En un comunicado, la OFRANEH expone que la fragilidad ambiental de los ecosistemas costeros y marítimos de la costa norte de Honduras, no es una de las preocupaciones del gobierno y mucho menos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiará parte de la infraestructura del megaproyecto turístico.
El plan de realizar un relleno en la zona de 87.5 hectáreas, contribuirá a una degradación de la laguna con consecuencias ecológicas incalculables, que no pueden equipararse a los supuestos beneficios económicos que recabará el turismo de enclave, reclama la organización garífuna.
La OFRANEH censura lo que “parece ser un acto de regresión ambiental, dando lugar a que en el futuro se degrade el ecosistema costero induciendo a catástrofes similares a la presentada por el huracán Katrina el año pasado en los humedales de Nueva Orleáns, en Estados Unidos.”
Para la OFRANEH, es evidente que el BID parece haber olvidado el punto 4.23 establecido en su propia política ambiental, cuando en los próximos días firmará un préstamo de 14.8 millones de dólares con el Fondo Hondureño de Inversión Turística (FHIT), que serán destinados a la infraestructura básica de este proyecto que incrementará la fragilidad ecológica de la zona.
Se ha anunciado que el Estado, a través del Instituto Hondureño de Turismo, controlará el 49 por ciento del total accionario del complejo turístico, y el mayoritario 51 por ciento por el FHIT. Los empresarios también solicitaran al gobierno la compra de 500 hectáreas de tierra adicionales, que según ellos se requieren como área de amortiguamiento del proyecto.
La Laguna de Micos y Quemada forma parte del Convenio sobre Humedales (RAMSAR) y está registrada con el número 722. Esta laguna pertenece al hábitat de las comunidades garífunas de Miami, Tornabé y San Juan, localizadas en Tela, una de las ciudades con mayor proyección turística en el atlántico hondureño.
Los humedales de la laguna, pasaron a conformar un área de reserva, situación que implicó sacrificios para los garífunas de la zona, quienes fueron obligados a cumplir a cabalidad una serie de reglamentos reflejados en el plan de manejo de Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat, (PROLANSATE), una organización ambiental que trabaja en esa zona del país.
El atractivo natural de estas comunidades, no ha traído beneficios al pueblo garífuna, por el contrario, en los últimos meses OFRANEH también ha denunciado, agresiones, amenazas y destrucción de viviendas en estas comunidades acusando a empresarios afines al Partido Liberal en el poder, quienes también pretenden construir un centro turístico.