Galeas explicó que en cuanto a las dificultades que ellos tienen, están las medidas cautelares impuestas por los tribunales de Amapala, en donde se les prohíbe visitar sus tierras cultivadas.
“Les afecta que no pueden visitar sus campos donde tienen sembrados sus cultivos y rácticamente en su mayoría esos cultivos se han perdido, esa es una de las medidas cautelares que más les afecta, por el derecho a la alimentación”, sostuvo la periodista.
Apuntó que la otra medida de presentarse a firmar a los juzgados de Amapala todas las semanas, representa un gasto adicional en la débil economía de los pobladores, que han sido acusados de usurpación de tierras y daños ambientales por los empresarios Miguel Facussé y su yerno Fredy Nasser, así como por la Fiscalía General de la República.
Galeas añadió que el proceso judicial lo presentó tanto la parte acusadora como el fiscal asignado, “nos sorprende mucho porque allá en la provincia se acepta todo lo que se dice y en ese sentido, nosotros creemos que hay algunas debilidades por parte del Ministerio Público, en el sentido de que se prestó para la acusación y me parece que no actuó correctamente”.
Añadió la comunicadora que “hemos tenido otras pláticas con otras personas aquí en el Ministerio Público y eso nos ha aclarado la situación y creemos que el Ministerio Público ha reconocido los errores que se cometieron”.
“El derecho de la alimentación se puede apelar a nivel nacional como internacional, hay muchas instancias todavía que quedan, el movimiento está fuerte, yo creo que esto, lejos de debilitarlos, los ha unido y en ese sentido yo más bien apelo a la conciencia de las personas acusadoras, porque yo creo que todos tenemos derecho a la vida y cuando atentamos a este derecho, cualquier cosa puede suceder”.
La entrevistada señaló que es contradictorio lo que está sucediendo, “por cuanto el gobierno está impulsando que haya mayor producción de alimento, sin embargo a estas personas y sin que el gobierno diga nada ni nadie haga nada por ellos, se les ha prohibido que asistan a sus lugares de trabajo, donde son lugares en donde ellos han permanecido durante 60 años, trabajando, cultivando de acuerdo a la época, maíz, la sandía y cuando no hay cultivo, pues la pesca”.
Galeas apeló a los mismos pobladores porque ellos en un momento dado, se han querido alterar y creo que han soportado mucho, el dolor es muy fuerte para ellos, sobre todo cuando saben que tienen hijos y hijas que no pueden dar su alimento, y en ese sentido la Pastoral Social Caritas, de acuerdo a su filosofía, continuará acompañando sobre todo a los más pobres.
Hace algunas semanas acciones incoadas por el Ministerio Público contra unos 30 integrantes del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande han provocado que las medidas cautelares sustitutivas a la prisión dictadas en contra de los pobladores, continúen vigentes.
Proceso judicial
En audiencia inicial celebrada el pasado 20 de junio en los juzgados de Amapala, el abogado Horacio Baquedano interpuso dos recursos de nulidad en la causa promovida por el Ministerio Público, pero éste apeló las acciones, por lo que el juicio ha sido paralizado por el momento, hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación.
El recurso de nulidad se ampara en la falta de acción y se interpuso porque el Ministerio público esta fundamentando su requerimiento en la Ley Forestal, Vida Silvestre y Areas Protegidas, ley que fue puesta en vigencia hasta marzo del 2008 y los hechos que se denuncian supuestamente ocurrieron en el 2007.
Y el otro recurso de la defensa obedeció a que la instancia que debe conocer la causa, es el Juzgado de lo Civil en vista de que los denunciados habían iniciado un proceso de titulación de tierras.
La parte defensora de los pobladores de Zacate Grande ha hecho diligencias ante el Instituto Nacional Agrario (INA) para conocer los respectivos planos de la zona.
Son unas 45 solicitudes de títulos de propiedad las que se han presentado ante el INA, fundamentándose en el decreto 18-2008, acciones que a juicio de la defensa, son suficientes para detener el proceso penal.
Unas 5 mil personas que habitan en la península de Zacate Grande en el departamento de Valle, viven momentos de zozobra cuando sus pocas parcelas de cultivo son pretendidas por los empresarios Miguel Facussé y Fredy Nasser quienes pretenden adueñarse de gran parte de la península.
El empresario Miguel Facussé se ha dado a la tarea de cercar cientos de manzanas de tierra en donde una docena de comunidades que antes vivían de la pesca, ahora tienen que cultivar granos básicos para sustentar a sus familias.
Los cultivos son escasos debido a la zozobra de los y las moradoras que son víctimas de hostigamientos y amenazas de trabajadores armados de Facussé, que no les permiten sembrar en la tierra que han poseído desde hace 4 generaciones.
Las amenazas se extienden cuando guardias de seguridad de la Playa La Virgen apuntan sus armas a las pequeñas embarcaciones de pescadores que se acercan a la porción de tierra, refugio de ricos y famosos.
La Isla Zacate Grande es parte del archipiélago hondureño en el Golfo de Fonseca, Océano Pacífico, perteneciente al Municipio de Amapala, departamento de Valle, al sur de Honduras en América Central.
De acuerdo al Informe de una delegación Internacional de derechos humanos que visitó la zona en septiembre de 2006, a mediados de los años setenta se unió a tierra firme a través de la construcción de una carretera, para fortalecer las redes de comercio de granos básicos y especialmente mariscos: pescado fresco y seco, camarones y curiles.
El feudo de ricos y famosos
Por lo tanto, la isla quedo convertida en lo que hoy conocemos como la Península de Zacate Grande. A partir del año 1990, varios capitalistas nacionales, vinculados a los negocios con el estado y las exportaciones de camarón y melón, se asentaron en la península como el sitio idóneo para la construcción de pomposas mansiones de veraneo.
A este grupo de empresarios que manejan el poder político y económico del país, se les conoce desde entonces como el Club de Coyolito, incluso el mismo ex presidente Rafael Leonardo Callejas y otros funcionarios del estado construyeron casas de descanso en la zona.
Estos capitalistas obtuvieron tierra en la zona en muchos casos por compra a precios irresistibles por sus altos montos, sin embargo en la mayoría de los casos, las compras se efectuaron en base de directas o veladas amenazas contra los propietarios originales.
En la medida que aumentó el acaparamiento, muchas familias tuvieron que vender en virtud de que quedaban aisladas, en medio de las nuevas propiedades.
Entre los principales acaparadores de tierras en la península, se identifica a Miguel Facussé Barjum, prominente inversionista nacional con empresas agroindustriales en diferentes países de Centro América y El Caribe y su yerno Fredy Nasser, próspero empresario de las compañías térmicas y aeropuertos, entre sus negocios más conocidos.
La tierra originalmente se ha considerado de carácter nacional, aunque existe un antiguo litigio por su posesión por herederos de Terencio Sierra, quien ocupó la presidencia de la República en los primeros años del siglo anterior.
Los títulos que presentan estos herederos no han podido ser comprobados fehacientemente, puesto que se supone como dueño de toda la isla al señor Sierra, pero este la regaló a una nicaragüense y sus hijos , lo que les impedía heredar, en virtud, que conforme a la constitución de 1906, solo hondureños por nacimiento podían poseer tierras aledañas a las costas.
Además las familias vienen ocupando las tierras desde hace más de noventa años, no solo cultivándolas, sino estableciendo poblaciones. A la fecha unas 5 mil familias distribuidas en 12 comunidades habitan la península.
Marvin Palacios