El gobierno de Ricardo Maduro ha instalado el diálogo nacional tomando en cuenta nada más los sectores afines y desconociendo a gremios como los maestros, enfermeras, médicos con los cuales se mantiene en conflicto, y las agrupaciones que de forma independiente trabajan por los derechos humanos.
La agenda del diálogo no incluye temas como la discusión de leyes anti populares que pretenden disminuir los derechos laborales, promueven la privatización de servicios públicos, otorgan concesiones a los grandes empresarios y terratenientes nacionales y extranjeros y posibilitan mayor destrucción del ambiente. Tampoco se incluye en la agenda los temas relativos al Tratado de Libre Comercio de Centro América con Estados Unidos, el Plan Puebla Panamá PPP y el Área de Libre Comercio para las Américas ALCA, mientras el gobierno participa en las negociaciones sin informar siquiera lo que ahí se discute.
En fin, en el diálogo no están todos los que deben estar ni se trata lo que se debe tratar, de tal forma que por muchos sectores se le ha calificado como un monólogo con propósitos propagandísticos y sin ninguna intención de buscar salidas a los grandes problemas del país.
Maduro y su gabinete, compuesto principalmente por banqueros, está más interesados en crear condiciones para favorecer a sus negocios y empresas que en gobernar Honduras. El descontento se da incluso en los sectores empresariales y políticos de su mismo partido que lo llevó al poder.
Las leyes de contenido social aprobadas en gobiernos anteriores como el Código de la niñez y la adolescencia, la Ley contra la violencia doméstica, Ley de igualdad de oportunidades, Ley de la tercera edad y otras, no tienen aplicación práctica.
Se promueven, desde el sector estatal y específicamente desde el Ministerio de Trabajo, leyes encaminadas a la aplicación abierta de políticas de flexibilidad laboral, como la ley de contrataciones temporales, revisión de contratos colectivos, estatutos profesionales, reformas a la Ley de Servicio Civil y Reformas al Código del Trabajo.
La situación de inseguridad ha empeorado. El gobierno anunció una guerra abierta contra la delincuencia pero hasta ahora lo que se ha hecho es una persecución contra las pandillas juveniles conocidas como maras sin tocar las estructuras del crimen organizado.