Las medidas calificadas como injustas e ilegales incluyen el despido de Miguel Angel Cruz, vicepresidente de ANFEPJ, de Clarisa Jiménez, Secretaria del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula y Marco Ramos Milla, empleado de la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa.
Los despidos se producen sin que empleados hayan sido llamados a una audiencia de descargos. Es decir, sin proceso alguno en el que pudieran defenderse, reflejando la ilegalidad y la arbitrariedad con que actúan las autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
De igual manera se produjo el despido de Mario Peraza, juez de letras de lo contencioso administrativo en San Pedro Sula. En este caso las autoridades no han querido atender los descargos por él ofrecidos.
El despido de los empleados del Poder Judicial se produce después de tres semanas de finalizar la lucha por el aumento salarial, donde las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, se comprometieron a no tomar represalias contra los participantes del movimiento.
Los empleados denunciaron que a lo interno del Poder Judicial se realiza una campaña de intimidación y de terror en contra de juezas, jueces y magistrados. “Amenazando de manera directa o encubierta con continuar los despidos y que los mismos no cesarán hasta que se hayan erradicado las voces críticas y cualquier tipo de oposición a las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia”, Manifiesta un comunicado elaborado por las dos asociaciones.
La medida de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia empaña la institucionalidad del Poder Judicial y los empleados organizados anuncian resistencia junto a las organizaciones populares del país, porque consideran que el objetivo principal de las represalias es desarticular las asociaciones de empleados.
Gerey