La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos son reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos. La obligación de crear las condiciones para que las mujeres puedan ejercer de forma plena sus derechos políticos, libres de toda forma de discriminación, surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”) y la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Asimismo, el consenso internacional e interamericano de que la garantía de las participación política plena de las mujeres, libre de toda forma de discriminación, es indispensable para la protección de sus derechos humanos se encuentra en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”), y el Consenso de Quito, adoptado en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Sin perjuicio del reconocimiento en la normativa internacional, las mujeres en las Américas continúan enfrentando obstáculos para acceder a puestos de poder, lo cual deriva en una subrepresentación en los ámbitos de gobierno y en todas las esferas de la vida política de los países de las Américas. Adicionalmente, las mujeres indígenas y afrodescendientes se encuentran proporcionalmente aún más subrepresentadas en las instancias de decisión que el resto de las mujeres. En este informe, la CIDH formula recomendaciones a los Estados sobre las medidas que deben adoptarse para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida pública y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos en una democracia.
La elaboración de este informe es el resultado de un proceso de recopilación y análisis de información que se realizó con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.