Uno de los mayores escollos que afronta Lobo en su intención de lavar la cara del futuro gobierno ante la comunidad internacional es la obstinación del usurpador de la presidencia, Roberto Micheletti, quien empero este viernes optó por salir de la sede gubernamental y dejar la administración del país en manos de su Consejo de Ministros. Dejó en claro que no renuncia sino que se “ausenta”.
Al trascender la decisión de Lobo, las reacciones adversas hacia la medida cobraron fuerza al igual que las demandas de claridad sobre sus alcances.
“Nos preocupa el alcance de ese salvoconducto, porque se abren las puertas a la impunidad para Zelaya, que podrá andar libre por el mundo sin rendir cuentas de sus presuntos actos delictivos”, dijo a IPS Luz Ernestina Mejía, de la Unión Cívica Democrática, uno de los sectores que colaboraron con el golpe de Estado del 28 de junio.
“¿Cómo queda la ley? El presidente electo parece que no midió las consecuencias, porque firmó algo por encima de la ley”, afirmó. “Está bien que Zelaya se vaya, que tenga un juicio justo, pero no que se marche como que aquí no pasó nada y que de paso se lleve consigo a “amigos íntimos” que no se sabe, pero estamos claros que es la gente que ha saqueado las arcas de este país”, acusó.
Por otro lado y desde un ángulo opuesto, el dirigente del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNR), el sindicalista Juan Barahona, entiende que, si bien es justo que Zelaya “tenga una salida digna”, el salvoconducto sólo viene a blanquear el quiebre de la legalidad.
“Lobo es un golpista y detrás de todo eso sentimos que viene una gran impunidad por lo que se dio antes y después del golpe”, puntualizó.
En declaraciones a medios locales, Barahona dijo que el FNR respeta “la decisión de Zelaya si se quiere ir o se quiere quedar, pero no queremos que se utilice esta bandera como pretexto para un perdón y olvido total que conlleva en el fondo una gran impunidad”. “Creo que aquí todos estamos cansados de la impunidad”, apuntó.
El salvoconducto en cuestión surgió como parte de los compromisos que Lobo suscribió el miércoles con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, en su búsqueda de lograr el reconocimiento de la comunidad internacional y atraer la inversión extranjera para reactivar la economía hondureña en desplome.
En ese acuerdo se indica que Zelaya saldría hacia el país caribeño bajo la condición de “huésped especial” y no como asilado político, como se esperaba.
ACUERDO ENTRE BAMBALINAS
El permiso de salida incluye a Zelaya, su familia y a los integrantes de su “círculo íntimo” cuyo número no fue especificado, y se concretaría la tarde del mismo día 27, tras la asunción de Lobo como presidente de Honduras, en un vuelo en compañía del propio Fernández.
El mandatario dominicano, quien ha fungido como mediador anónimo desde hace un mes, afirmó que Zelaya estará breve tiempo en su país, porque el interés del mandatario derrocado es radicarse en México e incorporarse como diputado al Parlamento Centroamericano, en calidad de ex presidente, una facultad que contempla ese organismo de integración regional.
A su vez, Lobo justificó el acuerdo en el propósito de generar “la paz, la tranquilidad y la reconciliación en la población hondureña, donde nadie será perseguido por sus ideas políticas y donde me comprometo a respetar los derechos humanos y las libertades públicas”.
“Es un compromiso que he firmado porque considero justo dar un trato digno a Manuel Zelaya, ya que es incorrecto que un ex presidente siga encerrado en una embajada”, dijo Lobo a la prensa tras su retorno de República Dominicana.
“¿Acaso es correcto que él (Zelaya) siga encerrado sin poder desplazarse con las facilidades del caso? ¿Es eso respeto a los derechos humanos? ¿O es justo que la imagen de Honduras se siga deteriorando por las críticas de la comunidad internacional al ver las condiciones en que se encuentra el ex presidente?, respondió molesto Lobo a los periodistas, al ser consultado acerca de la situación en que quedarían las demandas y juicios pendientes de Zelaya en los tribunales.
“Ustedes ayúdennos para la reconciliación y la paz; creo que ya basta de tanto sufrimiento en el pueblo, es injusto. Aquí debe haber un perdón para todos, por eso he hablado de la amnistía política para que nadie sea perseguido por sus ideas”, acotó.
Zelaya permanece en calidad de “huésped especial” en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde hace cuatro meses, cuando regresó al país logrando burlando la orden de detención emitida por el gobierno usurpador de Micheletti.
