Declaración Final del II Encuentro Hemisférico contra la Militarización Para callar las armas, hablemos los pueblos. La Esperanza, Intibucá, Honduras, 3 al 6 de octubre de 2008

Ante la continua escalada de militarización y represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, y la imposición de la hegemonía económica estrechamente vinculada a la militar por parte de los Estados Unidos y otros países y emporios financieros, diversas redes y organizaciones del continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y reflexionar y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representa la militarización, las guerras y la represión convertida en jugoso negocio.

Durante estos días de debate, articulación y denuncia, hemos constatado cómo la militarización se impone todos los días y de forma creciente sobre todo el hemisferio americano. La diversidad de problemáticas discutidas en las mesas reunidas a lo largo de nuestro Encuentro, nos permiten afirmar nuestra lucha contra la militarización porque:

1. La militarización viola los derechos humanos de nuestros pueblos y se traduce en una completa impunidad para aquellos que matan, desplazan, torturan y ejercen su dominación en las más diversas variantes de violencia. La militarización no es sólo el proceso armamentista, se da también a través del freno a la libertad de expresión, de la perversión de los procesos educativos, de los retrocesos en los procesos legislativos (leyes antiterroristas, intervención telefónica, sistemas de de inteligencia y vigilancia junto a escuchas telefónicas, detenciones arbitrarias), que son un freno para el desarrollo de las luchas sociales.

La militarización se impone asimismo mediante los Tratados de Libre Comercio y los megaproyectos disfrazados de “asistencialismo” y “ayuda humanitaria”; se fortalece a través de los procesos educativos alienantes; se nutre de un supuesto patriotismo; la discriminación y la impunidad cuentan con el apoyo directo de las jerarquías religiosas, políticas y militares de nuestros países. Por medio de la militarización, también, los sectores dominantes establecen un control férreo sobre los medios de información que producen censura y desinformación y reproducen el patriarcado y las múltiples formas de dominación que ellos ejercen. Sumado a lo anterior, el intervencionismo de las embajadas de los EE.UU. promueve ese militarismo bajo la lógica de la Ley Patriota, abriendo espacios legales de criminalización de la protesta social.

2. Los pueblos negros y originarios de todo el continente sufren en carne propia los estragos de la creciente militarización. El fin que persiguen las clases dominantes y el imperio norteamericano, es apropiarse de todos los recursos naturales estratégicos de los territorios ancestrales, así como exterminar la rica diversidad de las culturas, identidades y conocimientos de nuestros pueblos originarios.

Para ello, aplican diversos mecanismos como megaproyectos turísticos, de infraestructura (represas, carreteras, etc.), colonización ideológica por medio de iglesias y universidades, favorecimiento a las grandes corporaciones transnacionales e injerencia de organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial y el FMI en la definición de las políticas de “desarrollo” que se imponen a los pueblos, reclutamiento de indígenas y negros en los ejércitos y cuerpos policiales para reprimir a sus propios hermanos y hermanas, además de criminalizar todas las formas de lucha que llevan adelante en la defensa de sus territorios y formas de vida.

3. La militarización reproduce estructuras patriarcales de dominación que afectan la vida de millones de hombres y mujeres; muy en particular, afecta de manera directa a las personas con una orientación sexual distinta a la sancionada por los valores morales y estructuras sociales y políticas dominantes, negándoles el desarrollo pleno de sus derechos de ciudadanía. Las redadas policiales, la violencia ejercida contra los cuerpos y las consciencias de éstas personas, son formas de agresión y criminalización que debemos reconocer y exigir su eliminación, fomentando una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación.

4. Para imponerse sobre nuestros pueblos, los militares y clases dominantes históricamente pusieron y ponen en práctica todo tipo de acciones inhumanas, entre ellas procesos jurídicos amañados, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos o en masa, entre muchos otros. Estos procedimientos son absolutamente contrarios a los derechos humanos más elementales y es necesario señalar que dicha amenaza sigue vigente hoy día, pues los carceleros, torturadores, políticos y militares responsables de estos abusos contra la dignidad humana, siguen en las altas esferas del poder y/o siguen libres e impunes. La militarización y sus prácticas terroristas tienen efectos no sólo individuales (sobre las víctimas) sino también colectivos (a nivel movimiento social).

