Discriminar es excluir, restringir y hacer segregación de la dignidad humana, basada en razones de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, credo religioso, ideología, filiación política, condición económica y social, discapacidad u otras con el objetivo de anular o disminuir los derechos y libertades humanas reconocidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales.
Honduras figura a nivel internacional como un país con altos niveles de exclusión y desigualdad. La adolescencia y juventud son estigmatizadas como “responsables de la violencia”; las mujeres son desvalorizadas y violentadas por una sociedad altamente machista y patriarcal; las personas en situación discapacidad ven limitadas sus posibilidades de acceder a espacios públicos y privados y a un empleo justo; los pueblos indígenas y afrohondureños son criminalizados por defender el derecho a los recursos naturales y el acceso a la tierra y; la población LGTBI1 es víctima del odio por expresar abiertamente su orientación sexual e identidad de género.
En respuesta a las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2010 y para armonizar la legislación nacional con la internacional, Honduras decidió reformar la normativa vigente desde 1984, en el Código Penal a fin de clarificar los principales tipos de discriminación. La reforma al artículo 321 del Código Penal, se aprobó el 21 de febrero de 2013.
Sin embargo, a raíz de una acusación por discriminación en contra del Pastor Evelio Reyes, y ante la presión de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el Congreso Nacional ha creado una comisión que analizará una posible contrarreforma a dicho Artículo.
Cabe mencionar que el requerimiento fiscal presentado en contra del ciudadano Evelio Reyes, se fundamentó en el Artículo 321 del Código Penal de 19842 (sin reforma). Además, el Artículo por el cual se acusa al Pastor Reyes no sanciona explícitamente la discriminación en contra de las personas LGTBI, como quieren hacer ver ciertos líderes religiosos.
Por tal motivo, las organizaciones defensoras de los derechos Humanos, abajo firmantes, nos dirigimos a la sociedad hondureña, la institucionalidad estatal y a la comunidad internacional, manifestando lo siguiente:
a) Alertamos a la comunidad internacional que Honduras está a punto de retroceder en sus compromisos ante el Examen Periódico Universal (EPU), las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ante otros avances en materia de derechos humanos de los que este gobierno presume, incluyendo la Primera Política Nacional y Plan de Acción en Derechos Humanos.
b) La contrarreforma aumentaría la desprotección de grupos sociales que sufren particularmente de altos niveles de discriminación: Mujeres, niñez, adolescencia, juventud, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población indígena y afro-hondureña y la comunidad LGTBI, por mencionar algunos.
c) El llamado de Evelio Reyes a no votar por “homosexuales y lesbianas que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y que ponen en riesgo a las generaciones por venir”, constituye delito de discriminación y una violación a lo estipulado en el Artículo 773 de la Constitución de la República.
d) Rechazamos la intervención e injerencia de prácticas y creencias religiosas en los asuntos que competen al Estado, dado que desconoce y atenta contra el principio de laicidad.
e) Enfatizamos que cualquier derogatoria o reforma de la legislación nacional vigente, debido a presiones de grupos religiosos, constituye un tráfico de influencias que no se fundamenta en ningún derecho humano y; que nos otorga el derecho a denunciar a nivel nacional e internacional a las y los diputados del Congreso Nacional por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
f) Repudiamos el engañoso manoseo del derecho a la libertad de expresión por parte de un sector de la Iglesia Evangélica, dado que dicha libertad está sujeta a restricciones legales cuando irrespeta los derechos o la reputación de los demás4.
g) Le recordamos al ciudadano Evelio Reyes que en una democracia las mayorías no pueden aplastar ni exterminar los derechos de las minorías, tal y como lo estipula el Artículo 605 de la Constitución de la República.
h) Denunciamos nacional e internacionalmente, la agresión de la que fue víctima la activista transexual, Arely Victoria Gómez, una de las denunciantes de este caso, quien el pasado viernes, en horas de la noche, fue agredida brutalmente por cuatro hombres, golpeándola y despojándola de sus pertenencias, incluyendo su calzado, lo que denota que lejos de ser un asalto común, la agresión tenía por objetivo burlarse de su identidad de género e intimidarla.
Este tipo de incidentes son producto de las campañas de odio y discriminación promovidas por grupos fundamentalistas religiosos, económicos, políticos y militares, que sólo refuerzan los patrones y conductas patriarcales, que profundizan la deshumanización de la sociedad y que deslegitimizan al ser humano como sujeto de derecho y como fin primordial de la misma.
i) Solicitamos a la comunidad internacional prestar especial atención al desarrollo de este proceso judicial vigilando que las instituciones operadoras de justicia aseguren un juicio justo e imparcial y que siempre esté presente el principio de igualdad ante la ley.
j) Finalmente, manifestamos nuestro total apoyo a la labor de la Fiscal de Derechos Humanos Rosa Seaman y solicitamos al Ministerio Público que formule una opinión basada en derecho sobre la creación de esta comisión, las amenazas de una contrarreforma y que abogue por la independencia judicial.
Tegucigalpa, MDC – 13 de Agosto de 2013