“Fondo Monetario Internacional debe flexibilizar sus exigencias, para que el gobierno logre acuerdos con magisterio”

Tegucigalpa.- Las organizaciones magisteriales realizaron una movilización de protesta por decimocuarta vez en lo que va del año, para exigir al Congreso Nacional la derogación de la Ley de Reordenamiento Retributivo que congela los aumentos salariales contemplados en el Estatuto del Docente. La marcha tuvo lugar en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Los manifestantes, procedentes de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca situados en la zona centro sur del país, protestaron desde tempranas horas de la mañana, inicialmente frente a la Secretaría de Finanzas y luego se desplazaron hacia la parte baja del Palacio Legislativo.

El presidente del Primer Colegio de Maestros de Honduras (PRICMAH) Alejandro Ventura dijo que el magisterio exige al Congreso Nacional que derogue ésta semana, la Ley de Reordenamiento Retributivo, porque de lo contrario “de nada sirve analizar con el gobierno el impacto económico de la aplicación del Estatuto”.

Ventura añadió que “los y las diputadas están para responder a las exigencias del pueblo y no a los intereses de la empresa privada y los Organismos de Crédito Internacional”.

El gobierno sostiene que el impacto salarial de la aplicación del Estatuto del Docente alcanza los 7 mil millones de lempiras anuales, sin embargo la dirigencia magisterial asegura que no supera los 5 mil millones.

El presidente Manuel Zeyala que hoy se desplazó a la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho para inaugurar un proyecto de agua potable, en declaraciones a la prensa dijo que “éste tipo de acciones en forma permanente, colegiada y organizada, prácticamente parecen una estrategia de guerra o de ataque”.

Zelaya agregó que éstas manifestaciones, aunque son legítimas en su derecho, no dejan un buen sabor en el país ni una buena imagen de lo que nosotros estamos tratando de lograr. “El magisterio tiene las puertas abiertas para dialogar sobre el impacto financiero del Estatuto, sobre las condiciones, formas de pago y los mecanismos de su aplicación”, sostuvo el mandatario.

Por su parte la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, ha expresado que para llegar a un arreglo con los profesores es necesario que el Fondo Monetario Internacional (FMI) flexibilice sus exigencias.

“Hemos hablado con ellos (Fondo Monetario Internacional) para que nos permitan un espacio de negociación. Estamos conscientes de que tenemos compromisos, pero que las estrategias nos las dejen a nosotros, o sea flexibilidad, y le dejen al presidente (Zelaya Rosales) y a su equipo, el espacio necesario para arreglar con los maestros”.

Santos no precisó cuáles son esos compromisos y se supo que la pretensión del Gobierno es elevar el techo de la masa salarial, pues la última propuesta entregada a la dirigencia magisterial ronda los 750 millones de lempiras, cifra superior al parámetro recomendado por el Fondo Monetario, que es del 0.1 por ciento respecto al Producto Interno Bruto PIB, o sea entre 170 y 200 millones anuales.

Las autoridades de Finanzas saben que cumplir las cláusulas económicas del Estatuto del Docente, estimadas en 7,000 millones de lempiras, aumentaría en 50 por ciento el gasto en remuneraciones y por ende la masa salarial oscilaría entre 11.5 y 12 por ciento del PIB.

El director de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas, Orlando Garner sostuvo que el régimen especial que regula a los maestros no sólo amenaza las finanzas públicas, sino otros indicadores como la inflación y el crecimiento económico.

Añadió que cualquier estatuto profesional debe estar relacionado con los variables citadas anteriormente para que no se vuelva insostenible y por eso se ha formulado la interrogante: ¿Cómo el país podrá afrontar esos gastos?

Garner dijo que el rumbo que la economía nacional puede tomar en el mediano plazo dependerá del ajuste salarial que se apruebe a los maestros. La administración central debe encontrar la fórmula para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos corrientes a partir de 2007.

Las metas son alcanzar un déficit fiscal neto de 2.5 por ciento y una masa salarial de 9.5 por ciento en relación con el PIB. Para lograr esos objetivos, el Gobierno conformó un equipo técnico para presentar este viernes 14 de julio, una oferta económica a los más de 60 mil docentes de educación pública, sin que esto amenace la estabilidad fiscal del país.

Honduras jueves 13 de julio 2006.

Dejar una respuesta