Tegucigalpa, Honduras.( La denuncia fue interpuesta por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC)SJ) ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Además de Roberto Micheletti, quien siendo presidente del Congreso Nacional pasó a ocupar la presidencia luego de que con la ayuda de las Fueras Armadas de Honduras, al mando de Romeo Vásquez y los grupos de poder político y económico de Honduras, perpetraran el golpe de Estado con el cual se expatrió al ex presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio del año 2009, la acusación también involucra a los generales Luis Javier Prince, Miguel Ángel García, Juan Pablo Rodríguez y Venancio Cervantes, miembros de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, a los ex Ministros de Defensa y de Seguridad, Adolfo Leonel Sevilla y Jorge Rodas Gomero, respectivamente.
En la actualidad, Roberto Micheletti goza del reconocimiento que se le hizo, meses atrás en el Congreso Nacional y mediante el cual se le declaró diputado vitalicio, devengando un salario mensual de por vida, más un contingente de policías que le custodian a él y a su familia. Romero Vásquez Velásquez, por su parte, fue premiado por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, nombrándolo presidente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones –HONDUTEL-.
La cárcel más grande
La semana correspondiente al 25 de julio de 2009, el departamento de El Paraíso fue convertido por el ejército y la policía nacional en la cárcel más grande del país.
Miles de hondureños que se movilizaban a la aduana Las manos, fueron retenidos como producto de un toque de queda que se volvió permanente prolongado de manera indefinida por el gobierno de facto encabezado por Micheletti.
Retenes militares ubicados en Ojo de Agua, Arenal jurisdicción de Danlí y en el municipio de El Paraíso a la altura del desvío de Alauca, violentaron los derechos que iban desde la libre locomoción hasta el derecho a la vida.
El 25 de julio a las seis de la mañana y a pocos metros de donde se encontraba instalado el retén militar ubicado en El Paraíso, fue encontrado el cadáver de Pedro Magdiel Salvador Muñoz, un ciudadano que se movilizaba a Las Manos para encontrarse con el ex presidente Zelaya, quien había anunciado su regreso para ese día.
El cuerpo de Pedro Magdiel, presentaba señales de haber sido torturado y en su espalda se encontraron 42 heridas de arma blanca. Testigos oculares indicaron que la víctima había sido capturada el día anterior por un oficial del ejército, cuando militares y policías intentaban desalojarlos de la manifestación.
Centenares de personas incluyendo a niños y niñas fueron detenidas ilegalmente y llevadas a las celdas de la policía por el único delito de andar en la calle durante los toques de queda.
Requerimiento fiscal
Pedro Magdiel es sólo una de las víctimas por la cual, los representantes de las tres organizaciones que presentaron la denuncia mediante la que piden que oportunamente se presente Requerimiento Fiscal contra los señalados, que se libren las ordenes de captura por suponerlos responsables de un delito de asesinato y de múltiples comportamiento constitutivos de abuso de autoridad, discriminación, torturas, detención ilegal y daños, en perjuicio de cientos de ciudadanos.
El director ejecutivo de CIPRODEH, Wilfredo Méndez, dijo que la denuncia se interpone por las violaciones sistemáticas y múltiples, de los derechos humanos, ocurridas durante los interminables toques de queda aplicados por la dictadura, que afectaron el departamento de El Paraíso.
Miles de indígenas que buscando reunirse con Zelaya atravesaron la frontera por la montaña, denunciaron haber sido perseguidos por hombres encapuchados, armados de chuchillos y en algunos tramos habían trampas, hoyos cubiertos con matorral para hacer caer a quienes corrían huyendo de la persecución.
Se estima que más de mil personas quedaron cercadas por los comandos élites del ejército en Alauca, a diez kilómetros de la frontera con Nicaragua, a quienes les suspendieron el derecho de circular y su derecho a la alimentación, cuando no se les permitió comprar alimentos y agua.
De igual manera la denuncia incluye a jefes policiales y militares de la zona de El paraíso, contra quienes se solicita investigar su identidad, pues de la revisión de los libros de novedades y los testimonios de las victimas solo se les puede identificar por sus apellidos.
Siete oficiales con rango de tenientes, “Gaitán, Castillo, Pérez, Ordóñez, Mejía, Sony y López, también son señalados como partícipes directos en la ejecución de los delitos, “solicitamos la práctica de las diligencias necesarias que conduzcan a la identidad plena de los mismos”, señala la demanda.