5. El patriarcado como sistema de dominación perpetúa y refuerza el control sobre la vida de las mujeres y, en especial, sobre su cuerpo y su identidad. Es necesario socializar y profundizar críticamente sobre este concepto y el modo en que influye en la vida, el trabajo y las relaciones individuales y sociales, las subjetividades y la cultura que refuerza un patrón marcadamente discriminatorio y excluyente, montado en la lógica del poder heterosexual, blanco y masculino así como mediante convenciones sociales, prácticas religiosas, jurídicas y políticas. Así, el patriarcado y la militarización que éste engendra, reproducen las difíciles y duras condiciones en que viven millones de mujeres negras, indígenas, pobres,desplazadas, violentadas, asesinadas, invisibilizadas y excluidas. Ellas, junto a los niños y niñas, ancianas y ancianos, constituyen la parte más vulnerable de la sociedad. Ellas son las que resisten las guerras, los conflictos étnicos, y llevan sobre sus cuerpos las marcas de la violencia que genera la militarización.

El cuerpo de las mujeres no puede ser utilizado como trofeo de guerra. Estamos en contra de la violencia sexual, de la prostitución y la trata de mujeres allí donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto.

6. La juventud sufre muy especialmente los más crudos impactos de la militarización. Los y las jóvenes padecen los peores niveles de pobreza, desempleo, marginación, adicción a las drogas y criminalización en nuestras sociedades. En este contexto de exclusión, los varones son reclutados para el servicio militar obligatorio, donde adquieren conocimientos y valores militares que, al terminar el servicio, se ven obligados a usar al integrarse a las maras, razón por la cual son nuevamente criminalizados y se completa un círculo perverso de victimización y violencia. Por otro lado, la violencia social así generada recae brutalmente sobre las mujeres, sometidas a formas de abuso y discriminación en todos los ámbitos de la sociedad.

Por su parte, los gobiernos en lugar de diseñar y aplicar políticas públicas que hagan posible el pleno desarrollo humano, intelectual, profesional y personal de los y las jóvenes, se aprovecha de la situación así creada para perseguir, encarcelar y reprimir a la juventud. Con ello, tienen la excusa perfecta para militarizar todavía más la sociedad mediante el aumento de presupuesto para los ejércitos y cuerpos policiales, lo que se traduce, claro está, en más violencia.

Por otra parte, es necesario denunciar que los y las jóvenes son la “carne de cañón” de las guerras imperialistas, pues son reclutados forzosamente para intervenir en conflictos fuera de las fronteras de sus países, como es el caso de los jóvenes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños destacados en Iraq. Esto ocurre también en los mismos Estados Unidos, donde los hijos e hijas de emigrantes latinoamericanos o bien de las minorías étnicas, son enviados a morir en esas guerras injustas.

7. Las personas migrantes son criminalizadas, perseguidas y asesinadas todos los días en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Las leyes antimigrantes aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, así como en otros países de este continente, consideran a la persona migrante como un terrorista, como algo que no es necesario considerar bajo la categoría de “ser humano”. De esta forma se justifica el uso de la fuerza y el maltrato físico y emocional que sufren todos los días. Desde 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, más de cuatro mil mexicanos y cientos de centroamericanos han sido asesinados o han muerto al intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, obligados a ello por las pésimas condiciones de vida en sus países de origen.

8. El campesinado latinoamericano también vive en su día a día los impactos devastadores de la militarización. El desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras, la violencia ejercida tanto por ejércitos como por cuerpos paramilitares, las masacres rurales, el sicariato contra dirigentes campesinos, la imposición de megaproyectos, todo esto es pan de todos los días en el campo de la región.

Hoy día la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos ancestrales están siendo disputadas y despojadas por parte de las grandes corporaciones agroindustriales del mundo. El libre comercio, impuesto por medio de Tratados y Acuerdos de Inversión, es una trampa que destruye tejidos productivos y sociales a gran escala en el agro latinoamericano. El asunto de la tierra y su control ha sido históricamente fuente de conflictos y hoy día lo sigue siendo en todos los países; al respecto vemos ejemplos como los de Venezuela y Bolivia, donde la reforma agraria y la redistribución de la tierra son el punto de quiebre en el enfrentamiento con las oligarquías terratenientes. Estas oligarquías, que siempre han tenido el poder económico, político y militar, así como la protección militar de los Estados Unidos, no dudan en usar todos los mecanismos a su disposición para reprimir, asesinar y controlar a las comunidades indígenas y campesinas comprometidas con un proyecto de cambios.

