En el último año y medio es responsable el Ejecutivo y el Legislativo de la regresión de los derechos laborales, ambientales y ahora los civiles y políticos, que creíamos derechos intocables.
De esa política hacemos, igualmente, responsables a la OIT por su difusa posición al respecto y al Departamento de Estado de Estados Unidos, por su estrategia de dominación impuesta al debilitado régimen hondureño.
La ampliación del tiempo de detención administrativa de 24 a 48 horas es una decisión lamentable, condenable y causante de consecuencias peligrosas. Así como es el empleo fraccionado y el concesionamiento de los ríos.
El semejante tiempo extendido de cautiverio policial que se adjudica a una institución éticamente frágil, sin controles democráticos, además penetrada por el crimen organizado y de hábitos violentos, pone en grave riesgo a toda la sociedad.
Mantener detenida a una persona durante 48 horas para investigar imputaciones de delitos en su contra abre la puerta de nuevo a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; fabricación de pruebas y violenta, flagrantemente, el principio de inocencia y el derecho a la defensa.
Esa decisión tomada en paquete, conjuntamente con el “impuesto de guerra” de la pandilla estatal que impulsa candidaturas presidenciales, está vinculada a otras tendencias suicidas del Poder Judicial.
El uso de la justicia para dirimir disputas políticas, otorgando castigos a los opositores y privilegios a los delincuentes golpistas, distorsiona completamente el sistema.
Es, igualmente, distorsionador el aviso de un informe de la comisión oficial de la verdad sin consecuencias penales, que evitará referir hechos vinculantes y encriptará secretos para no zaherir a los responsables de la barbarie que sufre el país.
En esa lógica de montajes, una casa editora de periódicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula utiliza los supuestos contenidos de cables secretos del embajador Hugo Llorens para airear campañas difamatorias contra personas e instituciones.
Las anotaciones del embajador estadounidense están siendo matizadas por editores, que usan traducciones sin rigor, para organizar ataques contra nuestra coordinadora general, Bertha Oliva, quien rechaza dichas motivaciones y traslada también las responsabilidades a la embajada de USA.
Hoy aprovechamos este plantón para acompañar en solidaridad a la familia Andrade y a la comunidad resistente de Catacamas, Olancho, por su determinación valiente de iniciar movilizaciones públicas mañana para exigir el aparecimiento con vida de Kevin, desaparecido en forma forzada hace dos semanas.
Igualmente, acompañamos al sacerdote Fausto Milla quien enfrenta amenazas de muerte por haber calificado como filibustero a un extranjero que después de acaparar empresas estatales, acumuló partidos políticos, tribunales, cortes, poderes y tierras. Si el padre Milla sufre daños a su integridad física por adjetivar la verdad, sabremos a quien responsabilizar.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa 01 de julio de 2011
Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, Casa No. 1301, Apartado Postal 1243