Haciendo un recuento de los casos presentados en la Corte Suprema de Justicia por abogadas y abogados de diferentes organizaciones, hemos constatado que desde el día del golpe de Estado hasta el 10 de este mes de septiembre, existen al menos 10 recursos de inconstitucionalidad; 16 recursos de amparo y 26 habeas corpus interpuestos contra el actual régimen y las medidas que éste ha tomado. Hasta ahora la Sala de lo Constitucional ha desestimado algunos de ellos y aún no se ha pronunciado en otros, contrario a lo que sucedió cuando el presidente Zelaya fue violentamente sacado del poder y se inventó un proceso judicial que en el lapso de 13 horas les permitió fabricar las débiles justificaciones para el uso de la fuerza contra el mandatario.
Respecto al Ministerio Público se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en contra de la policía y las fuerzas militares; ante la Fiscalía contra la Corrupción, en contra del señor Carlos Roberto Flores y el señor Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga por malversación de caudales públicos; y otra, presentada hace 90 días en forma directa al Fiscal General del Ministerio Público por los delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno y contra los altos funcionarios del Estado, terrorismo, rebelión, falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y allanamiento de morada, en contra de los señores Romeo Vásquez Velásquez, Miguel Antonio García Padgett, Juan Pablo Rodríguez, Luis Javier Prince Suazo, todos ellos comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como en contra del señor Roberto Micheletti Baín, José Alfredo Saavedra, Ramón Velásquez Názar, Juan Orlando Hernández, Toribio Aguilera, Martha Lorena Alvarado y los demás diputados y diputadas que participaron y aprobaron el decreto de destitución del presidente Zelaya.
En estas denuncias no se han iniciado diligencias o solamente se han enviado oficios a las instituciones pertinentes y éstos no han sido contestados, pese a que las mismas tienen hasta tres meses de haber sido interpuestas. Contrario a lo sucedido con los hondureños y hondureñas en resistencia que, sin pruebas, han sido acusados por delitos políticos, por lo que condenamos especialmente el juicio político realizado el día de ayer y antes de ayer en el cual se le dictó auto de prisión con privación de la libertad en contra de la señora Agustina Flores, mujer, maestra y hermana de la dirigente indígena del COPINH Berta Cáceres, tres condiciones que la hacen más vulnerable en este contexto dictatorial. Igual suerte les ha tocado a los señores Santos Reinaldo García Moncada, y Antonio Porta Álvarez, este último ciudadano español.
Todo lo anterior es una muestra más de cómo este régimen se ha articulado perfectamente para manipular la justicia e imponer el autoritarismo en contra del pueblo hondureño y dejar en la impunidad a quienes han secuestrado al país.