Hace un mes intentó salir del país rumbo a México, pero el salvoconducto necesario le fue denegado por el régimen de facto, aduciendo que la solicitud era en calidad de “huésped especial” y no como asilado político, como se había manejado originalmente.
Un alto dirigente empresarial consultado por IPS, que pidió el anonimato, dijo estar sorprendido por el acuerdo. “Nadie supo de él y sabemos que son presiones internacionales, pero el mandatario Lobo no midió que esa acción le puede generar más problemas de conflictividad interna, pues hay mucho descontento, aunque hay que darle el beneficio de la duda”, acotó.
Mientras pequeños grupos de personas salieron a protestar en las calles este jueves contra de la salida de Zelaya, el fiscal general del Estado, Luis Rubí, dijo que “el salvoconducto no lo libra de responsabilidad penal”.
Tras alegar que desconoce “a profundidad” el acuerdo suscrito, Rubí manifestó que “por ahora sólo nos resta esperar para después hacer un estudio basado en las leyes nacionales e internacionales; recordemos que él (Zelaya) tiene varios requerimientos y nosotros no vamos a bajar la guardia en estos casos”.
Lobo retrucó que la pretensión es que “Honduras normalice su relación con el mundo, que Zelaya salga el día 27 acompañado del presidente Leonel Fernández”. “Quiero que sepan que todo lo que se ha estado haciendo ha sido consultado con Estados Unidos”, afirmó, como para despejar dudas entre sus propios correligionarios del derechista Partido Nacional.
INTENTO DE REGRESAR AL MUNDO
El golpe de Estado dejó a Honduras fuera de las relaciones con el mundo, que reaccionó casi unánimemente, en especial casi todos los países latinoamericanos y la Unión Europea, a favor del retorno de Zelaya a su cargo elegido en las urnas y, por consiguiente, no reconoce las elecciones del 29 de noviembre que llevarán a Lobo al gobierno la próxima semana. Washington también lo había hecho en un principio, pero luego cambió radicalmente.
El llamado “Acuerdo de Dominicana” exhorta a “la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de Honduras en la comunidad internacional, y su acceso a todas las formas de cooperación”.
Como muestras de garantía, Lobo exhortó también a hacer efectiva la cooperación del mundo para instalar una Comisión de la Verdad que investigue los hechos previos y posteriores al golpe de Estado.
Mientras, Zelaya declaró a radios locales que ve como “un buen gesto de Lobo esta iniciativa, que está lógicamente como presidente electo desmarcándose de la dictadura”.
En un comunicado difundido el jueves dijo que no “importa el lugar a donde fuere, acompañaré siempre a mi pueblo, el acuerdo me permite la dignidad de abandonar mi cargo como jefe de Estado”.
Micheletti, tras declinar comentar el pacto, dijo en cadena nacional de radio y televisión el jueves: “me ausento temporalmente de mis funciones hasta el 27 de enero, en señal de un gesto de buena fe, para que el presidente Lobo asuma con tranquilidad el cargo y le acompañen los países del mundo que así deseen, y que no lo hacen porque me consideran un estorbo”
“Mi ausencia temporal es un gesto a mi país, volveré el 27 para ver por televisión desde Casa Presidencial la asunción del nuevo gobierno, para inmediatamente que le sea impuesta la banda a Lobo por el nuevo presidente del Congreso, como manda la ley, retirarme a mi casa con mi familia”, dijo Micheletti, despedido por los empresarios como el “primer héroe del siglo 21”.
Sin embargo, el experto en derechos internacional Enrique Ortéz sostiene que el acuerdo Lobo-Fernández “es una barbaridad jurídica, que demuestra ignorancia porque se han violentado las Convenciones Internacionales de Asilo”.
“El presidente electo Lobo quiere ser magnánimo, pero ese acuerdo está fuera de las normas y las convenciones internacionales, lo cual le puede traer un conflicto interno porque está anunciando un salvoconducto pasándose por encima de los entes de control de justicia que tienen requerimientos fiscales y acusaciones en los tribunales contra Zelaya y sus seguidores”, dijo.
Olban Valladares, ex parlamentario y analista política, dijo a IPS que, si bien Lobo busca dar una “salida digna a Zelaya y espero se la encuentre, la misma no debe servir para abrir las puertas a la discrecionalidad y la impunidad”.
Lobo heredará un país caótico en materia económica al estimarse una deuda interna de unos 1.200 millones de dólares, producto, según expertos, del despilfarro de Zelaya y el endeudamiento de Micheletti al otorgar contratos sin control ni licitación. (FIN/2010)
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