judicial en algunas acusaciones penales. Sin embargo, la AJD asegura que la impartición de justicia no se resolverá con señalamientos, sino que a través del fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la ley.
A través de un comunicado la AJD recuerda que los señalamientos del Poder Ejecutivo no son nuevos, pues en el gobierno anterior el ex Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez Guerrero, arremetía contra la función jurisdiccional y hasta llegó al extremo de tratar de exigir el acomodamiento o subordinación de los jueces y juezas a los dictados de esa Secretaría.
De igual forma la AJD lamenta la posición de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que intentan establecer parámetros en relación a la valoración de la prueba, situación que pondría en precaria la independencia e imparcialidad de los jueces, a quienes la Constitución de la República y las leyes les determinan las garantías procesales y las reglas para una correcta valoración de la prueba.
Otro problema que afecta la función jurisdiccional es el nombramiento y ascenso de los jueces y al margen de los concursos que determina la Ley de Carrera Judicial, porque los convierte en sujetos propensos a las injerencias y presiones de las autoridades internas y de los partidos políticos, “constituyendo este factor una de las mayores debilidades que origina que algunas decisiones judiciales sean percibidas como reñidas con la legalidad o la correcta aplicación de ley” señala el manifiesto de la AJD.
Para mejorar la situación la AJD exige cesen las injerencias o perturbaciones a la independencia judicial, sean estas de parte del Poder Ejecutivo, de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia o de los partidos políticos, de manera que los jueces únicamente respondan al mandato de la Ley. También demandan la despolitización del Poder Judicial, del Ministerio Publico y de la Policía Nacional.
Gerey