CNRP marcha para exigir libertad de campesinos presos políticos.

Los acusados son los campesinos Isabel Morales, Carlos Maradiaga y Carlos Armando Ruíz, a quienes las autoridades policiales detuvieron por suponerlos responsables de la muerte de 10 personas durante una batalla y campal con balas y machetes entre ganaderos y campesinos, hecho acontecido el domingo tres de agosto de 2008 en la comunidad de Silín, Colón.

“El juicio, más que jurídico, es un juicio político, puesto que el Ministerio Público y demás autoridades no detienen, ni acusan a los terratenientes que han asesinado a nuestros compañeros”, manifiestan las diversas agrupaciones campesinas que avocaron a la protesta. El Ministerio Público pide cadena perpetua para los campesinos.

Ramona López, madre del campesino Isabel Morales López, afirma que su hijo es inocente y exige la libertad para él, así como sus otros dos compañeros.

“El estaba jugando en el campo, de ahí lo llamaron para que fuera a recoger a Arnulfo Guevara, quien es una de las víctimas de la masacre. Cuando venia agarrándolo de la mano, le toman la foto y sale en primera plana de La Prensa y por eso lo han agarrado”, manifestó, doña Ramona.

La marcha

La manifestación inició en del parque central y se condujo hacia el Ministerio Publico para entregar un documento en el que solicitan la inmediata liberación de sus tres compañeros campesinos y una breve explicación sobre lo acontecido en esa fecha, pero no fueron recibidos.

Luego partieron hacia el juzgado de la localidad, donde la titular, Olga Marina Castro, recibió a una comisión de la CNRP. Después caminaron hasta los Juzgados de Sentencia donde entregaron otra copia del mismo documento.

La movilización se programó para esta fecha, pues coincidía con la celebración de la primera audiencia pública del caso, pero que fue postergada para el 20 de este mes.

Los campesinos pertenecen a la comunidad “Guadalupe Carney” de Trujillo. Están siendo acusados por ocho delitos: terrorismo, robo, incendio y homicidio.

La Fiscalía regional de Trujillo pide 150 años de cárcel para Maradiaga y 350 para Morales.

En la movilización participaron representantes del Bloque Popular de Tegucigalpa y La Ceiba, la Asamblea Popular Permanente de El Progreso, APP, el Movimiento Campesino del Aguan, MCA, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUTH, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST.

Además del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, Sitraina, Sindicato de la Medicina y Similares, Sitramedys, del Patronato Nacional de la Infancia, Sitrapani, de la Secretaría de Finanzas, Sitrasefinh, y patronatos comunales.

Juan Barahona, dirigente de la FUTH, anuncio que van a continuar las manifestaciones con la participación de las diferentes organizaciones sociales para exigir la libertad de los tres campesinos y demostrar al gobierno y terratenientes de la zona que los campesinos no están solo en la lucha por la defensa de la tierra.

Antecedentes

La medianoche del 12 de mayo de 2000 las 700 familias en su mayoría provenientes del Valle del Aguan abrieron paso entre las tropas hondureñas para recuperar las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), construido en la década de los ochenta por el gobierno de Estados Unidos con propósitos de maniobras contrarrevolucionarias.

La mayoría de familias habían perdido sus viviendas con el paso del huracán Mitch y pedían que el gobierno les entregara la antigua base militar con propósitos de reforma agraria, el Instituto Nacional Agrario (INA) estaba de acuerdo.

Tras instalarse en la tierra los campesinos construyeron chozas de palma y sobre una plataforma de cemento que antes fuera utilizada para la enseñanza técnicas de contrainsurgentes, colocaron la improvisada escuela, prohibieron el alcohol y organizaron brigadas para supervisar la salud, la producción de alimentos, la seguridad y la educación. A la comunidad le llamaron Guadalupe Carney.

De esta manera el MCA inició las acciones para legalizar 5,724 hectáreas de tierra que en 1991 habían sido traspasadas por la Procuraduría General de la República al Instituto Nacional Agrario.

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