Gobierno retrocede en su intento de privatizar centros de salud

Trece días de protesta de los empleados del Ministerio de Salud Pública afiliados a diferentes organizaciones obligaron a las autoridades a retroceder en su intento por descentralizar los centros de salud.

Las protestas iniciaron el 16 de marzo con la toma del centro de salud Miguel Paz Barahona de San Pedro Sula y la Dirección Regional de Salud No 3. Las acciones también fueron apoyadas por la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) y de la Coordinadora Nacional de Resistencia (CNRP).

Faustino Martínez, empleado de la salud y miembro de la CNRP, dijo que en San Pedro Sula la administración de los centros asistenciales pretenden trasladarla a la Municipalidad, mientras que en el municipio de Corquín, Copán el centro de salud y una clínica materno infantil, estaría siendo concesionada a una organización privada de desarrollo, denominada ODECO, e igual sucede en otras comunidades del país.

“Tratan de trasladar unos pocos centros de salud a las municipalidades o a ong´s que puedan servir de modelo de gestión a través de la descentralización”, afirmó Martínez.

Por su parte Ana Ulloa, secretaria de conflictos de la seccional 40 del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares, Sitramedhys, dijo que sólo en el Valle de Sula existen unos 17 centros de salud que serían afectados, sobre todo porque “sabemos que detrás de todas estas ong´s están los políticos”.

El interés de las municipalidades y ong´s en el manejo de los centros asistenciales es debido a la donación de 44 millones de dólares por parte del gobierno de Italia, fondos condicionados para que se manejen a través de organizaciones no gubernamentales y municipalidades, “pero si realmente esto tuviera buena intención se haría a través del Ministerio de Salud”, expresó Ana Ulloa.

Compromiso
El 29 de marzo los trabajadores suspendieron las medidas de presión con el acuerdo de la Ministra de Salud, Yeni Meza, que ningún director departamental está autorizado para realizar gestiones de privatización y traspaso de centros asistenciales a instituciones de desarrollo ni a municipalidades. La Ministra también se comprometió a no tomar represalias en contra de los trabajadores que participaron en las acciones de protesta.

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