Movimiento popular va por defensa del agua, advierten a empresarios que harán mala inversión, aunque consigan concesiones

La Red Departamental de Atlántida en Defensa de los Recursos Naturales; el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia; y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se retiraron de los bajos del Congreso, donde vigilaban la aprobación atropellada de 47 proyectos de explotación hidroeléctrica por el Legislativo a empresarios y transnacionales.

Aseguran que se retiran “para trasladar la defensa del agua, de los ríos, de la diversidad y por la vida”, a sus propias comunidades. […]

Expresan que “[…] el escenario de esta lucha ya no será sólo en los bajos del Congreso Nacional, sino más bien, pasa al escenario comunitario, municipal, departamental y territorial”.

Las organizaciones “orilladas por los oligarcas y el régimen continuador del golpe de Estado”, manifiestan que “pueblos, comunidades y organizaciones ejerceremos el derecho a desarrollar nuestras formas de lucha con autodeterminación como el derecho soberano de autonomía y defensa de la vida […]”.

Hace tres días los diputados del la Cámara Legislativa siguen mecanismos para aprobar la concesión de explotación de los ríos a 47 empresas, en muchos caso, de constitución dudosa; algunos de los solicitantes ya proveen energía térmica al Estado, y se ha denunciado que usan otros nombres para ocultarlo, una gran mayoría no tiene los recursos para iniciar los proyectos.

El Estado mismo les suplirá apoyo y recursos para que instalen sus represas y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no les cobrará el costo del suministro para desarrollar los proyectos y podrán pagarlo con la misma energía que produzcan, hasta que comiencen a generarla.

Las organizaciones señalan que este proceso de concesiones revela cual es “el verdadero poder que impera en Honduras, que usa a la gran mayoría de diputados y diputadas”; y, afirma de manera “contundente como pueblo en resistencia”, que “es más que urgente” la lucha por la Refundación de este país.

Acusan que las concesiones no sólo privatizan la energía, sino las aguas y ríos; y “amenaza nuestros territorios, comunidades y la vida misma”.

Cuestionan que las empresas utilizan el engaño, la manipulación mediática, y la provocación mediante personas que se dejan utilizar como grupos de choque, buscando confrontación.

Han denunciado que las empresas que buscan ser beneficiadas, mandan sus capataces en los bajos del Palacio Legislativo para “entretener” a esos grupos con “videos pornográficos, donde se usa el cuerpo de las mujeres como mercancía”, además, les “regalan bebidas alcohólicas para ‘ganar valor’”.

DC02092010

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