1.Que las fuerzas armadas hondureñas, en abierta violación a la Constitución Nacional y a su función específica (art 1, 2, 3, 4 y 245 inc. 16 de la C.N. de Honduras), han producido un golpe de estado, secuestrando al Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, a quien han sacado por la fuerza e ilegalmente del país, contrariando lo dispuesto por el Art. 102 de la Carta Magna hondureña. Con igual violencia han secuestrado a la canciller de ese país, Patricia Rodas, y a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela en Honduras, a quienes luego de golpearlos y amenazarlos abandonaron en la vía pública, en un escándalo diplomático sin precedentes, que, además, viola la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares.
2.Que en razón del repudio generalizado de los ciudadanos, han suspendido de facto las garantías constitucionales del pueblo hondureño, militarizando las calles y el espacio aéreo con el objetivo de amedrentar a la población. Asimismo, han dispuesto el corte del suministro eléctrico y las comunicaciones en un intento de aislar a la comunidad.
3.Que éstas acciones injustificables, son llevadas a cabo con el objeto de impedir una consulta popular no vinculante sobre la necesidad de modificar la Constitución Nacional. Más allá de la opinabilidad sobre el órgano que debe realizar la convocatoria, es evidente que se trata de un medio de democracia participativa, al que sólo pueden temerle las estructuras del poder tradicional responsable de la enorme pobreza del país, que respaldan la ruptura del sistema democrático y la violación del orden legal, intentando nuevamente imponer su voluntad por medio de la fuerza sobre una ciudadanía indefensa.
4.Que el Congreso de Honduras, violando la Constitución Nacional, se ha hecho cómplice del golpe militar al resolver inmediatamente la separación de su cargo del Presidente Manuel Zelaya, designando en su lugar al titular del cuerpo.
5.Estos hechos nos retrotraen a la política de instauración de dictaduras que eliminan toda posibilidad de cambio a favor de los intereses populares, como ya se manifestó en Venezuela en abril de 2002, y las tentativas más recientes en Bolivia, afortunadamente fracasadas, que habitualmente han contado con el estimulo y sostén de las embajadas de los Estados Unidos.
POR TODO ELLO RECLAMAMOS:
1.Que el Grupo Río, la UNASUR y las Naciones Unidas se expresen de inmediato condenando y repudiando el golpe militar, exijan el reestablecimiento del orden constitucional y exijan la restitución del presidente Zelaya.
2.Reconocemos la rapidez del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenando el golpe militar en Honduras y esperamos que la OEA actúe con firmeza para restablecer el orden constitucional en Honduras y la restitución del presidente Zelaya.
3.Que los gobiernos de todos los países y organismos integrantes de la Comunidad Internacional sumen enérgicamente su repudio por esta nueva violación al Orden Democrático y a la Institucionalidad, desconociendo cualquier autoridad que pretenda instituirse de facto, y exigiendo retorne sus atribuciones nuevamente el Presidente electo constitucionalmente.
4.Una urgente movilización continental en reclamo de la inmediata restitución a sus funciones del Presidente Zelaya, la detención y juzgamiento de los responsables materiales e intelectuales del golpe de estado, y su juzgamiento ante los tribunales competentes.
La AAJ expresa su solidaridad y acompaña al pueblo hondureño en la lucha por su soberanía, autodeterminación y el cambio social, y en su resistencia contra el imperialismo, el neoliberalismo y la usurpación del poder.
28 de junio de 2009
Vanessa Ramos Beinusz Szmukler
Presidenta AAJ Continental President Consejo Consultivo AAJ