La CNRP exige libertad para los presos políticos

Un tercer detenido, Carlos Armando Ruíz, está presó, pero su caso está en la Corte de Apelaciones de La Ceiba. Las organizaciones sociales que los apoyan están convencidos que los tres son inocentes. A tal grado que Carlos Armando Ruíz no reside en la zona y nuca ha residido en la misma, es más ni conoce la Comunidad de Silín, Guadalupe Carney, simplemente este campesino sin saber nada del asunto se presentó a sacar una licencia de conducir motocicleta a Catacamas, Olancho, y ahí le informaron que tenía unos problemas con la autoridad, pero no le especificaron cuales, esto despertó la inquietud en él por lo que viajó a Juticalpa para averiguar lo que estaba pasando, cuando llegó a preguntar ahí nomas lo capturaron sin darle ninguna explicación. Posteriormente lo trasladaron a los juzgados de Trujillo y luego a la Penitenciaría de La Ceiba .

Carlos Maradiaga e Isabel Morales pertenecientes al Movimiento Campesino del Aguán, MCA, están detenidos desde octubre del 2008, en el presidio de la Granja Penal El Porvenir de La Ceiba. En los próximos meses, el caso va a juicio oral y público, y se preparan las audiencias.

La Fiscalía no tiene pruebas que ellos hayan participado en el asesinato de una familia de terratenientes por conflictos de la lucha por la tierra.

“Este caso es especial, donde se conjuga una lucha social por la tierra, una cuestión política, donde están de por medio los intereses más oscurantistas de la zona. La situación del caso es delicada ya que los jueces están coludidos con los terratenientes de la zona. No hay ninguna esperanza de ganar el caso por la vía judicial. Detrás del caso está la mafia de la zona, donde se conjugan intereses de terratenientes, jueces, fiscales, policía y la droga.” señaló el dirigente campesino, Rafael Alegría.

El juicio más que jurídico, es un jucio político. Las tierras que se disputan los campesinos con los terratenientes, fueron otorgadas a los campesinos a través de un decreto de ley emitido por el Congreso Nacional en 1990. El Estado las compró en 18 millones de dólares para fines de reforma agraria.

Todo el caso es paradógico porque las tierras le pertenecen a los campesinos y están presos. El movimiento social y popular a través de la Cordinadora Nacional Resistencia Popular (CNRP) ha decidido tomar este caso como bandera de lucha popular por la libertad de los compañeros campesinos, afirmó Alegría.

Solamemte la presión popular va ganar la lucha, por eso la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) acordó en el último conversatorio impulsar manifestaciones públicas en Tegucigalpa, Trujillo, Ceiba.

El 19 de febrero es la primera marcha popular en Trujillo, donde participarán organizaciones populares de todas las regiones del país.

Para los próximos meses estarían llegando a Honduras organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional para estudiar el caso.

Autor: Bladimir Ocón

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