“Miércoles 25 de Febrero” Manifestantes procedentes de los departamentos de Francisco Morazán, Copán, Ocotepeque, El Paraíso, Comayagua, Atlántida y Colón se apostaron el pasado 26 de febrero en los bajos del Congreso Nacional para denunciar la irresponsabilidad de los y las diputadas que han apoyado la explotación minera en el país en menoscabo de la salud de decenas de comunidades.
Los protestantes portaron pancartas con forma de barril en las que se leía: ¡La vida vale más que el oro!, ¡Viva la ecología comunitaria!, ¡Arnoldo Aviléz, no te dejes engañar por las mineras!, fueron algunos de los mensajes que expresaron los manifestantes.
Los protestantes Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra (OFRANEH) dijo que debemos proteger la madre tierra, porque es ella la que nos da la vida, esa es la que nos da el aire, la comida, la vivienda, por eso tenemos que luchar por ella, por defenderla.
Miranda dijo que los y las diputadas al Congreso Nacional han sido irresponsables con el país y con sus hijos e hijas, porque tenemos la obligación de dejar una tierra sana para la próxima generación y la estamos destruyendo, por eso estamos aquí.
La defensora de derechos humanos del pueblo garífuna denunció la desigualdad que cada día se acrecienta en menoscabo del desarrollo de los pueblos del norte del país, al comentar que todas las tierras de la costa atlántica está siendo utilizadas para los cultivos de la palma africana.
“Aquí el mayor productor es Miguel Facussé y él junto a Jaime Rosenthal Oliva y otros poderosos económicos, creen que el país es de ellos, que son los únicos dueños de este país, y por eso es que nos desplazan, por eso es que están destruyendo a las comunidades nuestras y estamos cansados, y recuerden que un pueblo con hambre es un pueblo peligroso”, advirtió.
Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra (OFRANEH) añadió que los y las diputadas tienen que darse cuenta que no pueden seguir legislando a favor de los poderosos y a favor de las
transnacionales que no piensan en la vida sino en chupar la sangre de nuestro pueblo.
Nosotros estamos haciendo resistencia, están construyendo un megaproyecto turístico en la Bahía de Tela, todos los extranjeros quieren llegar a la playa, quieren tener un pedazo de playa, porque estamos viviendo con gobiernos irresponsables, por eso decimos no a la minería, no a los mini cultivos, no a la explotación petrolera”.
El Coordinador de la organización ambientalista Madre Tierra, Juan Almendáres, al referirse a la explotación minera en el país dijo que estas empresas solo pagan el 1 por ciento de sus utilidades a las municipalidades y en la nueva ley están pidiendo el 4 por ciento.
Nosotros queremos que sea más del 50 por ciento, pero también nosotros queremos que se vayan las mineras del país, esa es la posición, queremos que esta patria no se venda a los intereses de las
mineras y que los jueces en vez de golpear al pueblo con sus medidas, que realmente apliquen la ley, sostuvo.
“Las comunidades van defender esto porque yo creo que ninguna de las comunidades va a permitir que se instale una nueva minera, hay una resistencia muy grande del movimiento popular”, aseguró Almendáres.
El defensor del ambiente señaló que el silencio histórico del Estado, se ha reflejado a través de sus leyes que han favorecido a las empresas transnacionales tanto en su elaboración como ejecución de
las mismas.
“El testimonio más contundente de ello son las concesiones mineras no metálicas y metálicas que han burlado y violentado la vida, la dignidad y los derechos ambientales económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos”, afirmó Almendáres.
Purificación Hernández, ejecutivo de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (Asonog) dijo que actualmente ejercen explotación minera a cielo abierto las compañías: Minas San Andrés, Copán propiedad de la Yamana Gold, la Five Star Minning Company, localizada en Agalteca, Cedros, la Gold Corp en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán y la American Pacific, que realiza extracciones subterráneas de metales preciosos entre los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés.
Las comunidades afectadas por explotaciones mineras han experimentado daños irreversibles en la salud de sus habitantes, encontrándose en la sangre de las víctimas, cantidades que superan los niveles permitidos de arsénico, plomo y cianuro, así como severas afecciones en la piel y aumento de esterilidad en hombres y mujeres.
La resistencia de muchos grupos que se ponen a la explotación minera ha traído la persecución de agentes policiales que según denuncias, actúan coludidas con las empresas mineras para hostigar, encarcelar y juzgar a los defensores y defensoras del ambiente.
Tal es el caso de Jackeline Hernández quien junto a otros 6 defensores del ambiente, guardan prisión en cárceles de San Andrés Minas, Copan acusados de daños a la propiedad privada.
Hernández, dijo que “hay 7 detenidos de la comunidad de San Andrés, que están en
la posta policial de Santa Rosa de Copán y que fueron trasladados desde San Andrés”.
Hernández señaló que la ACD, la Iglesia católica y Asonog realizan acciones legales para lograr la liberación de las defensoras y defensores del ambiente en aquella zona y han presentado la
respectiva denuncia ante la oficina regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Santa Rosa de Copán.
“La mayoría de los detenidos fueron golpeados y detenidos injustamente cuando los pobladores se estaban manifestando al no permitir que la empresa minera (Yamana Gold) continúe talando los
bosques del sector de Calcetillos, cercana a la comunidad de San Andrés” denunció.
Por su parte Juan Almendares Bonilla expresó que las detención de los defensores del ambiente se debió a una denuncia que por daños a su vehículo, interpuso ante la policía, el gerente de la empresa minera Yamana Gold, Paolo de Tarzo, de nacionalidad brasileña.
El ejecutivo de Asonog y miembro de la ACD, Purificación Hernández dijo que los pobladores,
ante los oídos sordos que hacen las autoridades frente a los reclamos y las denuncias, decidieron tomarse la carretera que conduce hacia la empresa minera y que a raíz de esto, hubo represión represión policial contra los manifestantes.
Hernández señaló Quintín Miranda, ex presidente del patronato de la comunidad, ha sufrido hostigamientos y amenazas por parte de efectivos policiales de la zona y agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones, que llegaron a la casa del defensor del ambiente con la intención de capturarlo
“Esa acción no se pudo realizar porque el señor Miranda se tuvo que encerrar en su casa para evitar que lo capturaran a él, a su esposa y a su hijo”, señaló el miembro de la ACD.
Periodista Marvin Palacios/ COFADEH
Comun Noticias 03 de marzo 2009