La revelación de la trama surge cuando el Presidente Lobo ha invitado a Zelaya que retorne a Honduras, para obtener el reconocimiento por parte de la comunidad internacional que condenó el golpe de Estado militar, encabezado por el dictador Roberto Micheletti y Romeo Vásquez en junio de 2009.
Pavón Murillo dijo que el propósito de ejecutar a Zelaya proviene de los mismos grupos que consumaron la asonada, y que han desplegado todo el aparato policial y paramilitar para impedir que el entonces mandatario pueda liderar la Resistencia Popular, que le ha venido apoyando desde que fue expulsado del poder, por parte de los oligarcas que controlan el país.
Asimismo, señala que Danilo Orellana, quien coordinó la sala de crisis de la dictadura de Micheletti, fue movilizado hacia la Penitenciaria Nacional, sería el encargado de recibir a “Mel” y de generar las condiciones –según Pavón– para que sea ejecutado, así como la movilización de paramilitares pertenencientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y especialistas en inteligencia para la comisión del magnicidio.
Por otro lado, el defensor de los derechos humanos considera que el Presidente Lobo y el secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, ignoran que los golpistas que aún continuán a los interno de los aparatos estatales de seguridad esten organizando sus escuadrones de la muerte, y les ha pedido que tomen las medidas del caso, a fin de que las mismas células desestabilicen al gobierno.
Al mismo tiempo, le está exigiendo al Fiscal General, Luis Rubí y al Fiscal Anticorrupción, Henry Salgado, que den explicaciones sobre el particular, porque ellos tienen conocimiento sobre la plalificación y la eventual ejecución del ex mandatario, que permanece en República Dominicana en calidad de huésped distinguido.
Tambien le ha pedido a Zelaya Rosales que por el momento no regrese al país, porque su vida corre extremo peligro, ya que las condiciones para eliminarlo están dadas debido a que la prensa tradicional que apoyó la dictadura, lo está calificando como “mounstro” para justificar la ejecución, a los defensores de los derechos humanos los han tratado como “zelayistas” y “cuatreros”; y desde el golpe ha venido señalando a la Resistencia como una organización terrorista, dando vía libre a la represión.
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