9. Los Estados Unidos y las oligarquías que gobiernan todavía en muchos países de América Latina, Indoamérica y El Caribe, hacen avanzar una agenda de militarización creciente con el objetivo de apropiarse y controlar los enormes recursos naturales estratégicos y los territorios que pertenecen legítimamente a nuestros pueblos. Para ello, desarrollan tratados económicos, de “seguridad hemisférica” e intervencionistas, que violentan la soberanía y autodeterminación de nuestros países y naciones originarias. Por lo tanto, sostenemos que la población latinoamericana, indoamericana y caribeña tiene pleno derecho a sus territorios y recursos ancestrales y a decidir por ellos, recuperando sus saberes y sus formas de lucha, rechazando las actitudes serviles y vende patrias de los gobiernos. Sostenemos que no habrá paz si no interpelamos directamente el modelo de desarrollo capitalista, depredador y genocida.

10. La dominación militar de los Estados Unidos impone una estructura claramente definida y operativa en todo el continente; el 74% de las bases norteamericanas en el hemisferio (43 en total), se ubican en América Latina, El Caribe e Indoamérica. Esta estructura consta de un amplio soporte material y logístico, que hace funcionar aquellas bases militares gracias a sistemas de monitoreo, espionaje, navegación, sobrevuelo, de los territorios y poblaciones del continente. Asimismo, la dominación militar se impone mediante tratados intervencionistas como el Plan Colombia y el Plan México, la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN), las operaciones del Comando Sur y la IV Flota, los “operativos conjuntos de lucha contra el narcotráfico”, así como gracias a los megaproyectos de infraestructura como corredores de interconexión eléctrica, portuaria, terrestre y telemática. Hasta que no sean abolidas todas las bases militares y toda la infraestructura que hace posible la dominación, nuestros pueblos no podrán ser plenamente libres. En esta misma dirección, exigimos el cierre de la Escuela de las Américas, y saludamos la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la base militar de Manta en 2009.

11. El narcotráfico es un fenómeno complejo, con profundas raíces históricas en las estructuras de poder político, económico y militar en nuestro hemisferio. Hoy día, la llamada “guerra contra el narco” es la excusa perfecta para que los Estados Unidos y los gobiernos serviles (como el de Colombia, Perú, México y los de Centroamérica entre otros), militaricen más todavía a nuestras sociedades, con dramáticos impactos tanto en el mundo rural como en las grandes urbes. Los casos de Colombia y México muestran el rostro más brutal de la violencia asociada al narcotráfico, cuyo supuesto combate no ha solucionado el problema sino que a lo largo de los años, lo ha agudizado. En esto, los gobiernos, ejércitos y policías tienen un rol central pues muchas veces son entidades corruptas que controlan parte del negocio (que incluye el lavado de dinero) y no tienen una clara voluntad de acabar ni con el consumo de drogas y mucho menos aún con las condiciones sociales de exclusión que lo reproducen.

La violencia asociada al narcotráfico está causando desplazamientos masivos en el mundo rural. Pero más allá, el narcotráfico desde el proceso de producción hasta la distribución, implica el uso de armas y enfrentamientos armados cuyas víctimas siguen siendo, casi en todos los casos, los campesinos y habitantes de las ciudades no involucrados directamente en el negocio de las drogas.

12. Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, el gobierno norteamericano y los gobiernos de muchos países de hemisferio americano, han incrementado en los últimos años la persecución y criminalización de la protesta social y de los movimientos sociales. La llamada lucha antiterrorista se ha traducido en violación de los derechos humanos (civiles, culturales, sociales y económicos) de la población del continente, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, Indoamérica y El Caribe.

