Los policías también colocaron una cinta amarilla con la leyenda “escena del crimen” en la puerta de acceso a la radio comunitaria para evitar que La Voz de Zacate Grande pueda transmitir su programación.
El Juzgado de Amapala giró ódenes de captura contra Pedro Canales, Danilo Osorio, Rafael Osorio, Wilmer Rivera y Santos Benito Pérez, reconocidos dirigentes comunitarios de la zona, acusados por los delitos de usurpación de tierras y defraudación fiscal, éste último, como el supuesto delito relacionado a las operaciones de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande (97.1FM) que emite su señal en un radio de acción de 25 kilómetros, para unas 10 comunidades en el Golfo de Fonseca.
Informes recabados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y denuncias transmitidas a través de la emisora Radio Globo, de cobertura nacional, reflejaron la zozobra que imperó entre las comunidades por la presencia de centenares de efectivos de la Base Naval de Amapala, el 11 Batallón de Infantería y la Policía Nacional.
Se ha informó que agentes de investigación interrogaron a los residentes sobre el paradero de los campesinos sobre los cuales penden órdenes de captura, pero lo que es más grave aún, es que se amenazaban con desalojar a muchas familias que habitan en Puerto Grande, tierras que reclama como propias el terrateniente y agroindustrial Miguel Facussé, a pesar que los habitantes tienen más de un siglo de vivir en la península.
Otra preocupación expresda por los pescadores y campesinos fue que los militares y policías procedieran a derribar la torre de transmisión y que destruyeran los equipos de radio comunitaria la Voz de Zacate Grande. La situación era tensa y alertó al Cofadeh a instar a las autoridades nacionales, a la comunidad nacional e internacional a que sigan de cerca la situación por la que atraviezan las comunidades de Zacate Grande, porque pueden derivarse graves violaciones a los derechos humanos.
“Desde la Voz de Zacate Grande hemos denunciado los abusos cometidos por la oligarquía con el golpe de Estado y las amenazas que el empresario Miguel Facussé ha vertido para quedarse con nuestras tierras”, anunció uno de los comunicadores sociales que labora para la radio comunitaria.
De acuerdo a la Constitución de la República y las Convenciones Internacionales el derecho a la información que tienen las comunidades no puede ser restringido, ya sea cuando se trate de radios, televisoras y medios impresos. El Ministerio Público está obligado a verificar una situación tan delicada como es la represión contra un medio de comunicación.
Por otro lado el MP debe verificar cuáles son las instrucciones que recibieron los militares y policías que realizaron este operativo en la zona, para preveer que no se produzcan enfrentamientos con las poblaciones civiles, situación que puede agravar más el actual clima de ingobernabilidad del actual régimen.
De último momento se informó que los policías y militares se han retirado hacia Playa Virgen, lugar en donde se encuentran las mansiones de veraneo del famoso Club de Coyolito, integrado por reconocidos personajes de la vida política y empresarial del país, no sin antes haber amenzado a los pobaldores que si cortan la cinta amarilla colocada a la entrada de la radio comunitaria tendrían serios problemas.
El Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande y la ASOCIASION POR EL DEASARROLLO DE LA PENINSULA DE ZACATE GRANDE (ADEPZA) anunció una serie de manifestaciones y plantones para protestar por las intenciones de capturar a dirigentes comunitarios, por las amenazas vertidas por el empresario Miguel Facussé y para que se les permita reanudar las trasnmisiones de La Voz de Zacate Grande.