Una vez más quedó evidenciada la brutalidad de las fuerzas represoras del Estado, cuando el pasado 17 de julio un contingente de policías armados de escudos, toletes, tanquetas y armas de guerra, desalojaron violentamente a miles de manifestantes provenientes de diferentes comunidades de los departamentos de Copán y Santa Bárbara, que se habían tomado la carretera internacional exigiendo la aprobación de una nueva Ley de Minería.
La acción produjo enfrentamiento entre policías y manifestantes dejando como resultado a 61 detenidos y 18 heridos, entre los que cuenta un policía. Hechos como éste demuestran la incapacidad y falta de tolerancia de los órganos represivos del Estado hacia los ciudadanos que de forma pacifica demandan una nueva Ley de Minería.
Entre los manifestantes se encontraban varios sacerdotes pertenecientes a la Diócesis de Copán, que comprometidos con la Doctrina Social de la Iglesia acompañaron a su pueblo y oraban al momento del ataque policial. Ante la represión la gente trató de defenderse y albergarse en casas vecinas, de donde fueron sacados violentamente. Muchos de los detenidos resultaron heridos porque luego de ser capturados fueron golpeados irracionalmente por agentes policiales.
Simultáneamente organizaciones afiliadas a la Alianza Cívica por la Democracia y La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, realizaron acciones en otros sectores del país, como San Pedro Sula, San Marcos de Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, La Flecha, Santa Bárbara; Siguatepeque, Comayagua; Catacamas, Olancho; Danlí, El Paraíso y en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa.
En Siguatepeque los manifestantes también fueron desalojados brutalmente y de igual manera que en Copán, los agentes policiales arremetieron a golpes, uso de bombas lacrimógenas, tanqueta de agua a presión y disparos de armas de fuego, provocando decenas de heridos. Varios comunicadores fueron despojados de cámaras fotográficas y de video al momento que captaban las imágenes.
Occidente
Eran las cinco de la mañana y todo se tornaba pacífico, pues en La Flecha, Santa Bárbara, un centenar policías antimotines se imponía ante los manifestantes y no les permitían tomarse la carretera y cerrar el paso vehicular. Sin embargo, veinte kilómetros adelante, a esa misma hora en la colonia Seis de Mayo, otro grupo de personas se aprestaron a la toma y obligaron a un conductor a cruzar su camión para obstaculizar la vía e impedir el tránsito.
Tres horas más tarde llegó la Policía argumentando haber recibido la orden de desalojo, sacerdotes como Daniel Corea y Reginaldo García, que apoyaban la manifestación, intentaron mediar con las autoridades policiales, pero sus palabras no fructificaron.
A las once de la mañana sacerdotes y manifestantes permanecían arrodillados orando y entonando alabanzas. Sin embargo, los antimotines que habían permanecido a varios metros de distancia, se acercaron y comenzaron a golpearlos sin ninguna consideración, luego la tanqueta comenzó a rociar agua y los agentes a lanzar bombas lacrimógenas.
Desesperadamente unos manifestantes buscaron donde refugiarse, mientras la mayoría le hacía frente con piedras y palos. El salvajismo policial se evidenció más cuando utilizando la fuerza, los agentes rompieron las puertas de viviendas y sacaron a jóvenes y ancianos para arrestarlos después de golpearlos. En el enfrentamiento fueron detenidos más de cincuenta personas incluidos varios sacerdotes, que fueron liberados posteriormente.
Ante la magnitud de los hechos los medios de prensa trataron de obtener la versión del alto Comisionado de la Policía, Napoleón Nassar, quien de manera prepotente se limitó a justificar el exceso de violencia, manifestando que: “si alguien se siente agraviado, ahí está la fiscalía y los derechos humanos”.
En Siguatepeque
Unos 400 miembros del Comité Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras (COPINH), se plantaron desde la seis de la mañana en el puente El Calán, para manifestarse contra el gobierno y exigir políticas para el mejoramiento de sus condiciones de vida, pero tras cuatro horas de protesta fueron desalojados por la policía en combinación con elementos del Batallón de Ingenieros.
En el incidente la Policía detuvo a diez personas, entre ellas los sacerdotes Mario Francis Amaya, Marco Aurelio Lorenzo y Sandro Aguilar, quienes desde el interior de la celda aseveraron que fueron golpeados en repetidas veces por parte de los agentes de la policía y describieron al gobierno liberal, como “un gobierno militar represivo”.
La Policía también despojó de sus instrumentos de trabajo a los periodistas Pablo Munguía y Justo Sorto.
Demandas
Un comunicado de la Alianza Cívica por la Democracia que fue publicado en diferentes medios de comunicación, contempla exigencias como la de cancelar de inmediato las concesiones en las zonas de Parques Nacionales, de interés arqueológico-cultural y
Poblacional. La cancelación de los contratos con las empresas mineras que contaminan el medio ambiente y el establecimiento de una veda total de toda actividad de prospección, exploración y explotación minera metálica.
Paralelamente a las manifestaciones la comisión negociadora integrada por Monseñor Luís Alfonso Santos, Purificación Hernández, Padre Rudy Mejia, Francisco Machado, Martín Erazo, Roger Escober y Pedro Rodolfo Arteaga, iniciaron reuniones con las comisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para incorporar los aspectos centrales que demanda la Alianza Cívica por la Democracia (ACD).
El Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, ratificó los acuerdos y se comprometió a invitar a los representantes de la ACD a la discusión de la Ley en el Congreso. No obstante miembros de la ACD, aseguran que no cesarán en su lucha y junto a las demás organizaciones estarán presentes en las acciones de protesta convocadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular para el 27 de agosto, pues en más de una ocasión los directivos del Congreso Nacional han prometido la concertación de leyes únicamente para calmar las manifestaciones y luego hacen lo contrario.
_Denuncia Internacional _
Ante la magnitud de los hechos la ACD y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentaron un informe detallado a una misión de Amnistía Internacional que recientemente visitó el país, pues ésta es la segunda ocasión que la policía dispara sus armas de fuego contra manifestaciones realizadas en el occidente, provocando graves daños físicos y psicológicos en las personas.
El informe responsabiliza de los hechos al Ministro de Seguridad, Álvaro Romero y al alto Comisionado de Policía para la zona Nor-Occidental, Napoleón Nazzar, por haber instruido a sus subalternos a actuar con alevosía y ventaja en contra de hombres, mujeres, jóvenes y niños que exigían el derecho a ser escuchados por los diputados en la Cámara Legislativa.
Para formalizar la denuncia Amnistía Internacional, ACD y COFADEH, se reunieron el seis de agosto. El caso se encuentra en proceso de documentación.
En otro sentido Purificación Hernández, miembro de la ACD informó tener conocimiento que el Ministro de Seguridad prepara una ola represiva contra la dirigencia de ACD y que en tal sentido disponen documentar el caso para presentarlo ante la Corte Interamericana de derechos Humanos.
“El Ministro de seguridad dio declaraciones a una emisora y dijo que si en esta lucha van a haber mártires, que los mártires serán de la Alianza Cívica” puntualizó Hernández.