13. Los pueblos de América nos encontramos frente a una colonización mediática, en donde las transnacionales de la información nos invaden con imágenes, sonidos y mensajes que intentan ejercer y justificar el control y abuso en nuestra región y en el mundo. El terrorismo mediático y la manipulación informativa que ejercen las transnacionales de la comunicación buscan infundir miedo, normalizar acciones de guerra, violencia y destrucción, y desestabilizar los procesos soberanos de nuestros países. En este sentido, denunciamos al Grupo Rendon (encabezado por el empresario Joseph Rendon) como instrumento de propaganda y manipulación mediática del gobierno estadounidense, que busca promover y justificar sus acciones belicistas, a la vez que rechazamos el manejo que realizan los grupos empresariales dueños de los más importantes medios masivos de la región, que desinforman, ocultan, mienten y confunden a la opinión pública. Frente a esta situación los pueblos exigimos que se respete nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación y hacemos un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa y difundir nuestras palabras de lucha, esperanza y vida.

14. Los presupuestos públicos en toda la región están altamente militarizados, pues un porcentaje muy alto de los mismos se dedica al mantenimiento y equipamiento de los ejércitos y cuerpos policiales, e incluso al equipamiento de los cuerpos paramilitares (recordemos el reciente escándalo de la parapolítica en Colombia y la forma en que el poder político fomenta la existencia de este tipo de escuadrones ilegales). Pero además, una parte muy importante de estos presupuestos se financian mediante deuda externa con empréstitos otorgados por organismos como el FMI y el BM, instrumentos al servicio de los intereses belicistas de los Estados Unidos, disfrazando estos préstamos con la excusa de la “seguridad ciudadana o nacional”. Necesitamos saber urgentemente y con toda precisión, cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder “desarmar” dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población.

15. Respaldamos y nos reconocemos en el ALBA, sus principios de integración, cooperación, complementariedad y solidaridad nos alimentan y desafían a construir una integración de los pueblos desde abajo y a la izquierda. La presencia militar de Estados Unidos en la región es un grave peligro y amenaza para el nuevo momento que vive la región y los gobiernos progresistas.

16. La imposición de grandes planes para la construcción de infraestructuras productivas como el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), así como de los Tratados de Libre Comercio, sientan las bases materiales y jurídicas para la profundización de la dominación y de sus expresiones militares, pues provee de nuevos y sofisticados medios de control, monitoreo y circulación a los ejércitos y cuerpos de policía, al tiempo que promueven el acceso directo a los territorios ocupados por los pueblos negros y originarios favoreciendo así el saqueo de sus recursos naturales y su cultura.

17. Existen vínculos entre TLCs, industria militar y seguridad privada; los procesos de privatización incrementan la violencia (en particular en contra de las mujeres) y la migración. Este vínculo se manifiesta en toda la región y fuera de esta en países como Colombia, los Estados Unidos, México, Honduras, Italia, Iraq, entre muchos otros.

La fuerte presencia de la seguridad privada se caracteriza por su vínculo con el narcotráfico, con la corrupción, la impunidad, el irrespeto a las normas jurídicas nacionales e internacionales y la existencia de ejércitos privados para la invasión u opresión de países, ejércitos creados muchas veces por exmilitares y paramilitares y financiados con fondos públicos.

18. Las cercanas elecciones en los Estados Unidos han generado ciertas expectativas de cambio con relación a la política militarista que desarrollan en el continente. Pero, por un lado, los grandes intereses de la industria militar y de las transnacionales que han financiado la campaña presidencial de Obama, se mantienen intactos; y, por otro, Estados Unidos es un gigante en crisis lo cual lo vuelve mucho más peligroso todavía porque no va a despojarse de los privilegios económicos y militares que durante décadas ha disfrutado como potencia imperial en esta parte del mundo.

19. Exigimos el levantamiento del bloqueo que impone el gobierno de los EE.UU. al pueblo de Cuba, sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike.

Exigimos también la retirada inmediata de las tropas de la MINUSTAH y su reemplazo por misiones de solidaridad y cooperación técnica para el desarrollo del pueblo haitiano, así como la anulación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga.

    • *

Considerando todo lo anterior, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia. Estos días han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos. Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de una gran patria libre de violencia, exclusión y guerra. Por eso:

“¡Para callar las armas,
hablemos los pueblos!”
“¡Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira,
se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!”

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