Lo que nadie se atreve a decir

En la comunidad de San Andrés, municipio de La Unión, Copán; se ha venido explotando minas bajo el método “a cielo abierto”, mismo que consiste en remover la capa superficial (vegetal) del lugar donde se encuentra el yacimiento, removiendo el humus que necesitan los cultivos y desplazando la vida animal. Luego se dinamitan cerros, se tritura y pulveriza la roca y se aplica cianuro para separar el mineral buscado.

Producto de este proceso cientos de kilómetros de bosque son destruidos, la vida silvestre es desalojada de su hábitat natural y las fuentes de agua se contaminan a causa del cianuro, generando daños en la salud de la población.

Al encontrarse San Andrés ubicada sobre el depósito mineral, la compañía reubicó la comunidad, dejándola similar a una colonia marginal, destruyendo desde su iglesia colonial hasta su cementerio.

La actual Ley de Minería, que debería beneficiar al pueblo, fue hecha
por abogados contratados por estas compañías, aprovechando la
situación del país tras el paso del huracán Mitch. A solo 28 días de la
catástrofe el Congreso Nacional aprobó la ley, con un solo debate y en
horas de la madrugada; violando, además, la soberanía nacional pues
en el Artículo 26 se le otorga los derechos del subsuelo a las mineras,
y creando la Dirección de Fomento a la Minería, DEFOMIN, como
autoridad encargada de controlar las actividades de estas, sin embargo
tal instancia ha pasado a ser juez y parte.

Por otro lado se desconoce la autoridad de las municipalidades donde se encuentran los depósitos, pues no se les permite ninguna participación en el proceso de adjudicación de concesión y mucho menos en los permisos de explotación de minerales.

Ante este panorama nace la Alianza Cívica por la Democracia con el propósito de defender los intereses del pueblo y procurar un cambio en la legislación minera. A través de manifestaciones públicas e incidencia ante los poderes del Estado, las 24 organizaciones miembro buscan que se derogue y se apruebe una nueva ley que beneficie a la nación. Se logró que la Comisión Ordinaria de Minería del Congreso Nacional resolviera revisar uno por uno los artículos de la ley. Hasta este momento la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucionales 13 de los artículos más determinantes. La ACD conserva su posición de no a la minería a cielo abierto y al uso de cianuro, si a la autodeterminación de los pueblos y al aumento de impuestos para las compañías.

La Asociación de Organismos No Gubernamentales, ASONOG, como
miembro de la ACD, ha formado parte integral de este proceso.
Además maneja otros programas y proyectos tales como Participación
Ciudadana, Estrategia de Reducción de la Pobreza, Gestión de Riesgo,
Seguridad Alimentaria, Fortalecimiento Institucional, Prevención del
VIH/SIDA y Comercio Justo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes usar estas etiquetas y atributos HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>